Análisis. Sobre el 6% adicional de cotización que iría a un fondo común, Rodrigo Saens considera que es un impuesto al trabajo que, además, encarece el empleo.
TALCA. Que se hace cargo de ir mejorando las pensiones o que podría generar la precarización del trabajo, son parte de los análisis realizados por expertos universitarios al proyecto de reforma de pensiones presentado por el Gobierno.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció a principios de este mes y en cadena nacional, la propuesta de reforma previsional que contempla tres ejes, esto es, mejorar el monto de la PGU; la creación del Seguro Social, a partir de una nueva cotización de cargo de los empleadores, y el fin del modelo de las AFP, a través de la reorganización de la industria.
Entre los objetivos de la reforma, destacan mejorar las pensiones actuales y futuras, valorar el trabajo personal, fortalecer la libertad de elección de los afiliados, crear un sistema mixto, incorporar el aporte de los empleadores y dejar atrás -lo que define el Ejecutivo- “el sistema extremo que se ha mantenido en el país en los últimos 40 años”.
VISIÓN ACADÉMICA
Si bien hay acuerdo sobre la necesidad de aumentar las pensiones en Chile, el proyecto de reforma previsional planteado por el Gobierno ha generado diversas reacciones en el mundo político y académico.
Desde la perspectiva legislativa, el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Rodrigo Henríquez, explicó que, la seguridad social es un aspecto fundamental en la vida de las personas, “porque trata de solucionar las dificultades que se presentan en momentos complejos de la vida, como la vejez, la invalidez o la sobrevivencia”.
En ese sentido, el abogado laboralista manifestó que, “lo que intenta este proyecto es hacerse cargo de este conflicto que tenemos en Chile hace más de diez años, en el sentido de ir mejorando las pensiones que, claramente, han sido insatisfactorias para la gran mayoría de la población”.
Por su parte, el académico de la Facultad de Economía de la misma Institución, Rodrigo Saens, sostuvo que el principal problema que podría generar el proyecto, de ser aprobado, sería la precarización del trabajo. “Es evidente que una de las posibles consecuencias de desdibujar el vínculo esfuerzo-retribución es que aumente la informalidad laboral, la que hoy en Chile bordea el 30%”, alertó.
El economista, estuvo de acuerdo con la necesidad de aumentar el ahorro obligatorio para la jubilación, a pesar de que no coincide con el destino que se le busca dar a estos dineros. “Existe consenso técnico en que una de las causas de las bajas jubilaciones es que cotizamos poco. Si en Chile se cotiza un 10% del sueldo imponible, en el mundo OCDE dicha cifra llega en promedio a un 18% del sueldo de cada trabajador”, aseguró.
Y agregó que, “los 6 puntos porcentuales extra del sueldo imponible irían a un fondo común administrado por el Estado. Eso no es otra cosa que un impuesto al trabajo, que además de encarecer el empleo, hará que se pierda la relación entre el esfuerzo de ahorrar y la retribución que recibe el trabajador”.
ALTERNATIVA
Según planteó el economista de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens, existen otras opciones más efectivas. “El 6% debería ir a la cuenta individual de cada trabajador, para fortalecer el pilar contributivo del sistema. Por lo demás, es lo que la gran mayoría de la gente quiere, que las cotizaciones previsionales vayan a las cuentas de ahorro individual de cada trabajador”.
Para mejorar la problemática actual de los jubilados que viven con una pensión insuficiente, el académico plantea aumentar la Pensión Garantizada Universal. “Que el Estado asegure una jubilación mínima a todos los chilenos, por ejemplo, de 250 mil pesos, pero que dicho esfuerzo redistributivo sea efectuado con cargo a rentas generales de la nación (impuestos) y no con un impuesto que solo grava al trabajo”, señaló.
Además, Saens plantea que debieran existir dos entidades administrativas de los fondos para dar alternativas al cotizante. “Que se cree un prestador público (AFP Estado) que compita con las demás AFP, e incluso con otros posibles prestadores privados, como las compañías de seguro. Y que cada trabajador escoja el prestador para administrar el 16% de su sueldo”, concluyó.
Por su parte, el profesor Henríquez, precisó que aún existen algunos temas que necesitan profundización en la reforma, por lo que hay que esperar su evolución en el proceso que se lleva a cabo. “Necesita de mayor precisión en algunos aspectos, como qué pasa con la declaración y no pago de las cotizaciones”.
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