PDI allana el Gobierno Regional, la fundación Urbanismo Social y casa del exseremi de Vivienda

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Personal de la PDI allanó ayer las oficinas del Gobierno Regional, la Fundación Urbanismo Social y un domicilio del exseremi Rodrigo Hernández, en Talca.

Bajo total hermetismo. Brigada policial incautó información de valor criminalístico para la investigación que se lleva adelante sobre los convenios y transferencias millonarias con instituciones privadas

TALCA. Hasta el edificio del Gobierno Regional, frente a la Plaza de Armas de Talca, llegó ayer personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para efectuar un allanamiento con el propósito de incautar objetos de valor criminalístico, como información computacional y también antecedentes escritos. La misma diligencia también se desarrolló en las oficinas de la Fundación Urbanismo Social, y en un domicilio en la ciudad que pertenecería al exseremi de Vivienda, Rodrigo Hernández.
El operativo se enmarca en la investigación que se está llevando a adelante por el bullado caso de convenios y transferencias de recursos a fundaciones y que partió en la ciudad de Antofagasta y que luego se extendió a otras zonas del país.
Al respecto, la Fiscalía Regional del Maule abrió de oficio una investigación, la que quedó vinculada con el proceso indagatorio ya iniciado en Antofagasta.
La diligencia de ayer en Talca, ordenada por el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, y autorizada por el Juzgado de garantía de esa ciudad, se realizó bajo el más absoluto hermetismo y se prolongó por varias horas de la tarde.
Es así como en el caso del GORE, una vez terminada la diligencia, parte del personal de investigaciones abandonó el inmueble, abordando el vehículo policial sin hacer ningún tipo de declaraciones. En tanto, al término del procedimiento, un segundo vehículo ingresó hasta el estacionamiento subterráneo del GORE por calle 1 Poniente y al cabo de unos minutos salió raudamente, con más personal de la PDI y llevando consigo información relevante para los casos que se investigan.
Por parte del Gobierno Regional no hubo ningún tipo de declaración, aun cuando fue solicitada a la primera autoridad regional, Cristina Bravo (DC), a través de su equipo de comunicaciones.

GORE MAULE
El caso que se investiga sobre los convenios y transferencias de recursos a instituciones privadas, en el Maule ha cobrado ribetes de importancia.
Es así como el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional para que investigue el caso que vincula al GORE y la Fundación de Urbanismo Social y además todas los demás aportes y traspasos de recursos a otras entidades.
El asunto del GORE y Urbanismo Social, dice relación con un convenio por 264 millones 950 mil pesos para la ejecución del programa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”. Además, en este caso se cuestiona el hecho de que según una carta enviada por Urbanismo Social, desde el GORE se habría recomendado la contratación de tres personas para precisamente la ejecución del proyecto.
Todo lo anterior también motivó a un grupo de diez consejeros regionales a solicitar a la Unidad de Control del GORE toda la información sobre este y otros casos, y además a solicitar a la Contraloría Regional una investigación sobre estos hechos.

Bajo total hermetismo se llevó a cabo la diligencia en Talca, ordenada por la Fiscalía de Antofagasta.

VIVIENDA EN EL MAULE
El caso “convenios” tuvo su origen en Antofagasta con la vinculación entre la seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, lideradas por personeros del Partido Revolución Democrática (RD) y transferencias por 426 millones de pesos. Esto motivó investigar también a Urbanismo Social, con traspasos de más de 800 millones de pesos, y prontamente tuvo efectos en el Maule. En esta zona se inició una investigación al en ese entonces seremi de la misma cartera, Rodrigo Hernández (también RD), y los contratos con Urbanismo Social, donde había trabajado antes de asumir como autoridad de vivienda.
Al cabo de una primera investigación iniciada por el ministro del ramo, Carlos Montes, y que detectó incongruencia en la información entregada en cuanto a fechas en las que Hernández se habría inhabilitado para la suscripción de convenios con Urbanismo Social, y más tarde una incompatibilidad como seremi para haber habilitado a la entidad patrocinante Gestión Vivienda, que trabaja precisamente con Urbanismo Social.
Frente a esos hechos, el ministro Montes le pidió la renuncia como seremi a Rodrigo Hernández, abrió un sumario administrativo en su contra y anunció la entrega de los antecedentes a la Fiscalía.