Toma ilegal: Recalcan que el municipio no tiene la obligación legal de destinar un espacio para personas que sean desalojadas

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El abogado Juan Barrera es el director jurídico del municipio curicano.

Habla el director jurídico de la Municipalidad de Curicó. El abogado Juan Barrera señaló que condicionar el cumplimiento de un decreto a dicha causa, no es “razonable ni pertinente”.

CURICÓ. No existe ninguna ley que obligue al municipio a contar con un inmueble, vivienda o espacio para trasladar a las familias, en el eventual desalojo de terrenos ocupados ilegalmente en la ribera del río Guaiquillo. El director jurídico del municipio curicano, Juan Barrera, dijo que condicionar el cumplimiento de un decreto a esta causa, no es “razonable ni pertinente”.
Lo anterior, lo señaló en respuesta a las declaraciones del prefecto de Carabineros, coronel Óscar Muñoz, quien señaló que el municipio, como solicitante, tiene que contar con un espacio para que las personas puedan quedarse cuando sean desalojados, condicionando el actuar de la citada policía a tal requisito.
El director jurídico, clarificó que el municipio a través de su alcalde Javier Muñoz, hace un año dictó un decreto disponiendo la demolición de todas las construcciones realizadas ilegalmente en la ribera del río. El decreto de demolición se fundamentó en la normativa legal de la Ley de Urbanismo y Construcciones, específicamente en el artículo 148 que faculta para tal efecto.

DEMOLICIÓN
Desde esa perspectiva, la municipalidad, al disponer la demolición de las viviendas existentes en el terreno tomado ilegalmente, ha cumplido con la normativa legal vigente, adecuando su actuar al estado de derecho. Producto de lo anterior, se solicitó con fecha 1 de julio del 2022, a través del oficio 812 al delegado provincial, que gestionara y coordinara con Carabineros el apoyo de dicha institución, para resguardar la integridad física del personal municipal que iba a llevar a efecto el cometido de la demolición.
“En atención a que el municipio no tuvo respuesta, se reiteró el 22 de mayo con el oficio 1.299 la petición al delegado presidencial provincial para coordinar a Carabineros y apoyar dichas labores. No nos cabe sino ratificar que el municipio ha sometido su accionar con respeto a la constitución y las leyes. Es importante clarificar que la normativa legal vigente que regula el accionar de los municipios, en ninguna parte señala que el municipio debe destinar un espacio físico o construir viviendas para las personas que sean desalojadas con motivo de una demolición. Condicionar el cumplimiento de un mandato legal a situaciones que no están previstas en la ley, no corresponde, es un error lo afirmado por el prefecto de Carabineros. Ni siquiera está dentro del ámbito de competencia del municipio. Los municipios no están para construir casas o entregar viviendas, para eso hay otros servicios dentro del aparato estatal. Condicionar el cumplimiento de un decreto dictado en conformidad a la ley, no resulta pertinente ni razonable, por lo que esperamos que dentro de la brevedad el municipio tenga respuesta del delegado presidencial, para que coordine el contingente policial necesario y cumplir con el decreto dictado en conformidad a la ley y a la Constitución”, enfatizó.

DIDECO
Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Pilar Contardo dijo que “por ningún motivo existe una intención de vulnerar los derechos de las personas, chilenas o extranjeras, ni los derechos de nadie”. Claramente, acotó, las familias del entorno a la toma, hace bastante tiempo se han visto afectadas, por lo que bajo todas las normativas legales vigentes, es una toma irregular del citado terreno.No es el municipio quien tiene la responsabilidad de reubicar a estas personas, no es nuestro rol, no somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de resolver las problemáticas de vivienda de las personas de la comuna; nosotros podemos interceder, colaborar, como lo hacemos con los grupos habitacionales cuando existen, les ayudamos con las gestiones, se postulan  proyectos, pero no somos nosotros el ente desde el Estado que debe abordar esas temática, por lo tanto ponemos a disposición nuestro trabajo, nuestros equipos, nuestros conocimientos, pero también existe la necesidad de que otros actores puedan también ir buscando como se puede ir abordando esta situación, que insistimos nosotros no queremos pasar a llevar ni vulnerar los derechos de nadie, y de nadie también implica los derechos de los y las vecinas del entorno”, indicó Contardo.