Ley 21.369. Publicada en septiembre de 2021, otorgó un año para implementar requerimientos que impone, plazo que concluye el 15 de septiembre.
TALCA. A prácticamente un mes que se cumpla el plazo estipulado en la ley 21.369, cinco instituciones de educación superior que existen en el Maule aun no cuentan con políticas y protocolos para enfrentar casos de acoso sexual, violencia o discriminación de género.
De acuerdo a la Superintendencia de Educación Superior, en la región hay 17 casas de estudios que cuentan con sus casas centrales o sedes en su territorio, (con una matrícula total de 58.168 estudiantes), y todas hicieron entrega de información.
De ellas, 12 declaran contar con algún tipo de política contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, mientras que una universidad, dos institutos profesionales y dos CFT informaron que aún no cuentan con esta nueva exigencia legal, correspondiendo estas últimas a cinco de las 21 instituciones de educación superior del país que se encuentra en esa condición.
Asimismo, destaca el hecho de que 11 instituciones (65%) ya contaban con algún tipo de políticas con anterioridad a la dictación de la Ley N°21.369, esto es, cinco universidades, cuatro institutos profesionales y dos CFT. Por otra parte, 1 CFT informó que su política fue actualizada con posterioridad a la promulgación de la ley.
En lo que refiere a la implementación de los distintos elementos que dan cuenta de la Política Integral para regulación del acoso sexual, la discriminación y la violencia de género, es posible comprobar que el mayor avance que registran las instituciones de esta región se presenta en la creación de modelos de sanción y la conformación de las unidades de implementación y unidades de sanción. Por su parte, el componente que presenta un menor nivel de desarrollo y ejecución, es la existencia de modelos de prevención y mecanismos de apoyos.
PLAZOS
Otra materia consultada a las instituciones de educación superior de la región, dice relación con los plazos comprometidos para la implementación de los distintos elementos contemplados como exigencia por la Ley N°21.369, frente a lo cual, al menos 3 instituciones proyectan que no lograrán cumplir con todos los requisitos exigidos antes de la fecha perentoria.
La Ley establece que la creación de los planes, protocolos, políticas y reglamentos que forman parte de la Política Integral, debe considerar la participación de sus distintas comunidades educativas. En ese sentido, llama la atención que cinco instituciones de la región (42%) reconozcan que ninguno de los elementos considerados haya sido elaborado de forma participativa, lo que obligará a establecer canales de evaluación, deliberación y validación, según corresponda, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos legales. Solo dos universidades reportaron que todos los instrumentos requeridos, fueron desarrollados de forma participativa.
NORMATIVA
La Ley N°21.369, que “regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior”, establece un conjunto de exigencias a las distintas casas de estudio del país, tendientes a que éstas desplieguen políticas, protocolos y modelos de prevención, investigación y sanción de las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, al tiempo que dispongan de estructuras organizacionales y mecanismos para su gestión. Todo ello, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de dichas conductas en el ámbito académico.
La ley, publicada en septiembre de 2021, otorgó a las instituciones de educación superior un periodo de un año para implementar todos los requerimientos que ésta impone, plazo que concluye el próximo 15 de septiembre.
Al analizar los resultados a nivel nacional, en base a información aportada por un total de 150 instituciones de educación superior, a junio de este año, se constató que 129 casas de estudios (89%) declararon contar con algún tipo de política contra el acoso, la violencia y la discriminación de género, evidenciando con ello un importante avance del sistema en la implementación de los requerimientos mínimos que estipula la Ley. De lo anterior se desprende que se deberá avanzar en el apoyo a los 21 planteles (11%) que informaron no contar con alguna política.
Al respecto, el superintendente de Educación Superior (s), Gerardo Egaña, señaló que “es una buena noticia saber que un 89% del total de los planteles consultados declaró contar con alguna política contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género. Sin embargo, las respuestas son más heterogéneas cuando se verifica el avance sobre la existencia de modelos de prevención y de investigación y sanción. Es importante precisar, al respecto, que la gran mayoría de las instituciones ha señalado que se encuentra trabajando en la elaboración y constitución de los instrumentos que exige la ley y que existe el compromiso de que ellos estén implementados dentro del plazo legal”.
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