Llamado. Trabajadores del mar llamaron a la comunidad a no comprar ni consunir productos prohibidos.
CONCEPCIÓN/TALCA. A las cero horas de ayer comenzó la veda reproductiva de la merluza común, conocida popularmente como “pescada”. Esta prohibición de captura rige para el sector pesquero en su conjunto y se ejecuta para asegurar una adecuada reproducción y desove de ese recurso, a fin de mantener su sostenibilidad en el tiempo. En el caso de la merluza, esta veda se extiende por 30 días.
Los Pescadores Industriales del Biobío, a través de la jefa de Sustentabilidad, Monse-rrat Jamett Leiva, llamaron a los consumidores a cumplir un rol fundamental frente a las diversas vedas biológicas que establece la autoridad sobre diversos recursos pesqueros, no comprando ni consumiendo pescados o mariscos frescos que se encuentren en prohibición. “Si las personas asumimos ese compromiso, estamos cumpliendo un rol central, que es decirle en la práctica a quienes actúan sacando del mar estos recursos de manera ilegal, que sabemos que es un delito y que pone en severo riesgo la salud del mar y sus recursos”, afirmó la ejecutiva.
CASO DEL MAULE
Agregó que, pese a que el 100% de las capturas de la pesca industrial son certificadas por Sernapesca cuando son descargadas en puerto, “existen muchos recursos pesqueros artesanales sobre los cuales no hay ningún tipo de visado que permita conocer si se cumplen o no las cuotas autorizadas, pues se trata de una declaración voluntaria para las naves menores. El caso más grave es el de la merluza común o pescada que está gravemente afectada por la pesca ilegal artesanal, preferentemente en la Región del Maule, donde diferentes estudios señalan que se pesca hasta 5 veces la cuota autorizada o sostenible. A ese ritmo de depredación, nuestros hijos no podrán comer merluza. Allí se hace urgente la certificación”.
Ante ello, Monserrat Jamett expuso que se requiere dotar de más y mejores recursos técnicos, tecnológicos y humanos, al Servicio Nacional de Pesca. “También entregarles una mayor protección frente a las amenazas y violencia de la que son víctimas sus fiscalizadores, por quienes operan estas mafias de pesca ilegal y lograr por ley que el 100% de los desembarques de merluza sean certificados obligatoriamente. Esto permitirá que todos los chilenos estemos seguros de que la pesca que se hace, en particular en el Maule, es sostenible y se ajusta a las cuotas de capturas fijadas por la autoridad”, aseguró.
Por último, la Jefa de Sustentabilidad invitó a los actores pesqueros, parlamentarios, ONG ambientalistas y al Gobierno a establecer un diagnóstico compartido y certero de las causas por las cuales la merluza común no logra recuperarse.
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