Entrevista. Miembro de la Comisión Investigadora especial, al interior del CORE, se refirió al trabajo de indagación que llevan adelante y a los resultados del informe de la Unidad de Control del GORE para el Caso Convenios y Fundaciones.
TALCA. Desde septiembre se encuentra trabajando una Comisión Investigadora al interior del Consejo Regional (CORE), abocada a indagar en el Caso Convenios y Fundaciones. Se está investigando la aprobación de cuatro mil 530 millones de pesos, para distintas fundaciones, desde el 2021 en adelante, aún cuando se alcanzaron a entregar dos mil 544 millones de pesos. También se está indagando sobre la falta de rendiciones de gastos y otras situaciones anómalas que arrojó un informe de la Unidad de Control del propio Gobierno Regional. De todo esto habló con diario La Prensa, el abogado y consejero regional integrante de la Comisión Investigadora, Gabriel Rojas.
¿Cuál es el propósito de la comisión? ¿Qué resultado podría arrojar?
“Esta comisión está compuesta por George Bordachar, por quien habla, y también por Daniel Bustos. Esta comisión está sesionando semanalmente, en donde estamos teniendo conversaciones con los jefes de división, que son personas de confianza de la gobernadora, que han sido parte de todo el proceso en el cual se han asignado estos recursos a las distintas fundaciones que son parte de los más de cuatro mil 500 millones de pesos que estaban asignados a estas fundaciones que están en cuestionamiento de parte del informe de la Unidad de Control del Gobierno Regional. Lo que esperamos de esta comisión es buscar la verdad de cómo se están ocupando los recursos públicos en la Región del Maule. Existe un manto de duda terrible sobre la forma en la que se asignan los recursos, la pertinencia y el mérito que están teniendo estos recursos, también incluso hasta el vínculo que existe con algunos personeros, con la gobernadora, y la forma en la que se están entregando. Para nosotros lo más importante es que se busque la transparencia en la asignación de los recursos. Es un monto sumamente importante, no es menor. Y en eso nosotros no podemos quedar al margen de buscar la transparencia en la ocupación de los recursos públicos en la región”.
¿Tiene un período de funcionamiento esta comisión?
“Desde su constitución se estableció también un plazo perentorio, y ese plazo es de tres meses. Tres meses para el funcionamiento de la comisión, que tiene que generar un informe final que tiene que acreditar todo lo que podamos recopilar, y desde ahí, junto con entregarlo a la misma gobernadora, al Consejo Regional del Maule, en conformidad con el mérito de lo que nosotros logremos recopilar, también podemos entregarlo a todos los órganos pertinentes, incluso a Contraloría, entregando mayor cantidad de antecedentes, o si logramos dilucidar que existen algunas situaciones que puedan revestir carácter de delito, eventualmente también tenemos que entregarlo al Ministerio Público”.
Me llama la atención que usted forme parte de esta comisión, pero no del grupo de consejeros que decidió recurrir a la Contraloría para solicitar una investigación. ¿Por qué no?
“Claro, yo no fui a Contraloría en las oportunidades que fueron mis colegas. Yo respeto profundamente las acciones que ellos llevaron a cabo, pero no fui precisamente porque creo que tenía que existir esta instancia primero, y esta instancia es la Comisión Investigadora, para recopilar todos los antecedentes y entregarlos a los distintos órganos, ya sea Contraloría, Ministerio Público, a quien corresponda. Creo que no son excluyentes, sino que son situaciones complementarias. Aparte, yo creo que los colegas también marcaron un hecho político. Si bien soy independiente, mi domicilio político es en Apruebo Dignidad y creo que acá lo más importante es buscar la transparencia en cómo se están ocupando los recursos públicos. Mi afán no es personal contra la gobernadora, mi afán es que se esclarezcan las situaciones y el correcto funcionamiento del Gobierno Regional. Y déjeme decirle, que nunca se había caracterizado por tener situaciones que eventualmente pudieran empañar la transparencia en la ocupación de los recursos. El Gobierno Regional, sea de un lado o de otro, nunca había tenido este tipo de conflictos, ni al interior, ni tampoco respecto a la visibilidad ciudadana sobre cómo se están ocupando los recursos y eso lamentablemente nos tiene que llamar a una profunda reflexión sobre el tipo de liderazgo que estamos teniendo en la región”.
Respecto del informe de la Unidad de Control que dio pie a que nuevamente el grupo de consejeros acudiera por tercera vez a Contraloría, a poner más antecedentes para la investigación ¿Qué opinión le merece ese informe? ¿le entrega antecedentes contundentes, de anomalías por lo menos que están ocurriendo en el interior del Gobierno Regional?
“Este informe a lo menos nos entrega indicios que son contundentes, que pueden significar situaciones que a lo menos se podrían catalogar de irregulares, ese proceso es el que se está llevando a cabo en la investigación, y esas irregularidades son las que finalmente tienen que esclarecerse, y esas irregularidades, ya sean administrativas o que eventualmente puedan constituirse en situaciones que rayan con la legalidad, son las que tienen que determinar tanto Contraloría o el Ministerio Público, si así lo amerita el caso. Sí nos llama la atención varias situaciones al interior de cómo se llevaron a cabo los procesos administrativos. Hay que ser sumamente claro con la ciudadanía, estos son recursos que la gobernadora entregaba discrecionalmente, por su sola voluntad, no pasaban por el Consejo Regional. Muchos gobernadores incluso socializaban esto con los consejeros para no tener este tipo de conflicto; en el Maule no pasaba esto. Hubo meses en donde nosotros no tuvimos información alguna de cómo se estaban entregando los recursos, incluso tuvimos que pedir en el Consejo Regional que se nos entregara la información de cuántos recursos se estaban entregando a fundaciones, y después nos entregan todo un compilado de los recursos que ya se habían entregado meses antes. Entonces quizás si esto se hubiera hecho de una manera más transparente, de una manera más colegiada, entre la gobernadora y el Consejo Regional, las cosas hubieran sido de otra manera, pero como lamentablemente se actuó con una camarilla de secretismo y solamente a ‘dedocracia’, la gobernadora entregando recursos de una manera que nosotros no conocimos, que nosotros no discutimos y tampoco entendemos muchas veces el interés regional de los recursos que se entregaron”.
¿Qué indicios contundentes ve en este informe y que podrían constituir irregularidades o quizás incluso hasta delitos?
“Hay varias situaciones que son bastante complejas. De partida, está ya declarado incluso públicamente por la gobernadora en donde se entregaron recursos a una fundación (Semilla) en donde su hija, que es su hijastra -incluso ella lo declaró así-, trabaja. Nosotros entendemos que todas las personas que cumplimos roles de autoridad tenemos muchas veces que inhabilitarnos por los vínculos de parentesco en relación a las personas o familiares que puedan tener alguna participación en donde nosotros desarrollemos acciones dentro de nuestra labor”.
¿Ella no debió haber entregado esa asignación de recursos a la Fundación Semilla?
“Esa es una situación que se debiese determinar. Yo creo que éticamente no debió haber ocurrido. Por otro lado, tenemos la situación de que a fundaciones se le entregaron recursos y posteriormente pasaron años en donde no se realizaron los procesos para las cobranzas. Acá en la Región del Maule estamos a tres meses de que termine el año y todavía no se entregan los recursos Sociales, de Deporte, para Seguridad Pública, de Cultura. Todavía en las juntas de vecinos están esperando los recursos para colocar sus alarmas comunitarias, sus focos para iluminación”.
¿Y eso por qué ha demorado tanto?
“Gestión, gestión del Gobierno Regional. Entonces si a las pequeñas organizaciones de nuestra región se le colocan tantas trabas para entregar cuatro o cinco millones de pesos, ¿por qué hay fundaciones donde se le entregan sumas gigantes, 100, 200, 300 millones de pesos? Y pasan meses, años y no se desarrollan los procesos de cobranza. Acá estamos hablando que se habían comprometido más de cuatro mil 500 millones de pesos, de los cuales se entregaron un poco más de dos mil millones de pesos. Pero también cabe hacerse la pregunta ¿Por qué se hace esa diferencia entre las pequeñas organizaciones sociales y estas fundaciones que tampoco sabemos cómo llegan al Gobierno Regional? ¿por qué no sabemos si llegan directamente a hablar con la gobernadora, llegan caminando como cualquier junta de vecinos a pedir recursos o tienen un trato preferente y privilegiado? Esas son las situaciones que a nosotros también nos molestan, porque en el fondo entendemos que estos son recursos públicos que tienen que ir al desarrollo de la región y acá lo que estamos viendo es que estos más de cuatro mil 500 millones de pesos tenían una asignación que algunos sí tenían un profundo sentido social, pero también quedan otros que están en un abierto cuestionamiento si es que iban para el beneficio de las maulinas y de los maulinos”.
Además hay dos situaciones que devela este informe, una factura falsa de una fundación y otro caso donde aparece el alcalde de Curicó firmando una garantía por una fundación que a la que él no pertenece ni representa ¿Son situaciones que también ameritan ser investigadas?
“Completamente, a lo menos nos llama la atención que en el caso de la fundación donde está involucrado el alcalde de Curicó, donde él firmó un cheque en garantía para la ejecución de un proyecto millonario que finalmente no se llevó a cabo, da la sensación de que hay algo extraño, sobre todo que estas situaciones ocurren luego de que comunicacionalmente explota el caso convenios a nivel nacional. Entonces si los proyectos son tan importantes y beneficiosos para la región, en este caso para la comuna de Curicó y cuesta tanto conseguir recursos públicos para las organizaciones, porque una vez que ya estaban comprometidos estos recursos y estalló esto a nivel nacional, finalmente se desisten de ejecutar estos recursos, siendo que esto era en beneficio no para la fundación sino que para las juntas de vecinos y era un proyecto de seguridad ciudadana ¿Cambió la situación de la seguridad ciudadana en la comuna de Curicó? Cabe hacerse ese tipo de preguntas. Entonces desde ahí hay un profundo cuestionamiento. Cabe también preguntarse por qué el alcalde de Curicó coloca un cheque en garantía para la ejecución de un proyecto de una fundación dentro del cual él no es miembro del directorio. Por otro lado, está el cuestionamiento si es que hay un cheque o no que es falso respecto a una fundación que habría desarrollado un proyecto de cáncer mamario, de prótesis de restauración mamaria que también se está revisando y es el Servicio de Impuestos Internos finalmente el que tiene que dar un informe. Pero aquí el problema de todo esto es que, como digo anteriormente, si esto se hubiera conversado, si esto se hubiera discutido, si se hubiera visto el profundo impacto de estos recursos en las políticas públicas regionales, la historia quizás hubiera sido distinta”.
Entiendo que usted le da importancia y validez al informe que entrega la Unidad de Control. No obstante, la gobernadora, en una entrevista con nuestro medio de comunicación, le resta importancia al informe, incluso desliza o lo dice abiertamente que el jefe de la Unidad de Control no está haciendo bien su trabajo, de advertirle a ella cuando hay situaciones que corregir ¿Qué le parecen a usted esas palabras de la gobernadora? Y también preguntarle si a raíz de esto ¿ha habido cambios al interior, cambios de jefatura, alguna dinámica que se esté produciendo ahí?
“Bueno, me parece que esto es parte de lo que comentaba anteriormente. En la Región del Maule tenemos una crisis de conducción. Yo creo que el liderazgo regional no se está llevando de una buena manera y cuando hablo de liderazgo, tiene que ver con una mirada de futuro y no quedarse en la cosa pequeña. Uno como autoridad no puede estar deslegitimizando los mismos equipos que son parte del Gobierno Regional. La Unidad de Control no es un órgano político, tiene un propósito de velar que los procesos internos del Gobierno Regional se realicen conforme a la ley y no porque a ella no le guste el informe que emite la Unidad de Control del propio Gobierno Regional puede venir a deslegitimar a los funcionarios. Lamentablemente, no tan solo se ha dedicado a desprestigiar a los funcionarios de su propio Gobierno Regional, sino que incluso ya ha realizado cambios y ha sacado a funcionarios de la Unidad de Control. Por un lado, deslegitima el informe de la unidad que controla las acciones del Gobierno Regional, incluyéndola a ella como gobernadora. Realiza cambios de la unidad de funcionarios, de funcionarios de carrera del Gobierno Regional, los saca luego que emiten este informe. Deslegitima a la Comisión Investigadora de los consejeros regionales. Deslegitima a los mismos consejeros regionales que somos elegidos democráticamente, al igual que ella. Entonces acá, insisto, cuando hablo de una crisis del liderazgo regional. Aparentemente, cualquier persona que opine distinto a Cristina Bravo es una persona que está, a juicio de ella, equivocada. Y eso no puede ser. En el juego de la democracia todos tenemos que ser partes para construir un Maule entre todos y todas y no puede ser que la Región del Maule quede solo a merced de una opinión que en este caso sería de la gobernadora. Acá la política se construye entre todos. Yo soy consejero regional desde hace tres períodos y nunca había visto esto. Nunca había visto que un intendente, porque no le gustara una resolución al interior del Gobierno Regional, empezara a remover funcionarios”.
