Las Juntas de Vigilancia han tenido un rol histórico haciendo frente a emergencias como la actual, con más de 100 años de tradición en la distribución del agua disponible. La Federación está informando las acciones que llevan adelante a sus regantes.

La compleja situación hídrica que vive el país ya no es novedad, y esta semana se vio reforzada a raíz del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) -titulado “Climate Change 2021”- que señaló que el cambio climático que sufrimos en la actualidad no tiene precedentes en cientos de miles de años.

La realidad que enfrenta Chile no fue ajena para los 234 expertos que participaron de la iniciativa. De hecho, nuestro país fue mencionado 98 veces en el documento, 34 de ellas en directa relación a los fenómenos climáticos que se enfrentan y a los cuales también se debe hacer frente desde las distintas regiones del país.

Es en este combate ante situaciones adversas como la actual, que además de sequía puede comprometer la labor agrícola. Por lo mismo, el trabajo de las Juntas de Vigilancia vuelve a tomar relevancia, dado que han desarrollado un importante rol durante más de un siglo: distribuir el agua disponible.

“En las Juntas de Vigilancia somos todos regantes y están los integrantes de los directorios de cada canal, entonces conocemos el problema mucho mejor y también el territorio”, dice el presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de la Región del Maule (FJVRM), Máximo Correa, al ser consultado sobre lo que considera una ventaja, es decir, que la Juntas de Vigilancia gestionen territorialmente los recursos más allá de lineamientos que puedan venir de un Gobierno central, sea cual sea el color político de éste. “El cuidar el agua, distribuirla equitativamente y poder hacer ahorros es hoy el trabajo esencial de las Juntas de Vigilancia”, complementa Carlos Diez, director de la federación.

OTRAS SEQUÍAS

Así se ha hecho frente a otros episodios, como la gran sequía de 1968 y 1969 -cuando la producción de cereales y hortalizas decreció en un 65%, las áreas de riego disminuyeron un 40%, y el ganado del país se redujo en un 45%- o la de 1998 y 1999, cuando incluso se llegó al racionamiento eléctrico.

“Me saco el sombrero con los proyectos que se hicieron en el 1900. Tenemos el canal Melado que se puso en funcionamiento en 1932, es decir, en 32 años se hicieron 18 kilómetros de canal y cuatro de túnel para pasar aguas desde la cuenca del tío Maule a la cuenca del tío Ancoa”, destaca Diez recordando el rol histórico de las Juntas, donde precisamente la gestión de privados con apoyo económico estatal ha sido la tónica. “A partir del año 2010 se instala esta idea de la mega sequía que gira completamente el trabajo de la Junta hacia un enfoque mucho más técnico, donde te tienes que preocupar de datos que generalmente no te preocupabas tanto”, agrega Felipe Olivares, asesor técnico de la Junta de Vigilancia del río Maule.

El también director de la Federación, Diego Castro, va más allá y proyecta que “hoy día sería casi inviable que el Estado hiciera una gestión del recurso hídrico al nivel profundo que lo hacen las Juntas de Vigilancia y las comunidades de agua, porque no tienen los recursos para hacerlo”, y que, si bien la Ley de Riego ha sido un apoyo en gestión, es porque siempre han estado de la mano del rol que cumplen las Juntas.

ACCIONES DE LA FJVRM

Respecto a las gestiones que se han realizado para la actual sequía, Carlos Diez destaca que desde la Junta de Vigilancia del Río Maule se han venido preparando y trabajando desde 2015 y que un ejemplo de la coordinación que han llevado adelante es “el gran trabajo que se ha hecho respecto a cómo poder enfrentar las sequías, donde en vez de estar peleando con las hidroeléctricas hemos buscado llegar a acuerdos”. Explica que mediante el plan de mejora de la Laguna del Maule en un convenio de cinco años “ahorramos nuestros derechos de primavera en embalses de Colbún y Enel (de generación), a un costo cero para los regantes”, lo que les ha permitido ahorrar 500 millones de metros cúbicos en este período de cinco años. “Por el contrario, la laguna estaría seca”, afirma.

“No ha sido fácil, no ha sido unánime, pero se empezó a imponer lentamente una idea de que era más fructífero para ambos colaborar en vez de competir”, complementa Felipe Olivares, respecto a esta colaboración, que califica de “súper positiva”.

No es la única gestión que han llevado adelante como Juntas de Vigilancia (JV). Según profundiza Diez, “han hecho varios trabajos con la Dirección General de Aguas (DGA) y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) para poder medir esta cuenca, que es la más grande del país con 250 mil hectáreas de riego y 13 mil accionistas” y hace poco enviaron una carta al Ministerio de Obras Públicas y a su ministro, Alfredo Moreno, buscando extraer anticipadamente agua de la Laguna de Maule.

A juicio de Máximo Correa, la tradición de las Juntas de Vigilancia ha permitido “a nivel agrícola tener un rol fantástico en el manejo de las aguas. Se sabe dónde están las mayores ventajas y debilidades y las JV siguen siendo justas en la entrega”. En esa línea, desde la Federación destacan que se han realizado trabajos de telemetría respecto del caudal que se extrae y existen puertas telecomandadas en la Laguna del Maule, lo que también da acceso a poder revisar cómo se está repartiendo el agua. A eso se suma que tras las reuniones de directorio se envía informes a los regantes.

Respecto al trabajo en infraestructura, el asesor técnico asegura que “tiene que abrirse una nueva corriente, como la de los años ‘60, donde se hagan obras que apunten a ponernos a la altura del desafío de hoy, que es con otra hidrología”.

INVERTIR EN EMBALSES

“Lo mejor, lo más seguro, son los embalses. Necesitamos tener más embalses en esta cuenca, es una gestión en la que estamos en deuda”, reflexiona Carlos Diez sobre el apoyo estatal que aún falta para el Maule, y también respecto a la postura que tienen ambientalistas, “que no quieren embalses, no quieren intervenciones” aunque la construcción de ellos signifique, según afirma, conlleva “beneficios en materia de turismo, recreación y respaldo en materia de riego”.

En este mismo sentido, Diego Castro puntualiza que las grandes infraestructuras de la nación como carreteras, iluminación, electrificación o canalizaciones “siempre han estado en manos del Estado, y tiene que ser así, pero se han buscado distintas fórmulas para abordarlo como el tema de las concesiones”, algo que -dice- no se ve con la misma fuerza en materia de grandes embalses. “Se ha hecho de forma muy controlada, muy timorata. No ha habido una decisión política de enfrentar esas grandes obras”, agrega.

“Respecto a la parte estatal, hay un problema político que es qué Presidente con todo su staff se saca la foto con la primera piedra, que Presidente se saca la foto al partir construyendo y que Presidente lo inaugura”, profundiza Carlos Diez, apuntando a que estas discusiones también retardan la construcción de infraestructura necesaria como los embalses, ante lo cual su llamado es claro: menos burocracia y poner el foco en “trabajar por Chile”. En este punto coincide Castro: “Creo que la razón de la falta del impulso es que los Presidentes no van a inaugurar los embalses que dicen que van a hacer”.

Diego Castro finaliza con un llamado al Gobierno: “Déjennos seguir distribuyendo el agua y gastar esos fondos en hacer obras, o ayudarnos a hacer obras que le aseguren a todos los chilenos la bebida para el ser humano y la bebida para la producción. Porque todo el mundo se preocupa del derecho humano al agua, ¿pero si no hay agua, cómo se va a producir alimentos?”.