Acusan de cohecho a empleado del Conservador de Bienes Raíces de Curicó

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Fiscal Marcela Rocha se refirió a la audiencia de formalización.

Práctica. Cobraba por acelerar documentos, poniendo en tela de juicio la fe pública.

CURICÓ. Tras las rejas quedó un funcionario del Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad, quien está acusado de aceptar plata para agilizar la inscripción de documentos. Por tal motivo, fue formalizado en el Tribunal de Garantía, que decretó su prisión preventiva por el tiempo que se extienda la investigación. Trascendió que el imputado habría realizado esa práctica entre los años 2018 y 2020, período en que habría recibido depósitos por cerca de 45 millones de pesos. Según explicó la fiscal Marcela Rocha, “el Ministerio Público formalizó al imputado (…) por 11 delitos de cohecho, la mayoría de ellos, en carácter de calificado previsto y sancionado en el artículo 248 BIS del Código Penal. El Tribunal de Garantía compartió los argumentos esgrimidos tanto por el Ministerio Público como por el querellante y decretó la prisión preventiva”, mencionó la fiscal adjunta Marcela Rocha.
El abogado del Conservador de Bienes Raíces, Humberto Alarcón, señaló que se formalizó por el delito de cohecho agravado en carácter de reiterado. “Solicitaba un pago por realizar determinados actos que eran propio de los deberes de su cargo y con infracción a esos deberes porque él tenía prohibido aceptar cualquier tipo de pago”, resaltó. El profesional afirmó que el empleado participaba del proceso de inscripciones, anotaciones o copias que se realizan en el organismo.

A SU DISPOSICIÓN
En contacto con diario La Prensa, Humberto Alarcón precisó que el funcionario, además, fue formalizado por una nueva figura delictual que está establecida en la ley. “Que es el cohecho en razón del cargo, en la cual diversos usuarios del Conservador de Curicó (donde hay abogados y corredores de propiedad) pagaban sumas de dinero a esta persona para tenerlo a disposición de sus requerimientos ante cualquier gestión”, dijo. El abogado aseveró que ese accionar afectaba la imparcialidad del funcionario en su trabajo. “Por lo cual, el imputado arriesga una pena efectiva, donde no tendría ningún tipo de derecho a una sustitutiva, razón por la cual el tribunal decretó la prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado era considerada un peligro para la seguridad de la sociedad”, apuntó. El plazo de investigación se fijó en seis meses, tiempo en que se seguirán con las diligencias como el alzamiento de cuentas corrientes y análisis de información en un delito que pasa a llevar a todo un sistema.