A la justicia. Tras su formalización, quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual ante Carabineros.

Curicó. Con un poder simple, Ketty Castro Cáceres cobró durante cinco años la pensión de su fallecida madre, cuyo cadáver fue encontrado descompuesto el 25 de julio del año pasado en su casa en la población Prosperidad.

El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Juan Reyes, afirmó que las pericias establecieron que la acusada usaba “documentos falsificados, los cuales tenían como motivo cobrar la pensión de esta señora hasta el año 2017”.

La autoridad policial precisó que el cuerpo de la occisa se encuentra en el Servicio Médico Legal de Concepción, donde se esperan los resultados del examen de carbono 14 desde Estados Unidos, precisando que habría fallecido entre enero y julio de 2011, descartando la participación de terceros. “Se pudo establecer fehacientemente de que esta mujer tenía una data aproximada de muerte de 10 años”, dijo.

El subprefecto Juan Reyes informó que la aprehensión de la imputada se produjo el martes pasado y que la mujer alega inocencia. “Jamás reconoció haber cometido algún delito y fue detenida afuera de su domicilio en el sector de la población Valles de Santa Fe de Curicó. En todo momento no dio a conocer antecedentes mayores del hecho”, indicó.

ALEGA INOCENCIA

No hay que olvidar que la acusada no se presentó a la formalización de cargos a principios de marzo pasado, por lo que la audiencia se reagendó para el 5 de abril, donde tampoco apareció. Debido a esa situación, se emitió una orden de detención en su contra.

Finalmente, ayer fue formalizada por los delitos de falsificación de instrumentos públicos y privados con la intención de obtener recursos de parte del Estado.

El fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, precisó que la imputada cobró el beneficio entre 2013 y 2017. “Procedió a ingresar ante la Caja de Previsión de la Defensa Nacional poderes falsos, supuestamente, extendidos por su madre, quien se encontraba fallecida”, acotó.

El persecutor contó que la acusada “se apoderó de 26 millones 556 mil pesos y asimismo la obtención de aproximadamente dos millones 300 mil pesos de otros beneficios sociales”.

La mujer quedó con las medidas cautelares de firma mensual ante Carabineros y la prohibición de salir del país por los tres meses que durará la investigación.

AYUDA DEL ALCALDE

Mientras era llevada por la PDI al Tribunal de Garantía de Curicó, Ketty Castro afirmó que “el alcalde me va ayudar con los abogados”, lo que llamó la atención.

Consultado el alcalde de la ciudad, Javier Muñoz, sostuvo que en alguna oportunidad la imputada se acercó a conversar con él. “Lo que ella me pide es que nosotros la defendamos, a lo cual le dije que no teníamos ese servicio y que existía un organismo público que es la Defensoría Penal que defiende a aquellas personas que no cuentan con los recursos para financiar una defensa particular”, aseveró.