Recurren a la Fiscalía para investigar caso Gobierno Regional-Fundación Urbanismo Social

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Hasta la Fiscalía Regional acudió ayer el diputado Jorge Guzmán para presentar una denuncia por el caso GORE-Urbanismo Social.

Diputado Jorge Guzmán. Parlamentario pide que además, se indaguen todas las transferencias de recursos entre el GORE e instituciones privadas.

TALCA. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía Regional, en Talca, para que se investigue el caso del Gobierno Regional del Maule y la fundación Urbanismo Social, donde se entregaron 264 millones 950 mil pesos por la ejecución del programa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros” y se cuestiona el hecho de que, según una carta enviada desde la entidad privada, se habría recomendado la contratación de personas para dicho proyecto, algo que ha sido negado tajantemente por la gobernadora Cristina Bravo.
“Hemos sabido y es un secreto a voces que en la región, el Gobierno Regional condicionaba la entrega de recursos a la contratación de personeros políticos, familiares, amigos y simpatizantes de quienes ejercen hoy la administración de recursos en la Región del Maule, que es la gobernadora y eso no puede ser”, dijo el parlamentario tras presentar la denuncia en Fiscalía.
“Hay un documento escrito en que la fundación le representa a la gobernadora regional y sus funcionarios la imposición de tres personas para ser contratadas con cargo a este proyecto, restándole autonomía e independencia a la fundación en la administración de los recursos”, agregó.
De acuerdo a los antecedentes comentados por el diputado y que también están en la presentación que hizo hace un par de día un grupo de 10 consejeros regionales ante la Contraloría, pidiendo una investigación al respecto, las personas sugeridas a contratar para el proyecto son tres: Javier Ahumada, concejal de Curicó, quien no avanzó en el proceso, Aily Soto, cuñada del jefe de división del GORE, y Rodrigo Véliz, pareja de Ariosha Villarreal, quien redactó el convenio y resolución de transferencia.
“Creemos que es constitutivo de un delito y por eso la instancia para investigar y llevar a la justicia y eventualmente sancionar es la Fiscalía regional”, dijo Guzmán.
Esta denuncia y solicitud de investigación ante la Fiscalía se suma a otra iniciada de oficio en esta misma repartición para el caso del secretario regional ministerial de Vivienda, Rodrigo Hernández, y la misma fundación Urbanismo Social.
Además, está la investigación solicitada en la Contraloría por los 10 consejeros regionales y también a nivel interno con la Unidad de Control del GORE.

OTROS CASOS
El parlamentario hizo extensiva la solicitud de investigación a otros casos. “Hemos puesto a disposición todos los antecedentes y además le hemos solicitado una investigación exhaustiva de todas las transferencias de recursos realizadas por el Gobierno Regional a las fundaciones y que se entreviste a los representantes legales de estas instituciones para efecto de consultarles si a ellos también se les impuso la contratación de personas”, afirmó.
“Creemos que existen más fundaciones a las cuales se les ha exigido contratar personas”, insistió el diputado, pero sin identificar a ninguna.

GOBIERNO DE PIÑERA
Consultado Guzmán si las investigaciones que se están llevando adelante en el Maule y a nivel nacional, deberían extenderse también a la administración anterior, la del Presidente Sebastián Piñera -donde él ocupó el cargo de seremi de Gobierno-, dijo que “hay que investigar y sancionar caiga quien caiga, como lo ha dicho el Presidente”.
Agregó que “eso no significa que haya que tener defensas corporativas respecto de administraciones anteriores, tiene que sancionarse si eventualmente existen responsabilidades a quienes corresponda y eso significa investigar los años que corresponda, las transferencias que corresponda y las instituciones que corresponda”.
Enfatizó que “nunca vamos a relativizar respecto de la probidad, corrupción y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos”.