Polémica. La idea es que se pueda confirmar o descartar la existencia de irregularidades o hechos constitutivos de delitos, respecto a convenios suscritos por el GORE con distintas fundaciones.
TALCA. Hasta la Contraloría General de la República, en Talca, acudieron ayer 10 consejeros regionales, para solicitar que se investigue al Gobierno Regional, encabezado por la gobernadora Cristina Bravo, especialmente en relación a los convenios suscritos por esta repartición con diferentes fundaciones para la ejecución de proyectos.
“Le hemos pedido a la Contraloría una investigación sumaria dirigida por la Contraloría, porque necesitamos garantías de que esa investigación al interior del Gobierno Regional se pueda hacer sin ningún tipo de presión”, dijo el consejero Patricio Ojeda, al momento de hablar con los medios de comunicación, luego de presentar la solicitud en el organismo fiscalizador firmada por él y los consejeros César Muñoz, Giovanna Paredes, Cecilia Parham, Paola Guajardo, George Bordachar, Mirtha Segura, Juan Andrés Muñoz, Daniel Bustos y Patricio Lineros.
Lo anterior, después que se conociera públicamente sobre un convenio y traspaso de recursos desde el Gobierno Regional del Maule a la Fundación Urbanismo Social, para la ejecución del programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, y que mediante una carta, la directora de dicha organización, Pilar Goycolea, dijera haber recibido de parte de la gobernadora Cristina Bravo, la recomendación de contratación de personal, para la ejecución del mismo.
BUEN USO DE RECURSOS PÚBLICOS
“Hemos concurrido hasta la Contraloría General de la República, lo hemos hecho por una obligación de supervigilar el buen uso de los recursos públicos y en este caso nos parece prudente y pertinente que habiendo tenido información vinculada con acciones del Gobierno Regional sobre la transferencia de recursos a algunas fundaciones, pero peor aún, con algunas condiciones de contratación de algunos miembros de esas fundaciones, es que hemos considerado oportuno solicitar al contralor que revise esta situación, investigue y profundice si efectivamente o no concurrieron algunos actos que podrían ser constitutivos de irregularidad o incluso de delito”, señaló Ojeda.
En un escrito ingresado a la Contraloría y compartido con los medios de comunicación, se indica que “de los antecedentes que se adjuntan, se constata una transferencia efectuada a la fundación Urbanismo Social, aprobada por resolución exenta N° 8463, con fecha 22 de diciembre de 2022, por la suma total de $264.950.000”.
“A la fecha -agrega el documento-, ya transcurridos más de seis meses desde la celebración del convenio, aún no se da inicio a la ejecución del programa, puesto que se encuentra aún pendiente el proceso de selección de quienes serán los encargados de su supervisión por parte de la entidad que recibió los recursos”.
Del mismo modo, se cuestionó las competencias y experticia de la fundación en la ejecución de este tipo de proyecto de seguridad. “El giro de la fundación se refiere a materias relacionadas con ‘vivienda y urbanismo’, y no con ‘seguridad’ como es el objeto del programa específico, de modo que al respecto cabe preguntarse cuál fue la experticia que consideró la autoridad regional para entregar recursos a una entidad que no tenía las competencias en la ejecución de estos programas. La respuesta es casi obvia, había intereses superiores comprometidos y por cierto de naturaleza distinta a la correcta inversión de los recursos públicos”, continúa el documento.
Enterados de la decisión de la gobernadora de desistir de la ejecución del mencionado programa, Patricio Ojeda señaló que “creemos que la gobernadora tuvo razones para aprobarlo y entre ellas, nos imaginamos que eran razones que le daban beneficios a la región, no entendemos porque hoy esos beneficios para la región parecieran no estar entre las prioridades y sencillamente cuando aparecen estos antecedentes, finalmente se toma la decisión de revocarlo”, agregando que “sin perjuicio de ellos, los hechos de presión ya se produjeron y se denunciaron”.
HECHOS GRAVES
El documento ingresado a Contraloría por los consejeros detalla una serie de situaciones y hechos graves. Señalan que la resolución de transferencia se realizó exenta de toma de razón por lo que no es conocida por la Contraloría y que al parecer, todas las transferencias estarían aprobadas de la misma manera.
También indican que el Gobierno Regional, con conocimiento de su jefatura, instruyó a los jefes de División, Jorge Fajardo y Mario Ramírez, para que entraran en negociaciones con la fundación beneficiaria, a fin de lograr que se designaran como encargados de la supervisión del programa a personas de su exclusiva confianza política.
“Para tal efecto, se habría establecido en los antecedentes de la inversión que estas designaciones se harían de común acuerdo y tal es así que ello se demuestra con carta que con fecha 30 de mayo de 2023 dirige la fundación a la gobernadora, en la cual se le exponen las diversas reuniones que el gobierno regional, a través de estos personeros jefes de división han tenido con la fundación, las negociaciones que se han llevado a cabo y el estado actual de las mismas, donde como resultado se le señala que no es posible acceder a la designación del señor Javier Ahumada, en razón de ejercer un cargo de elección popular como concejal de la comuna de Curicó”, afirma el documento.
“Respecto de los restantes propuestos candidatos existe consenso en aceptarlos, y se trata de la señorita Aily Soto Salinas, quien es cuñada del Jefe de División Sr. Fajardo Rojas, por estar unida en vínculo matrimonial con su hermano el señor Francisco Fajardo Rojas, quien se desempeña actualmente como abogado a contrata en la Municipalidad de Talca, y además del señor Rodrigo Véliz Alvarado, quien es la pareja de la señorita Ariosha Villarreal, abogada redactora del convenio y resolución de transferencia”, agrega el mismo archivo.
Asimismo, se indica que la intervención del jefe de división, Fajardo Rojas, en la designación de los supervisores de la fundación contraviene especialmente el principio de probidad administrativa, según lo establecido en el artículo 64 N° 6 de la Ley N° 18.75, de Bases Generales de la Administración del Estado, y que la intervención de los dos jefes de división, Fajardo y Ramírez, contravienen también especialmente el principio de probidad administrativa al actuar en función de sus intereses particulares o de la autoridad del Servicio en que se desempeñan, infracción al artículo 64 N°s. 2, 3 y 6 de la ley citada.
“Las actuaciones de los funcionarios infringieron el artículo 66 de la ley mencionada, al no haber planteado inmediatamente las inhabilidades que les afectaban a su superior jerárquico, conducta que es sancionada con la destitución”, añade.
De la misma manera, se sostuvo que ninguna de las diversas reuniones que mantuvo el Gobierno Regional con la Fundación, para definir las personas que se contratarían por esta última quedaron registradas en las agendas de Lobby, ni de la gobernadora ni de los jefes de división, por lo que todos estos funcionarios infringieron también las disposiciones de la Ley N° 20.730, en particular sus artículos 3 y 8, ya que así debían hacerlo en sus calidades de sujetos pasivos. “Dado que los antecedentes analizados se refieren a un solo convenio y no se ha tenido acceso a los demás, existe la fundada sospecha que el Gobierno Regional ha firmado numerosos otros, por lo que la conducta de estos implicados ha sido reiterada en el tiempo, lo que configura a sus respectos una circunstancia agravante de sus responsabilidades”, indica el documento ingresado en la Contraloría.
Por último, se sostiene que “considerando que las conductas de los involucrados no solo constituyen eventuales infracciones administrativas que implican faltas de probidad sancionadas incluso con la destitución, ellas constituirán también delitos expresamente penados en nuestra legislación en razón de los conflictos de intereses de la gobernadora y sus jefes de división, tales como negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, que en su oportunidad esa Contraloría deberá eventualmente denunciar al Ministerio Público o al tribunal penal competente”.
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