Gravedad. El juez Daniel Urrutia ordenó la realización de videollamadas de los reos con terceras personas, quienes no estarían autorizados por la administración penitenciaria. Dicha resolución fue cuestionada por Gendarmería, ya que pondría “en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
TALCA. “Nos preocupa que las actuaciones de jueces vengan a facilitar el contacto de aquellas personas que han sido condenados o que están bajo investigación por parte del Ministerio Público respecto de temas tan sensibles como es la inseguridad de este país atendiendo el grado de violencia que se ha logrado establecer “, señaló el diputado Francisco Pulgar.
Ello, en virtud de su rol como miembro de la comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados y de la comisión Investigadora Especial sobre el Crimen Organizado, y ante el revuelo que ha provocado la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado videollamadas para reos de alta peligrosidad, internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la Región Metropolitana y que están vinculados al Tren de Aragua.
El juez Urrutia ordenó la realización de videollamadas de los reos con terceras personas, quienes no estarían autorizados por la administración penitenciaria.
Dicha resolución fue cuestionada por Gendarmería, ya que pondría “en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
El parlamentario del Maule agregó que “es preocupante en este momento que el juez llegue y otorgue facilidades a esta gente para que puedan tener contacto con el exterior y así, eventualmente, coordinar o seguir tramitando sus acciones de carácter delictual e ilícitos que afectan a toda la ciudadanía respecto de la inseguridad”.
CITACIÓN
El diputado Francisco Pulgar confirmó que al regreso del receso legislativo citará a una reunión de carácter urgente. “Como miembro de la Cámara de Diputados y también de la comisión de Inteligencia, vamos a solicitar una reunión especial llegando ahora en marzo de nuestro receso parlamentario, con la misma comisión de Inteligencia y citando a la policía respecto de los efectos que trae esta situación”.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
El subsecretario del interior Manuel Monsalve, aseguró que este beneficio para criminales peligrosos hace que el esfuerzo del Estado “pierde todo el sentido”.
“Nos parece que esta decisión de un juez de la República, es completamente equivocada, perjudica la seguridad del país, socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y son, por lo tanto, malas señales. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, que no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales”.
“Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete delitos de secuestro, homicidio y trata de personas, es que sus líderes -que están detenidos- tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización, por eso es que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad”, advirtió el representante de Interior.
Ante esto, señaló que “ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo el sentido” si finalmente un juez “los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con eventualmente integrantes de la propia organización criminal para seguir en hechos delictuales”.
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