Subsecretario de Derechos Humanos. Autoridad de gobierno destacó la importancia del trabajo que se está realizando para determinar las trayectorias de las personas desaparecidas en dictadura y de esta manera poder ofrecer al país una verdad comprobable.
TALCA. El subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, estuvo en Talca para suscribir un acuerdo junto con la subsecretaría de educación superior y el Consejo de Universidades Estatales de Chile (Cuech). La idea es avanzar en la promoción y protección de los Derechos Humanos mediante la búsqueda y creación de mecanismos y planes de trabajo con una mirada amplia e integral en su conjunto en temas de migración, carcelarios, de niñez, personas mayores, discapacidad, género, diversidad y justicia. La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de la Nueva Galería de Arte de la Universidad de Talca y en medio de su apretada agenda, se dio tiempo para dialogar unos minutos con diario La Prensa y abordar la situación del país en materia de derechos humanos, y particularmente, la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, lanzado por el Presidente Gabriel Boric, en el marco de los 50 años del Golpe de Estado.
Y en este gran abanico de temas para trabajar ¿Cómo está el país en el tema de derechos humanos? ¿Hay un respeto a los derechos humanos y cumplimiento? ¿Cuál es la mirada que existe afuera también de nosotros?
“Lo primero que hay que decir es que todos los países están sometidos a una observación del Sistema Internacional de Derechos Humanos. En el caso de Chile, nosotros somos parte de dos sistemas muy relevantes: el de Naciones Unidas y el Interamericano. Y eso está bien, eso nos permite que cada vez que tengamos responsabilidades en el gobierno y en los distintos órganos que componen el Estado, hagamos bien nuestro trabajo. ¿Qué significa esto? Que no vulneremos la dignidad humana. Eso se traduce en un conjunto de elementos que evitemos las condiciones para que se generen vulneraciones, que formemos a la gente, a los agentes estatales, para que evitemos vulneraciones. Pero también, en la parte de la promoción, cómo sumamos a una cultura de derechos humanos vía educación, vía otras herramientas que tenemos, como por ejemplo, lo que se hizo con el Museo de la Memoria. En el contexto internacional, yo diría que Chile tiene en general una visión bastante favorable respecto a cómo hemos tratado el tema de derechos humanos, no solo porque desde el gobierno de Patricio Aylwin en adelante, ha habido un conjunto de esfuerzos muy notables que han sido replicados en otros países. Hay un conjunto de avances que ha hecho Chile y nosotros por eso tenemos una posición, yo diría, bastante relevante en el concierto internacional, en los espacios como el Consejo de Naciones de Derechos Humanos. Incluso no hay que olvidar que en la propia Declaración, que este año cumple 75 años, un chileno participó sumando la mirada de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, Chile es un buen alumno en general en el concierto internacional. Sin embargo, todos los países somos examinados periódicamente y eso es parte de la forma en que se trabaja la materia de derechos humanos. Por ejemplo, cuando ocurre el estallido, nosotros tuvimos una visita en terreno, que vienen y se apersonan acá y hacen un conjunto de levantamiento de información y entrevistas de la gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En base a eso, por ejemplo, tenemos 60 recomendaciones a las cuales tenemos que responder. Esa es la forma de trabajar. Tenemos que, cada cierto tiempo, dar cuenta de los compromisos que hemos adquirido ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos y eso está bien. Entonces, en resumen, tenemos bastantes cosas en las cuales estar orgullosos. En verdad, justicia, reparación, memoria, y garantía de no repetición. Pero por cierto, siempre se puede hacer más, no solo porque hay deudas pendientes, sino que además hay temas que se van sumando a la exigencia que como Estado y como sociedad nos auto imponemos”.
INMIGRACIÓN
Ahora, el fenómeno de la inmigración que hemos estado viendo acá como país ¿Eso nos pone en una situación delicada en términos de derechos humanos?
“Por cierto que nos pone en una situación delicada. Lo peor que uno puede hacer cuando uno se mete en la discusión de derechos humanos es negar los hechos. Y aquello es un hecho que es global, que es que el traslado de personas en el mundo, son 100 millones al año que se mueven. Son informaciones oficiales y están causados estos desplazamientos voluntarios o involuntarios por razones de fuerza mayor o por necesidad de buscar perspectivas mejores. Eso es parte de una tendencia que se ha consolidado en el tiempo. Históricamente ha habido desplazamientos de personas que buscan refugio por guerras. Pero también hay fenómenos que se están sumando como posibilidades de generación de mucho daño y mucho problema de subsistencia de la familia, como son las condiciones climáticas que obligan al mundo del campesinado a alejarse de sus tierras o de las zonas costeras. Entonces, cuando se habla de cambio climático, estamos hablando también del derecho humano. El tema de las migraciones no es un problema chileno, es un problema global, primera cosa. Segundo, nosotros como región hemos vivido dos grandes flujos migratorios en los últimos años. El caso de lo que se llama el traslado hacia Estados Unidos, que es toda una marcha que desde Centroamérica buscando mejores condiciones de vida, se trasladaron hacia la frontera mexicana e intentaron ingresar a Estados Unidos, que es una primera ola muy potente y de miles de personas. Y la segunda es la del caso venezolano, que tiene un régimen que si bien cumple con ciertos preceptos democráticos, tiene muchos rasgos autoritarios y tiene sobre todo condiciones de vida que hacen que la gente busque otras perspectivas. Dentro del concierto sudamericano, somos el tercer país en recibir más venezolanos. No somos los primeros, para que también tengamos un número en mente. Y yendo concretamente al caso chileno, la discusión de las migraciones sí es una discusión de derechos, pero en un conjunto de derechos que están siendo tensionados y que como sociedad tenemos que resolver. Aquí no hay receta mágica. Lo que hay que hacer es tener datos a firme, datos confiables, datos empíricamente comprobables y en torno a esos datos tomar buenas decisiones de políticas públicas para evitar mayores daños. Porque si uno no aborda bien los temas de la incorporación de los migrantes a la sociedad chilena, estamos prolongando un problema o postergándolo para que después nos reviente, como ha ocurrido en muchos países de Europa, donde las poblaciones migrantes se instalan en barrios y después se entra en un círculo vicioso de empobrecimiento y alejamiento en perspectiva de crecimiento familiar”.
PLAN DE BÚSQUEDA
Cuando uno habla de derechos humanos, inmediatamente se viene a la mente la dictadura. Y el Presidente Boric lanzó ahora, con motivo de los 50 años del golpe de Estado, un Programa Nacional de Búsqueda ¿En qué está eso? ¿Cómo va a avanzar?
“Primero, es nuestra prioridad número uno en materia de derechos humanos, porque es la gran deuda, tal como mencioné. De las muchas cosas que se han hecho en el pasado en términos de verdad, justicia y memoria, ésta tal vez es la gran deuda que tenemos con la sociedad después del período traumático de la dictadura, que es el caso de la desaparición forzada. El Presidente Boric ha tomado la decisión de que nosotros ofrezcamos al país una política de Estado, es decir, que nosotros le demos una respuesta, que permanezca en el tiempo y que no sea algo que dependa de la voluntad de una persona o un Ministro, un Presidente o un subsecretario, sino que sea una política de Estado, donde todo el país se sienta parte de un proceso que es relevante para empezar a mirar nuestro pasado con otros ojos. Y al haber deudas pendientes, no podemos mirar nuestro pasado con tranquilidad y queremos mirarlo con tranquilidad. No podemos pedir ni que la gente supere ni acelere su vuelo, ni que la gente pida perdón. Todas esas cosas son reacciones humanas individuales. Sin embargo, como Estado sí tenemos que garantizar que hemos hecho todo lo necesario para abordar este tema en toda su complejidad. Entonces, el Plan Nacional de Búsqueda ya es una realidad en la medida en que ya salió el decreto supremo que crea esta política pública que está radicada en el Ministerio de Justicia. Esta política pública va a congregar un conjunto de actores y esfuerzos dirigidos a resolver toda la información, clarificarla y ofrecerle a Chile una verdad totalmente comprobable, sustentada en hechos, en investigaciones, en archivos, que es la reconstrucción de las trayectorias de todas las personas que fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura. Es decir, esas más de 1.500 personas, porque muy probablemente el catastro también se ha ajustado en este proceso, cada uno de esos casos, indudablemente, debe tener toda la información disponible al servicio de la memoria de Chile. Es decir, cualquier ciudadano de nuestra patria debe poder saber qué pasó con cada una de esas personas, en qué condiciones fue secuestrado, ejecutado y hecho desaparecer”.
¿Hay una fecha para eso?
“Este es un proceso, como ha dicho el ministro (Luis Cordero), es un proceso que puede durar mucho tiempo. Sin embargo, nosotros ya estamos en condiciones de procesar mucha información para lo cual hemos hecho algunas adquisiciones acordadas con el Congreso, de herramientas de big data y de inteligencia artificial que permite procesar muchos archivos. Hay todo un trabajo que se hace respecto del cruce de archivos”.
¿Eso ya partió?
“Ya partió y es uno de los resultados de los que yo tengo tranquilidad que a nivel de gobierno podamos entregar en esta administración, la mayor cantidad de certeza respecto de las trayectorias. Pero el Plan Nacional de Búsqueda tiene otras dimensiones, que sería muy largo enumerar, pero quisiera mencionar que hay un componente muy relevante que es la participación con la familia, durante todo el proceso, familias agrupadas y no agrupadas, y además que tenemos que establecer mecanismos de rendición de cuentas ante el país, es decir que el país tiene que saber cómo estamos avanzando y de qué forma estamos trabajando para que todos los actores puedan tener la certeza de que es una política pública de Estado”.
¿El desafío es encontrarlos a todos en cuanto a su trayectoria?
“Un cosa es resolver toda la información de la trayectoria en base a la información disponible. Como es mucha información dispersa, la queremos unificar, procesar y entregar esa verdad. Pero adicionalmente hay un trabajo de coordinación para que todas las causas que requieren gestión de los poderes del Estado: Ejecutivo y Judicial, se coordinen para acelerar las pericias de las diligencias, que permitan que tengamos además la certeza de que en cada lugar donde hay presunción de que hay información relevante en términos de hallazgo, el Estado haya hecho su pega. Eso es muy importante también, y es un trabajo donde estamos codo a codo trabajando en forma muy respetuosa con la autonomía del Poder Judicial”.
¿Verdad y justicia? ¿O solo verdad?
“La justicia transicional exige verdad, justicia, reparación, memoria y garantía de no repetición, y todo lo que podamos hacer en esa dirección va a ser un avance. Estamos contra el tiempo y es nuestro compromiso”.
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