Grave. Diputados Felipe Donoso y Mercedes Bulnes demandan investigación de la Fiscalía, ante las irregularidades detectadas por la Contraloría, en el programa de la Seremi de Desarrollo Social y Familia.
TALCA. El diputado de la UDI Felipe Donoso, y la diputada del Frente Amplio Mercedes Bulnes, informaron que la Contraloría General de la República, detectó una serie de irregularidades en su fiscalización al Programa Plan Noche Digna, a cargo de la Seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule, y que significó -dijeron- la entrega en el 2022 de prestaciones de alimentación, higiene y atención médica a tres usuarios que se encontraban fallecidos. “Se prestaron servicios, se pagaron servicios en la Seremía de Desarrollo Social, por personas que se encontraban muertas”, enfatizó Donoso.
Por su parte, Bulnes señaló que “este hecho es sumamente grave y está entre los que denunció la Contralora General de la República ayer, ante la Comisión Investigadora de Convenios en la Cámara de Diputados”.
“Quiere decir que hay total falta de control y claramente existe un delito. Por lo tanto, exigimos que estos antecedentes sean entregados a la Fiscalía”, argumentó el parlamentario de la UDI, quien se comprometió a llevar los antecedentes al Ministerio Público para que inicie una investigación.
INCUMPLIMIENTO
En el detalle, y tras una auditoría realizada a los procesos de gestión de oferta y demanda del servicio, la contralora subrogante, Dorothy Pérez, afirmó que se detectó que cinco de los nueve dispositivos revisados, incumplieron la cantidad mínima de prestaciones que debían ser entregadas por sus ejecutores, como alimentación, higiene y abrigo.
Esto, sostuvo Donoso, “no solo da cuenta de absoluta desprolijidad con la que se ha implementado el Programa Plan Noche Digna, sino que también la desidia y el desinterés de este Gobierno, con las personas en situación de calle”.
Por su parte, la diputada del FA indicó que “este hecho debe ser investigado, deben ser aplicadas las sanciones que correspondan, deben hacerse los sumarios administrativos y si es el caso las denuncias penales que la ley prescribe”.
EXPLICACIÓN
Frente a la denuncia, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Sandra Lastra, sostuvo que “es importante indicar que estos dispositivos funcionan en épocas de emergencia climática con el objetivo de resguardar la vida de las personas en situación de calle, por lo que no se establecen requisitos de entrada para cada una de las prestaciones”.
Dicho lo anterior, la explicación para esta insólita situación, sería que esas personas habrían fallecido durante la ejecución del programa y se extendió la entrega de prestaciones a otras personas en situación de calle. En un caso, un hijo del fallecido, del mismo nombre, usó la identidad de su padre para seguir recibiendo las prestaciones.
En los otros dos casos, también se usaron los RUT de otras personas, pero se indicó, fueron notificados en breve tiempo.
INVESTIGACIÓN
El parlamentario Donoso aseguró que es “imprescindible” que la Fiscalía -con los antecedentes a la vista-, determine si es que los hechos detectados “revisten caracteres de delito”. Producto de lo anterior, es que -señaló- “llamamos a actuar con premura a los órganos investigativos, para que justamente puedan evaluar los antecedentes, y den cuenta sobre todas las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República”. “La personas en situación de calle quedaron en el olvido de este Gobierno, así como los niños, los enfermos, entre tantos otros, han quedado abandonadas a su propia suerte, afectando a miles de personas vulnerables de nuestro país”, agregó.
En tanto, la parlamentaria Bulnes aseveró que “los fondos públicos deben ser gastados de manera transparente, eso es lo que exige la ciudadanía. He oficiado pidiendo no solamente el sumario administrativo, sino además la denuncia penal si corresponde”.
Al respecto, la seremi Sandra Lastra señaló que “como Seremi de Desarrollo Social, somos los más interesados en que exista transparencia en el uso de los recursos públicos y que las investigaciones se desarrollen de la mejor manera posible”.
Agregó que “valoramos las observaciones que hizo Contraloría en su informe, las que se refieren únicamente al año 2022 y que apuntan a fortalecer los controles y supervisiones en la ejecución del Programa Noche Digna”.
Es tal el interés por el esclarecimiento de los hechos, que la seremi Sandra Lastra, quien asumió el cargo en marzo del 2023, dijo que “en septiembre del 2023 instruimos una investigación interna para determinar posibles responsabilidades administrativas, en que pudieren verse involucrados funcionarios que fueron parte de la ejecución y supervisión de este programa”, pero sin comentar el resultado de dicha indagación.
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