Siguen presos acusados de estafar a curicana que perdió su casa

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Marcelo Barrios espera que se haga justicia.

Mujer denunció que fue engañada por prestamistas. La causa está radicada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde aparecieron más presuntas víctimas.

SANTIAGO/CURICÓ. En prisión preventiva continúan los hermanos Rodrigo y Eduardo Mohana Lacamara, quienes fueron denunciados por Daisy Valderas Fuentes, una persona adulta mayor que recurrió a la justicia debido a que aseguró que fue engañada por esos hombres que le prestaron dinero y que la hicieron firmar (a través de engaño) documentos mediante los cuales se “apoderaron” de su vivienda ubicada en un acomodado sector de Curicó.
El abogado de la víctima, Marcelo Barrios Orellana, recordó que presentó una querella en dicho tribunal, en donde los imputados fueron formalizados con fecha 9 de mayo de 2022 por ocho delitos de estafa y usura. “En esa oportunidad se decretaron medidas cautelares de baja intensidad”.
En contacto con diario La Prensa, el profesional puntualizó que el 22 de julio se reformalizó a los imputados por otros tres ilícitos similares, quedando así un total de once delitos de estafa y usura. “El Ministerio Público como los querellantes, donde me encuentro incluido, solicitamos la prisión preventiva, lo que fue rechazado por el Séptimo Juzgado, por lo cual apelamos ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, apuntó.

TRAS LAS REJAS
El abogado sostuvo que el 1 de agosto el tribunal de alzada acogió lo solicitado, decretando la prisión preventiva, la cual se comenzó a cumplir el día siguiente. “Posterior-mente la defensa solicitó que se revisara la medida cautelar y que se modificara por alguna de arresto domiciliario y arraigo nacional y es así que en la audiencia de 4 de noviembre el Séptimo Juzgado mantuvo la prisión preventiva y la defensa apeló. A principios de esta semana se vio en la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la cual mantuvo la medida cautelar”, indicó.
Marcelo Barrios Orellana precisó que esa decisión se basó en “que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de las víctimas”.