Caso Gobierno Regional y fundaciones. Desde la UDI, diputados Felipe Donoso y Juan Antonio Coloma señalan que este informe confirma antecedentes para que la Fiscalía active una causa a la brevedad.
TALCA. Continúan las reacciones luego de las graves irregularidades en el traspaso de recursos del Estado a fundaciones, dado a conocer por el contralor de la República, Jorge Bermúdez, el cual esta semana compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En el caso del Maule, el informe revela que se transfirieron por parte del Gobierno Regional recursos a numerosas fundaciones, una de las cuales es Urbanismo Social, que fue favorecida con 265 millones de pesos, en forma directa a la que de paso se solicitó la contratación de simpatizantes y militantes afines a la DC, amigos y familiares de funcionarios con responsabilidades en el Gobierno Regional.
REACCIONES
“La principal conclusión que nos deja el Contralor, es que teníamos razón en querellarnos. Este informe lo que hace es decirnos que hay delito y antecedentes suficientes que la Fiscalía conozca y lo que necesitamos es que la Fiscalía active esta causa”, dijo Felipe Donoso. Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma, indicó que “resulta particularmente duro por dos cosas. Primero que las dos regiones más cuestionadas en el informe de la Contraloría sean las regiones de Antofagasta y la del Maule. Y la región del Maule por dos puntos. Primero por lo que ocurrió en la seremía de Vivienda, donde se asignaban recursos por parte de quien había sido miembro de la Fundación Urbanismo Social y exseremi de vivienda y en segundo lugar respecto de la forma en la cual, desde el Gobierno Regional, la Contraloría logró acreditar que asignaban fondos a fundaciones para contratar a personas relacionadas a miembros del Gobierno Regional”. “El Contralor ha sido especialmente claro, y en este caso habló de graves problemas de probidad y envió los antecedentes él mismo a la Fiscalía”, señalaron los parlamentarios.
VULNERACIÓN DE LA PROBIDAD
Por su parte, el diputado Francisco Pulgar, señaló que las instituciones tienen que funcionar. “En Chile las instituciones deben funcionar. Por eso, estimo que el expediente presentado por Contraloría da cuenta de un trabajo minucioso, que busca llegar al fondo del problema y a partir de ello, buscar soluciones y evitar que se vuelvan a repetir”. Agregó, que “un segundo aspecto que no se puede obviar es que los antecedentes y observaciones expuestas por Contraloría son decidoras y contundentes, en el sentido que desde la Gobernación Regional no se ha hecho un trabajo adecuado y acorde a las funciones para las cuales está mandatado. Me parece lamentable que, en la asignación de recursos, existan objeciones e inconsistencias. Más grave, aún el que se concluya que hay vulneración del principio de probidad y, principalmente, el que se hayan detectado eventuales delitos”, acotó. Agregó, que “entonces, cuando se mal utilizan los recursos, cuando existen fallas de procedimiento, cuando no se tienen las competencias para un determinado cargo o derechamente se actúa reñido con la probidad; los afectados acá no son tal o cual funcionario público. Acá los errores y el mal proceder lo pagan los miles de ciudadanos que confiaron en una nueva institucionalidad que no da garantía alguna”.
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