Emanado por la Unidad de Control Interno del GORE. Grupo de consejeros regionales acudió nuevamente hasta la Contraloría para entregar más antecedentes para la fiscalización que está llevando adelante sobre el Gobierno Regional.
TALCA. Hasta la Contraloría Regional del Maule acudió ayer, por tercera vez, un grupo de consejeros regionales para entregar nuevos antecedentes sobre el “Caso Convenios y Fundaciones” y que corresponden al informe emanado por la Unidad de Control Interno del Gobierno Regional (GORE), el que detecta una serie de anomalías o hechos constitutivos de irregularidades como por ejemplo la falta de rendición de gastos por parte de algunas organizaciones que recibieron traspasos de fondos públicos. “Hace dos meses iniciamos una serie de solicitudes ante el órgano contralor regional del Maule como también en la unidad de control interno del Gobierno Regional, que fue básicamente solicitar información tras sospechas de que pudieran existir situaciones irregulares al interior en torno a convenios suscritos con fundaciones. Después de varias semanas, la unidad interna de control del Gobierno Regional ha hecho entrega de un memorándum a este Consejo Regional, donde da cuenta de que las sospechas que manteníamos, finalmente se confirman de que eventualmente hay irregularidades dentro del Gobierno Regional entre los convenios suscritos con fundaciones”, señaló el consejero regional Patricio Ojeda, representando además a sus pares César Muñoz, Giovanna Paredes, Cecilia Parham, George Bordachar, Mirtha Segura, Juan Andrés Muñoz, Daniel Bustos y Patricio Lineros. El informe entregado por la Unidad de Control del GORE da cuenta desde el 2021 en adelante, de 21 convenios de transferencias con 18 fundaciones, para el financiamiento de 21 iniciativas aprobadas por un total de $4.530.032.982. (hay fundaciones que recibieron recursos para más de una iniciativa). De los 21 proyectos, se indica que 2 fueron aprobados por el Consejo Regional y los 19 restantes, autorizados directamente por la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, quien además es presidenta del Consejo Regional (CORE). También se señala que, de los 21 convenios suscritos, el realizado con la fundación Huella Local, fue resciliado antes de transferir los recursos aprobados y en el caso de la Fundación Curicó en Acción, esta institución está pidiendo lo mismo. Además, a cuatro fundaciones -Semilla, Urbanismo Social, Curicó en Acción e Innova- se les autorizó el traspaso total de los recursos aprobados en una sola cuota, a pesar de que las iniciativas tenían un tiempo de ejecución del proyecto (en años o meses), lo que no se ajusta a la programación financiera presentada.
Patricio Ojeda expresó su preocupación frente a los antecedentes arrojados por el informe de Control Interno. “Lo que nos preocupa es que se cuiden los recursos públicos, el patrimonio del Gobierno Regional, y pareciera que en estos 21 convenios no existe una acción que de verdad busque cuidar los recursos públicos”, dijo, agregando que “también el informe da cuenta de que existen muchos convenios sin boletas de garantía lo que hace es no resguardar el patrimonio del Gobierno Regional, toda vez que cuando se hacen los traspasos de recursos a lo menos deberían existir garantías de ese tipo”. “Se han entregado recursos en menos de una semana después de aprobado el convenio”, insistió. Sostuvo que en el informe se detalla una serie de hechos que “carecen de rigurosidad en muchos casos respecto de los convenios que se firmaron, hay una serie de incumplimientos en muchos de los convenios firmados por parte de las fundaciones en donde el Gobierno Regional no ha actuado con la diligencia que corresponde para que se exija ese cumplimiento”. Añadió que “pedimos todos los convenios desde el año 2021 a la fecha, han aparecido 21 convenios con fundaciones, muchos con alta morosidad en la rendición, otros con la cantidad de documentos, que se necesitan, incompletos, otros con nula exigencia de parte del Gobierno Regional la rendición oportuna como corresponde y como se ha fijado en el convenio”.
RENDICIONES
El documento de Control Interno también sostiene que el total de los recursos transferidos a fundaciones, en el periodo 2021-2023, asciende a $2.544.011.982, de los que, al momento de ser emanado este informe, habían sido rendidos $494.194.880, lo que representa el 19,4% de los mismos. Es más, en el documento aparecen cuatro fundaciones con proyectos financiados y transferidos los años 2021 y 2022 y que, a la fecha de cierre del informe, no habían efectuado rendición alguna. Estas fundaciones son Círculo de Humanidades del Maule, Progreso Ciudadano, Maule Avanza y Educativa y Cultural Kimeltuwe. Además, solo cinco de los proyectos aprobados han rendido completamente los recursos entregados por el Gobierno Regional y todos ellos financiados el 2021. “Ahora es tarea obvia de la primera autoridad regional exigir ese cumplimiento y en algunos casos encontramos fundaciones con 18 meses sin rendición y no ha existido una actitud decidida de que esos convenios finalmente se rindan como corresponde”, dijo Patricio Ojeda. “Creeremos que la gobernadora ha tenido una actitud bastante pasiva respecto de esta situación toda vez que, según el informe de la Unidad de Control, hay muchas irregularidades o acciones negligentes que la primera autoridad debería evidentemente perseguir y en ese caso nosotros hemos visto poca actitud en busca de poder conseguir responsabilidades, por ejemplo, de aquellas unidades o funcionarios que finalmente han actuado con desprolijidad”, agregó.
Diario La Prensa tomó contacto con la gobernadora Cristina Bravo para conocer su impresión frente al contenido del informe y de la nueva presentación realizada por el grupo de consejeros ante la Contraloría, sin que fuera posible por cuanto precisamente debía encabezar la reunión del CORE.
FACTURA FALSA
Patricio Ojeda también advirtió sobre una situación que le parece de mucha gravedad. Sostuvo que la Unidad de Control detectó la concurrencia de una factura falsa en una de las rendiciones y que incluso fue corroborado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Si bien el consejero declinó dar a conocer la institución involucrada, al revisar el informe de la Unidad de Control se observa que afecta a la fundación Traesol y su segundo proyecto. “Se desprende del análisis, revisión y verificación que la segunda rendición por Estado de Pago N° 574 de fecha 09-03-2023, por la cantidad de $64.634.898, contiene entre sus facturas electrónicas una por la cantidad de $55.335.000 y corresponde a la factura N° 98 de fecha 04-01.2023. La unidad de control verificada su autenticidad ante SII comprueba para su sorpresa que esta factura es falsa, puesto que como resultado a la verificación señalada se obtiene como resultado de la consulta, que los datos consultados NO coinciden con los registrados por el SII”, señala (sic) el documento.
FIRMA DE ALCALDE
Por otro lado, Patricio Ojeda se refirió a la participación de un alcalde firmando un instrumento de garantía de un proyecto de una fundación (Curicó en Acción) a la que no pertenece, siendo una iniciativa que finalmente no se ejecutó. “Es el caso específico del alcalde de Curicó (Javier Muñoz). No existe una relación formal entre esta autoridad y la fundación”, dijo el consejero. Al respecto, el informe de Control Interno indica que, al momento de postular, la organización no contaba con cuenta corriente y que las dos boletas que aparecen en el convenio están tomadas por el jefe comunal curicano, aun cuando él no forma parte de la directiva ni tampoco es su representante legal.
LEY DE LOBBY
El informe también hace mención a las solicitudes de audiencia a través de la Ley del Lobby e indica que, a la fecha de la petición de antecedentes por parte de los consejeros regionales, con fecha 5 de julio de este año, aparecían informando la gobernadora Cristina Bravo 19 audiencias, la jefa de división de administración y finanzas, Susan Canales, cuatro audiencias; y la consejera Giovanna Paredes, una audiencia. Posteriormente, con fecha 3 de agosto, se volvió a consultar la página web, constatándose la existencia de 13 nuevas audiencias de la gobernadora, correspondientes al periodo anteriormente consultado, y que no habían sido informadas, así como una audiencia efectuada por el consejero Pablo Gutiérrez, el 30 de junio. El documento añade que tres instituciones solicitaron audiencias, en el período 2021-2023: Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, Fundación Urbanismo Social y Fundación Innova. Las audiencias sostenidas -dice el informe- no versaron sobre los proyectos financiados.
CONTRALORÍA
Respecto de la investigación que está llevando a cabo la Contraloría Regional, el consejero Ojeda señaló que “no tiene plazos para entregar el resultado de su trabajo, confiamos en la responsabilidad y seriedad de la Contraloría. Hemos puesto antecedentes a disposición para colaborar desde el aspecto fiscalizador”. “Si los hechos son irregulares, evidentemente se tomen todas las medidas necesarias para corregirlos, y se adopten las medidas para cursar las responsabilidades”, agregó. Finalmente, afirmó que están evaluando la posibilidad de también recurrir a los tribunales de justicia en mérito de los antecedentes que se han develado.
EN DUDA
El origen de esta historia se remonta al mes de julio cuando se tomó conocimiento de un convenio y traspaso de recursos desde el Gobierno Regional a la Fundación Urbanismo Social, para la ejecución del programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, por $264.950.000, y que mediante una carta, la directora de dicha institución, Pilar Goycolea, dijera haber recibido de parte de la gobernadora Cristina Bravo, la recomendación de contratación de personal para la ejecución del mismo, algo que ella ha negado que fuera así.
Esto llevó al grupo de consejeros regionales a recurrir el 4 de julio ante la Contraloría para solicitar una investigación al Gobierno Regional sobre este caso y todos los convenios con fundaciones. Esto, en medio de una creciente polémica que se estaba levantando a nivel nacional por casos de convenios y fundaciones y que incluso en su momento, a raíz de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta, se allanó el GORE, la Fundación Urbanismo Social y un domicilio del ex seremi de Vivienda. “Respecto de la resciliación con Urbanismo Social supimos que han pasado varias semanas desde que se anunció hasta que el GORE enviara un documento formal. La resciliación es de mutuo acuerdo por lo tanto sabemos que el GORE tiene voluntad de resciliar, pero no sabemos si Urbanismo Social ha estado de acuerdo con ello”, dijo Ojeda. Enfatizó que “no ha habido ninguna devolución de recursos de ninguna fundación, hasta el minuto”.
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