Fiscalía vuelve a solicitar “no perseverar” respecto a causa ligada a “toma” de terreno

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Sobre tal causa, desde la Fiscalía han señalado que “no habría antecedentes suficientes como para poder acreditar algún delito”, por lo tanto, optaron por solicitar el “cierre” de la respectiva investigación.

Nuevo capítulo de “gallito” judicial. El jueves 18 de enero se llevará a cabo la audiencia, donde se analizará dicho requerimiento. Cabe recordar que el municipio curicano presentó en su momento, una querella por el delito de “usurpación”.

CURICÓ. Para el jueves 18 de enero a las 8:30 horas fue fijada la audiencia, donde el Ministerio Público volverá a solicitar “no perseverar”, respecto a la causa que surgió tras la querella que presentó la Municipalidad de Curicó, por la toma de un terreno, para “fines habitacionales”, que está ubicado junto al río Guaiquillo, en la zona surponiente de la citada ciudad. Cabe recordar que la querella ingresada por el aludido municipio, apuntaba a una “usurpación” del terreno y los delitos “que pudieran surgir en el trascurso de la correspondiente investigación”.

ANTERIOR AUDIENCIA
En audiencia que se llevó a cabo el 10 de julio del año pasado, la Fiscalía justificó su solicitud, recalcando que “durante la investigación” que se llevó a cabo, no se reunieron los “antecedentes suficientes para fundar una acusación”. Representando al Ministerio Público, el fiscal Felipe Novoa indicó, en aquella oportunidad, que las personas que utilizan el paño “de la discordia”, lo hacen “sabiendo de que se trata de un terreno municipal y no desconocen su titularidad”, dijo. “Incluso, en sus declaraciones señalan la intención de conversar con el municipio, para encontrar una salida a esta situación, pues el alza de los arriendos fue lo que los motivó a tomar esa medida desesperada”, acotó.

ARGUMENTOS
En aquella oportunidad, el municipio logró su objetivo de al menos “impedir” que la causa se cerrara, recalcando la necesidad de darle curso a “diligencias pendientes”, siempre pensando en el objetivo final “de poder concretar un desalojo”. Entre los documentos para justificar aquella postura, quienes representan al municipio presentaron un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), informe el cual, recalcaron, acreditaría la existencia del delito de “usurpación no violenta del terreno”. También se sumaron declaraciones de vecinos que viven en las cercanías a la “toma”, quienes recalcan también sentirse “muy perjudicados”, por diferentes factores, ante la presencia de tal conjunto de viviendas. En su gran mayoría, las personas que residen en el “terreno en discordia” son de origen extranjero. Respecto a la cantidad, a lo menos hasta principios de junio pasado, la cifra superaba las 230 personas, incluyendo a menores de edad. Aquel número, hoy en día, debería ser mayor. 

ESTRATEGIA
Diario La Prensa solicitó un pronunciamiento a la Dirección Jurídica del municipio, de cara al desarrollo de la nueva audiencia fijada para el mes en curso. En definitiva, se nos señaló que por ahora preferían “guardar silencio”, ya que precisamente se encuentran trabajando en la “estrategia” que será utilizada en tal instancia.