Investigación. Tres ediles acusan a Jorge Silva de notable abandono de deberes e infracciones graves al principio de probidad administrativa.
TALCA. Hasta el Tribunal Electoral Regional (TER), en Talca, llegaron ayer los concejales de San Javier, Cristóbal Cancino y Sergio Pinto, acompañados del abogado Fernando Castro, y en representación también del edil Rodrigo Osorio, para oficializar una acusación en contra del alcalde de dicha comuna, Jorge Silva, por notable abandono de deberes e infracciones graves al principio de probidad administrativa, requiriendo por lo mismo, su remoción del cargo. Si bien esta presentación ante el TER y solicitud de destitución tiene su origen en el caso de la extracción ilegal de áridos y haber dejado de percibir más de tres mil millones de pesos para las arcas municipales, con el transcurso de las semanas, los concejales fueron sumando otros antecedentes en contra del alcalde Silva y que adjuntaron a la misma causa. En el caso de los áridos, hay un informe de la Contraloría General de la República que determinó una extracción ilegal y mayor a lo autorizado de parte de dos empresas en los ríos Maule y Loncomilla, y que al no existir una debida fiscalización de la municipalidad, ésta dejó de percibir más de tres mil millones de pesos. “Existe ya una sanción por parte de la Contraloría General de la República en contra de los jefes de departamento de la dirección de obras y la dirección de rentas municipales de San Javier”, señaló el abogado Castro, en relación a este caso.
SEGÚN INVESTIGACIÓN
El concejal Cancino explicó que, según la investigación de la Contraloría, en su accionar las empresas superaron con creces las cuotas máximas de extracción (171 y 70 veces), provocando además -dijo- un daño ambiental importante. Por este caso, los concejales acusaron al alcalde de haber incumplido sus deberes funcionarios al haber omitido supervigilancia jerárquica y no ejercer el debido control jerárquico sobre el departamento de obras municipales y sobre el departamento de rentas municipales; el municipio no efectuó el cobro de 68.453 UTM por los derechos establecidos en la ordenanza local, dejando de percibir un monto equivalente a $3.164.513.737, al 1 de enero de 2017. La investigación realizada en su momento por la Contraloría y que advierte que el alcalde tendría la responsabilidad administrativa en dicha situación, fue abordada por el Concejo Municipal en una accidentada sesión del 2 de agosto -que terminó a golpes- y donde los tres concejales -Pinto, Cancino y Osorio- decidieron llevar los antecedentes hasta el TER. En esa misma reunión, los concejales Marcelo Cornejo, Luis Alarcón y María González votaron no estar de acuerdo en continuar con el caso en el TER y entregaron su respaldo al jefe comunal.
OTROS CARGOS
En la misma presentación, los concejales le imputaron eventualmente más cargos en relación a otras situaciones que habrían estado ocurriendo. Estas son falta de acreditación, en forma reiterada, de saldos ingresados al municipio por concepto de subvenciones escolares en desmedro de los niños y niñas de la comuna; traspasos de dineros a la Corporación de Deporte Municipal pese a tener deficiencias en su conformación; beneficios otorgados a Fundación conformada por la cónyuge del alcalde y demás parientes; error en el envío de la ficha FIBE para incendios de 2023, lo que afectó la entrega de ayuda gubernamental a los damnificados; trato directo con empresa de seguridad creada por funcionarios a honorarios y/o falta de control jerárquico sobre departamento de seguridad municipal; y falta de supervigilancia jerárquica e infracción a la correcta administración financiera al pagar montos mayores y erróneos por concepto de indemnización por jubilación. En cuanto a las subvenciones, el abogado Castro dijo que “no existe claridad respecto del destino de los fondos; existe un informe de la Superintendencia de Educación que nos indica que no se sabe dónde están esos fondos educacionales”, agregando que serían más de 4 mil millones de pesos y que como sanción, el municipio ha dejado de percibir el 10% que le correspondería por concepto de subvención.
DETALLE
Sobre el caso de la Corporación de Deportes, indicó que podría existir un vicio de nulidad en su origen, sin embargo la Municipalidad le habría transferido cerca de 200 millones de pesos. Y respecto de la fundación (San Javier Sustentable) conformada por la familia del alcalde, afirmó que se ha facilitado el uso de mobiliario municipal o de los trabajadores municipales que han recibido pagos como horas extras por prestar servicios a dicha entidad. Sobre el particular, el concejal Sergio Pinto señaló que “todo lo que venimos a presentar, desde las nueve situaciones que se están presentando, están todas respaldadas con documentos desde el mismo municipio. Las actas son las que mandan, nosotros no inventamos nada”. Por su parte, el concejal Cristóbal Cancino sostuvo que “pusimos los antecedentes en el Tribunal Electoral Regional y ellos tienen que ver de qué forma van a resolver. Lo que quiero es que se transparente todo esto”.
Una vez notificado el alcalde por parte del TER, el jefe comunal tiene un plazo de 10 días para responder el requerimiento. Luego vendrá un periodo probatorio y los alegatos ante el tribunal, para resolver sobre el requerimiento de remoción.
RESPUESTA DEL ALCALDE
“Estoy esperando que me notifique el TER primero y ahí yo les diré claramente la situación, la explicaremos y en ese sentido, estoy muy tranquilo, porque estas manitos limpias no las tiene nadie en Chile”. Con frases como éstas reaccionó ayer el alcalde de San Javier, Jorge Silva, al enterarse de la presentación que hicieron en su contra, tres concejales. “Aquí no hay malversación, no hay mala intención, tenemos la probidad e insisto, estas manitos para todo Chile, que me investiguen, porque soy el alcalde más probo de Chile”, insistió. A su juicio, hay una persecución política en su contra de parte de los tres concejales y que buscan sacarlo del cargo. “Porque si los concejales no han sido capaces de ganarme en las elecciones populares, entonces me quieren sacar por secretaría, facilito, remover papeles y hacer dudar a la ciudadanía de lo que soy como alcalde, de mi equipo municipal, y eso yo creo que la ciudadanía va a juzgar”, agregó. Señaló que cuando corresponda, contestará a cada una de las acusaciones que le han formulado a través del escrito presentado ante el TER.
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