Investigación. Nueva petición de antecedentes abarca traspaso de dineros a municipalidades, corporaciones municipales y otras instituciones, y además conocer la contratación de funcionarios y profesionales para la ejecución de los programas.
TALCA. Los consejeros regionales que hace dos semanas solicitaron a la Contraloría General de la República-Región del Maule, una investigación por el caso del convenio y transferencia de recursos entre el Gobierno Regional (GORE) y la Fundación Urbanismo Social, ayer en sesión del Consejo Regional (CORE) formularon una nueva y más amplia solicitud de antecedentes a la unidad de Control del GORE. Ya existe una primera solicitud de información a esta unidad por parte del grupo de consejeros, cuyos resultados deberían conocerse en los próximos días.
En la sesión de ayer, la consejera regional Giovanna Paredes dio lectura al oficio de cinco puntos, dirigido a Cristian Arellano, jefe de Unidad de Control del GORE, requiriendo antecedentes en primer lugar, sobre convenios de transferencia de recursos con instituciones públicas y privadas, a excepción de las Fundaciones e instituciones sociales beneficiadas por los concursos del 7% 2022 y 8% 2023, adjuntando con las respectivas Fichas IDI de las iniciativas financiadas, con particular atención en Municipalidades, Corporacio-nes Municipales y otras, suscritos por el Gobierno Regional del Maule desde el año 2022 a la fecha, con y sin acuerdo del Consejo Regional del Maule.
En segundo lugar se pide adjuntar las respectivas rendiciones mensuales y definitivas de los convenios vigentes y recepcionados por el Gobierno Regional del Maule.
También que se identificasen en los informes de rendición, incumplimiento de la unidad receptora de alguno de los términos fijados en el convenio suscrito, se informen las acciones con las que el Gobierno Regional del Maule exige el cumplimiento del convenio.
Además, se pide que se informe por cada convenio suscrito, nómina de funcionarios(as) y/o profesionales que prestaron servicios para el cumplimiento y desarrollo de la ejecución del programa financiado. Aquí se solicita identificar nombres, profesión u oficio, relación contractual, montos percibidos, responsabilidad asignada.
Del mismo modo, se pide que se informe e individualice a empresas o servicios subcontratados en cada convenio suscrito con este Gobierno Regional.
Los otros consejeros que respaldan esta solicitud de nuevos y más antecedentes son César Muñoz, Cecilia Parham, Patricio Ojeda, Paola Guajardo, George Bordachar, Mirtha Segura, Juan Andrés Muñoz y Daniel Bustos.
GOBERNADORA
Antes de terminar la sesión, la gobernadora y presidenta del CORE, Cristian Bravo, mencionó rápidamente las acciones emprendidas una vez que se conoció el polémico caso GORE-Urbanismo Social, por un convenio por 264 millones 950 mil pesos para la ejecución del programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” y que para tal efecto, según carta enviada por la fundación, se habría recomendado la contratación de determinadas personas.
La autoridad regional indicó que primero se instruyó un sumario administrativo al interior del GORE por los hechos públicos denunciados por los consejeros, para investigar posibles irregularidades administrativas y eventuales responsabilidades.
En segundo término -dijo- se instruyó disponer de un sumario administrativo para investigar la filtración de documentos desde los sistemas del GORE.
En tercer lugar, informó que a través de licitación pública, se solicitó contratar un servicio de auditoría externa para la revisión de entrega de recursos mediante asignación directa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del GORE entre enero de 2018 al 10 de julio de 2023.
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