Consejeros y exconsejeros demandan respuesta de la gobernadora por informe de Contraloría

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Un grupo de consejeros regionales y exautoridades reaccionaron al informe de Contraloría sobre el caso del Gobierno Regional y las fundaciones.

Controversia. Organismo fiscalizador nacional realizó una serie de observaciones a las transferencias de recursos a instituciones privadas, determinando efectuar un sumario al interior del GORE y además, remitir los antecedentes al Ministerio Público.

TALCA. En las afueras del Gobierno Regional, un grupo de consejeros y exconsejeros regionales, que recientemente renunciaron a sus cargos para asumir desafíos eleccionarios y que en su momento presentaron una denuncia ante la Contraloría, se refirieron al informe emitido hace unos días sobre el caso del GORE y las fundaciones, emplazando a la primera autoridad regional, Cristina Bravo, a que entregue una respuesta sobre esto. “La gobernadora tiene que dar una explicación a las maulinas y maulinos de cómo se están ocupando los recursos en nuestra región”, dijo Gabriel Rojas, consejero regional, agregando que en su rol fiscalizador han hecho todas las denuncias a los órganos pertinentes y también con el funcionamiento de la comisión interna investigadora. “La respuesta tiene que darla (la gobernadora) de manera política y ahora también legal”, agregó.

DIO CUENTA
El jueves último, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, acudió hasta el Congreso, en Valparaíso, para exponer ante la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados los resultados de las indagaciones efectuadas a los Gobiernos Regionales y la Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, por el traspaso de recursos a las fundaciones.
En la ocasión, el contralor dio cuenta de una serie de observaciones a las transferencias realizadas a distintas fundaciones, y con especial atención al caso de Fundación Urbanismo Social, donde se habría condicionado la ejecución del proyecto por casi 265 millones de pesos a la contratación de determinadas personas.
En el informe de la investigación realizada por la Contraloría se expone una detallada relación de los hechos sobre el caso Gobierno Regional y la Fundación Urbanismo Social, y se menciona a Aily Soto, Rodrigo Véliz y Javier Ahumada, como las personas que debían ser contratadas para seguir avanzando con la ejecución del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”. Los dos primeros tienen vínculos familiares con directivos del Gobierno Regional y el tercero es concejal de la Democracia Cristiana (DC) en Curicó, y sobre quien la institución se excusó de poder contratarlo. Durante la misma mañana de ayer, trascendió que la gobernadora habría decidido remover de sus cargos a los funcionarios que aparecen mencionados en el informe de Contraloría, particularmente en lo que se refiere al episodio con Fundación Urbanismo Social.

CONTRALORÍA SIN DUDAS
Para el contralor no hay dudas respecto de lo ocurrido al interior del Gobierno Regional y en relación con la Fundación Urbanismo Social. “Para nosotros el hecho objetivo es que se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada para poder realizar después el convenio. Eso ya está acreditado en el informe. Lo que no está acreditado es la responsabilidad”, dijo ante la comisión investigadora parlamentaria, añadiendo que “el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba que son las declaraciones de las personas y la documentación que sirve para fundar esas aseveraciones”. Para Bermúdez, estos sucesos podrían ser constitutivos del delito de falta a la probidad y por lo mismo, decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público para ser considerados en la debida investigación. Dicho proceso de investigación se encuentra radicado en la Fiscalía de Antofagasta, ya que en dicha zona del país fue donde primero estalló el caso convenios y transferencias a fundaciones, particularmente con Democracia Viva y Urbanismo Social. Cabe recordar que el 11 de julio, un equipo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, por orden de la Fiscalía de Antofagasta, realizó un allanamiento en el Gobierno Regional del Maule, las oficinas de Urbanismo Social en Talca y un domicilio particular del aquel entonces seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández. Además, el contralor general anunció el inicio de sumario administrativo al interior del Gobierno Regional y la probable entrega de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

MÁS REACCIONES
Al respecto, el consejero regional Patricio Lineros señaló que “estamos pidiendo que se hagan los sumarios correspondientes, se busquen efectivamente si hay personas con claro dominio para poder ser sancionadas y para eso está el Ministerio Público y obviamente todos los entes”. “Creemos en las instituciones, si hay alguien que ha cometido errores en estos procesos, tiene que cumplir ante la ley”, añadió. En tanto, el consejero regional César Muñoz sostuvo que el informe de Contraloría evidencia una gran cantidad de anomalías y frente a las que existe un plazo para responder y corregir. Asimismo, llamó a los parlamentarios a legislar y terminar con la atribución exclusiva de decisión discrecional de los gobernadores para la asignación de recursos. “Esperamos que los parlamentarios en la Ley de Presupuesto suspendan y vuelva el tema a que los cores tengamos un rol activo en el proceso de desarrollo de la región”, afirmó. En tanto, el exconsejero regional George Bordachar expresó conformidad por el resultado del informe de Contraloría por cuanto da la razón a la denuncia presentada hace varios meses ante dicho organismo. Y frente a la eventual desvinculación de funcionarios, señaló que “si va a desvincular, creo que debió haberlo hecho desde el primer día. Esto se sabía y ahora se hizo público con el informe del contralor”.

El Gobierno Regional del Maule está bajo la lupa de la Contraloría que iniciará un sumario y también
del Ministerio Público, a raíz de la investigación que se lleva adelante.

RESPONSABILIDAD
Asimismo, el exconsejero regional Patricio Ojeda recordó que cuando hicieron la presentación ante Contraloría, les asistía la convicción de que habían situaciones sospechosas de irregularidades graves.
“Eso lo hicimos el 3 de julio, han pasado cuatro meses desde que presentamos los antecedentes; los antecedentes no cambiaron, por lo tanto me sorprende que ahora la gobernadora estime que hay que tomar acciones, cuando las pudo haber tomado hace cuatro meses atrás cuando los antecedentes también se pusieron en su conocimiento”, dijo, agregando que “si la gobernadora ha tomado la decisión de desvincular a personas individualizadas en el informe de Contraloría, me parece muy bien, pero eso no la extingue a ella de la responsabilidad que le compete como la principal autoridad de esta institución”. Por su parte, Giovanna Paredes, también exconsejera regional, indicó que se está a la espera de más resultados de la investigación por cuanto se entregaron antecedentes sobre traspasos de dineros a otras instituciones como corporaciones municipales. “Esto sigue avanzando porque acaba de salir un informe. Se supone que van a llegar nuevos informes con los antecedentes que nosotros aportamos”, concluyó.

EN EL MAULE
En el caso del Maule, esta primera fiscalización de la Contraloría tuvo como objetivo practicar una auditoría y examen de cuentas a las transferencias a entidades privadas realizadas por el Gobierno Regional del Maule, en el período entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023, con foco en la situación con las fundaciones Tejido Social, Urbanismo Social, Semilla y Participa, y por un monto abultado de recursos. Según el informe de la unidad de Control Interno del propio Gobierno Regional del Maule, solicitado en su momento por un grupo de consejeros regionales y que detectó una serie de anomalías e irregularidades, como la no rendición de gastos, entre otras, se aprobaron cuatro mil 530 millones de pesos para un total de 19 fundaciones, transfiriéndose en realidad dos mil 544 millones de pesos.