Gobierno Regional y municipios de Maule tendrán 30 mil millones de pesos de ingresos extras

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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anticipó un aumento de recursos para el Gobierno Regional y municipios del Maule, de aprobarse el proyecto de Ley de Royalty Minero (Fotos, gentileza Comunicaciones Ministerio de Hacienda).

Ministro de Hacienda. En conversación con diario La Prensa, Mario Marcel explicó que recursos serían distribuidos de manera equitativa entre las partes. Talca y Curicó quedarían fuera por tener más recaudación propia.

TALCA. Su primera visita al Maule realizó durante la semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, oportunidad en que difundió entre autoridades y dirigentes sociales iniciativas de ley que apunta a otorgar más recursos a las regiones y municipios y poder de decisión sobre los mismos.
Uno de esos proyectos es la Ley del Royalty minero, que establece la distribución de un 35% de la recaudación del cobre a los Gobiernos Regionales y municipios de todo el país.
“En el caso del Maule, se recibirían alrededor de 30 mil millones de pesos distribuidos del orden de mitad y mitad entre el Gobierno Regional y los municipios que son más dependientes del Fondo Común Municipal, que son todos, menos Curicó y Talca, especialmente aquellos rurales que tienen poca recaudación propia. Tendrían aumentos de más del 50% en sus ingresos propios permanentes”, explicó.

¿Cuándo partiría eso ministro?
“Si el proyecto se aprueba este año, partiría desde el 2024 y como es un monto que se define de manera fija (en UTM), entonces eso va a permitir que los Gobiernos Regionales y los municipios puedan financiar inversiones de más largo plazo, que contribuyan a los planes de desarrollo regional…”.

¿Qué poder de decisión tendrán los Gobiernos Regionales y Municipalidades para invertir esos recursos o tendrán que seguir preguntándole al nivel central?
“Eso tiene que ver con otra iniciativa que hemos estado explicando y que es el proyecto de Ley de Rentas Regionales, que será presentado en el Congreso durante abril… Esta iniciativa establece una serie de mecanismos que van a aumentar los ingresos propios de los Gobiernos Regionales y, por otro lado, contiene normas sobre el manejo de los recursos, transparencia y rendición de cuentas. Sobre el manejo de los recursos, la ley le daría mucha más autonomía a los Gobiernos Regionales para administrar sus recursos, similar a la que tienen las Municipalidades y empresas públicas, es decir, no estarían dentro de la Ley de Presupuesto… aumentan los ingresos, da mayor libertad para asignar esos recursos y, por otro lado, mayor exigencia de rendición hacia la ciudadanía y del manejo de los mismos”.

Ha habido un permanente reclamo de alcaldes y de los propios gobernadores y gobernadoras regionales, en el sentido de no contar con más recursos e insuficiente autonomía para invertirlos. ¿Este proyecto se encamina a solucionar eso, entonces?
“Es un reclamo que consideramos muy justificado. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos, por ejemplo, que la Ley de Presupuesto del 2022 tenía 18 páginas de glosas, o sea, de normas sobre cómo utilizar los recursos, con todo tipo de autorizaciones de distintos organismos, un verdadero laberinto burocrático. Entonces, así no se pueden gestionar las cosas; involucra un grado de desconfianza hacia los Gobiernos Regionales. En la Ley de Presupuesto del 2023, simplificamos muchos de esos mecanismos, trabajamos con los gobernadores y gobernadoras para ir removiendo las cosas que, realmente, no tenían justificación. Hicimos algún avance para este presupuesto, pero lo que se está planteando en la Ley de Rentas Regionales, el cambio es mucho más estructurado”.

REFORMA TRIBUTARIA
¿El Gobierno no se ha olvidado de la reforma tributaria, pese al rechazo en la Cámara de Diputados (idea de legislar)?
“Ciertamente no nos hemos olvidado de la reforma tributaria… lo que comprometimos hacer, fue a tener una ronda de consulta con distintos actores para hacer ajustes al proyecto; no pretendemos insistir con el mismo proyecto que fue rechazado, haremos modificaciones, con la idea de cumplir con el propósito que inicialmente tuvimos, que es tener un nuevo pacto fiscal en Chile”.

Cuando se habla de una reforma tributaria, la gente piensa que le subirá el costo de la vida, pero Ud. mismo dijo que el 97% de los chilenos no sufriría el impacto. ¿Es tan así o de manera indirecta hay costos que tendrán que pagar las personas?
“Esas cifras se refieren a la incidencia de las medidas que se estaban contemplando en la reforma y era una fracción pequeña, porque, en lo que se refiere a los impuestos personales, solo estaban aumentando los impuestos para los ingresos superiores a $4,5 millones mensuales y en ese rango hay una fracción minoritaria de la población. Lo mismo al impuesto al patrimonio superior a US$5 millones. En el caso de las empresas, la tasa al impuesto de primera categoría estaba bajando y la contrapartida de eso era la desintegración del sistema, en el sentido de separar los impuestos que pagan las empresas y las personas por los ingresos provenientes del capital, por ejemplo, las utilidades distribuidas por las empresas, pero las personas que tienen participación en el capital de empresas, también es una porción minoritaria en la población. Siempre hay gente que puede decir que el problema es que puede haber efectos indirectos, pero también hay efectos más directos por el lado del gasto, que es algo que se olvida cuando se discuten las reformas tributarias.
Esta reforma no es para recaudar más impuestos y guardarlos, es para gastarlos en aumentar la Pensión Garantizada Universal, reducir las listas de espera en los hospitales, aumentar el per cápita de la salud primaria, institucionalizar un sistema nacional de cuidados, invertir en seguridad ciudadana; todas esas cosas, a la gente le llega directamente y ahora queremos darle más atención”.