Consejeros amplían investigación a proyectos que no pasan por el CORE ni la Contraloría

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El Gobierno Regional está en el foco de la noticia, especialmente luego que se realizara un allanamiento por parte de la PDI para buscar información.

Polémica crece. Patricio Ojeda, uno de los consejeros regionales que recurrió a la Contraloría, adelantó que están indagando especialmente en proyectos de asignación directa, de hasta cinco mil UTM, y que no tienen ningún tipo de control.

TALCA. Con el paso de los días, los consejeros regionales que el 4 de julio acudieron a la Contraloría a pedir una investigación a raíz del caso de contrato y traspaso de recursos desde el Gobierno Regional a la Fundación Urbanismo Social, para la ejecución de un programa, han ido recabando más antecedentes, llevándolos a otras aristas de indagación para saber la idoneidad de los proyectos o si las instituciones que los ejecutarían tienen las competencias para ello. Si en un comienzo la preocupación se centró en la asignación directa de recursos en proyectos de hasta siete mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), ahora el énfasis lo están poniendo en las iniciativas de hasta cinco mil UTM, donde según Patricio Ojeda -uno de los consejeros que investiga- se han encontrado con varias sorpresas.
Cabe recordar que la asignación directa de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una atribución exclusiva de los gobernadores. Según explicó Ojeda, en  los proyectos de hasta siete mil UTM, estos no pasan por revisión del Consejo Regional (CORE) y en los hasta cinco mil UTM, tampoco pasan por la Contraloría.

ASIGNACIONES DIRECTAS A FIESTAS
“Hoy estamos revisando un centenar de resoluciones firmadas por la gobernadora que dan curso a financiamiento de proyectos, no solo a fundaciones, sino que también a corporaciones municipales y a algunos municipios, y allí nos estamos encontrando con una serie de asignaciones directas que, a nuestro juicio, no están en la dirección de las prioridades del Gobierno Regional”, señaló.
Indicó que entre las prioridades fijadas por la propia gobernadora el 2022, estaban aquellas vinculadas con agua potable rural, vialidad y seguridad, y que “sin embargo nos hemos encontrado en los últimos días con una cantidad de proyectos de asignación directa, vinculadas con fiestas para los municipios y corporaciones municipales, gigantescas, cuestión que también nos muestra que esta herramienta la gobernadora la ha utilizado para desviar la prioridades del Gobierno Regional y financiar fiestas que tienen mucho más conglomeración de gente y pueden tener otro tipo de réditos políticos, pero no son las necesidades que a lo mejor la comunidad quiere que financiemos y resolvamos”.
Ojeda entiende que es una arista distinta y que no necesariamente tiene que ver con la existencia de alguna irregularidad, pero en su opinión no es menos importante,  porque -dijo- “deberíamos estar financiando otro tipo de proyectos más importantes para el desarrollo de la región, que solo dedicarnos a financiar carpas para grandes eventos, artistas, escenarios y cosas por el estilo. Si los municipios lo quieren hacer, fantástico que lo hagan, y si quieren pedir apoyo del Gobierno Regional, también fantástico que lo hagan, pero de una manera prudente, y no con esta exacerbación de recursos”.
Al respecto, el consejero adelantó que están reuniendo toda esa información para ponerla sobre la mesa del CORE y pedirle a la gobernadora que explique las razones para determinar gastar o asignar esas cantidades de recursos a determinadas actividades.
No obstante lo anterior, Patricio Ojeda sostuvo que seguirán pesquisando más antecedentes sobre la relación con distintas fundaciones, tal como se hizo con Urbanismo Social.
Asimismo, cabe recordar que esta semana el GORE fue motivo de un allanamiento por parte de la PDI para buscar información de interés criminalístico para la causa que se investiga desde Antofagasta. También se hizo lo mismo en las oficinas de Urbanismo Social y un domicilio particular.

TERMINAR CON ATRIBUCIONES
Patricio Ojeda considera importante hacer una modificación legal para terminar con las atribuciones exclusivas y amplias de los gobernadores para la asignación directa de recursos. “Finalmente se presta para que se distorsione el uso de esa facultad. Ya lo estamos viendo en el caso de las fundaciones  si es que finalmente se logra confirmar lo que nosotros sospechamos, pero otra cosa también es ver que en el día a día esta facultad está siendo utilizada no para financiar proyectos que están dentro de la estrategia regional o de las prioridades que el mismo Gobierno Regional se fijó, o dentro de lo que ha conversado el propio cuerpo colegiado del Consejo Regional con la gobernadora”, señaló.
A su juicio, resulta necesario “una modificación a la ley que le quite a los gobernadores esta facultad de saltarse los filtros del Consejo Regional y de Contraloría para la determinación del gasto de proyectos de este tipo”.

SUMARIO INTERNO
En entrevista con diario La Prensa, publicada el lunes de esta semana, la gobernadora Cristina Bravo informó del inicio de un sumario administrativo para aclarar el caso con Urbanismo Social y además una auditoría externa a los procesos de asignaciones directas desde el 2019 al 2022.
Sobre estas acciones emprendidas por la primera autoridad regional, el consejero Ojeda considera relevante saber cuándo se iniciaron, considerando que con fecha 30 de mayo se tomó conocimiento de la carta enviada por Urbanismo Social y que hacía ver la recomendación de parte del GORE de la contratación de personas para la ejecución del proyecto “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”.
Recordó que como consejeros cuando tomaron conocimiento de los hechos, inmediatamente buscaron delimitar responsabilidades, solicitando antecedentes a control interno y también a la Contraloría, y por lo mismo, se pregunta que hizo la gobernadora “desde que tomó conocimiento de la carta de Urbanismo Social el 30 de mayo, a la fecha, respecto de su rol como jefa superior de servicio de delimitar responsabilidades porque estaban siendo sindicados dos funcionarios de alto nivel en una situación a lo menos irregular, que es la de solicitar la contratación de terceras personas. Si no hay alguna acción concreta entre el 30 de mayo y el 3 de julio, entonces podemos presumir que aquí no había intención de delimitar responsabilidades, sino que estas surgieron solo una vez que esto se hizo público”.