Rodrigo Hernández. Junto la aplicación de un sumario administrativo, se indicó que los antecedentes, a la fecha recabados, estarán en manos de la Fiscalía.
SANTIAGO/TALCA. El ministro Carlos Montes, informó que se le solicitó la renuncia al seremi de Vivienda en la Región del Maule, Rodrigo Hernández, militante del partido Revolución Democrática (RD). Junto con ello, se instruyó la aplicación de un sumario administrativo al abogado de profesión. ¿La razón? El nexo de la hoy exautoridad con la fundación Urbanismo Social, a la cual se le adjudicaron 109 millones de pesos en distintas transferencias el año pasado, en circunstancias de que había trabajado más de seis años en la citada ONG. Además, se entregarán los antecedentes del caso a la Fiscalía, organismo que, como se sabe, abrió de oficio una investigación vinculándola con la iniciada con anterioridad en Antofagasta.
NUEVA SITUACIÓN ANÓMALA
Luego de la investigación sumaria que realizó el Minvu en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo del Maule, Montes comunicó que se detectó una nueva situación anómala que involucra a Hernández, la que se suma a la ya detectada en esa repartición y que decía relación con una incongruencia en fechas en que el seremi se habría inhabilitado cuando se tomó conocimiento y se firmó un convenio con la fundación Urbanismo Social.
En particular, la indagación detectó ahora que Urbanismo Social, a través de una entidad patrocinante (EP) -organismos encargados de acompañar a las familias en su postulación a subsidios-, llamada Gestión Vivienda, había suscrito un convenio regional de asistencia técnica para programas habitacionales en el Maule. Dicho convenio fue suscrito primero el 8 de octubre de 2018 por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Maule de la época, mientras que en representación de la EP Gestión Vivienda estuvo Rodrigo Hernández, actual seremi de Vivienda. Este mismo convenio fue renovado el 24 de noviembre de 2022, suscribiendo nuevamente Rodrigo Hernández, ahora como seremi del Minvu y exrepresentante de Gestión Vivienda. “Firmó una autorización para que una entidad patrocinante de Urbanismo Social, que apoyaba la asistencia técnica de otro organismo, pudiera estar vigente. Él lo había solicitado originalmente cuando trabajaba en Urbanismo Social y, ahora, más de un año después, cuando estaba vencida, él volvió a dar la autorización teniendo inhabilidad para hacerlo”, dijo Montes.
MEDIDAS
Por lo anterior, el ministro declaró que “al repetirse otro caso de la misma naturaleza, lo que corresponde es que el seremi deje de serlo, le pedimos la renuncia, ya que ahora estaba suspendido. Y, en segundo lugar, que se le aplique con las correspondientes normas el sumario administrativo. Y eso también lo vamos a entregar a la Fiscalía como corresponde”. Asimismo, el titular del Minvu precisó que “estamos ampliando los factores de sumario. Era una investigación sumaria y estamos pasando a sumario, porque hay un segundo hecho en el cual la inhabilidad que él tiene no la aplicó como correspondió”.
Consultado respecto del llamado que realizó el Presidente Gabriel Boric en el Consejo de Gabinete realizado ayer en La Moneda, el ministro Montes expresó que “lo que hace el Presidente es insistir en que aquí hay que ir hasta el fondo. Todas las personas responsables de irregularidades y eventuales delitos tienen que ser sancionados. Ese es el llamado que hace, esa es la ética de este gobierno y la responsabilidad política que tenemos todos los ministros y todos los funcionarios de Gobierno”.
ORIGEN DEL CASO
La génesis de esta historia está situada en Antofagasta y en el partido Revolución Democrática (RD) cuando se supo que la Fundación Democracia Viva se había adjudicado contratos por 426 millones de pesos, cuando el director de esta era Daniel Andrades (Partido Revolución Democrática) y el seremi de Vivienda, Carlos Contreras (RD). El primero, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD) y el segundo, había sido jefe de gabinete de la parlamentaria. Luego se supo que también había convenios onerosos con la fundación Urbanismo Social, por 227 millones y 557 millones de pesos, con la misma seremi de Vivienda de Antofagasta. Y otros 40 millones de pesos con la seremi de Vivienda del Maule.
Antes de asumir como titular de Vivienda en el Maule, Rodrigo Hernández (RD) fue parte de Urbanismo Social, y cuando esta entidad firmó convenios con la cartera en la región, el ahora exseremi, dijo siempre haberse inhabilitado.
A través de los equipos de comunicaciones se intentó contar con una reacción del propio Rodrigo Hernández y del Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, sin que fuera posible hasta el cierre de esta edición. Eso sí, en su momento, el Delegado Aqueveque sí se refirió a este tema, diciendo que “vamos a llegar hasta el fondo de esta investigación y vamos a resguardar como siempre, el buen uso de los recursos públicos” y que “en caso de que existan irregularidades, se adoptarán las respectivas sanciones administrativas por parte del Estado”.
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