Recurso. El 90% de la licitación se concentra en el grupo de empresas con capitales uruguayos “Delibest”, el que anteriormente ha sido acusado por malas prácticas. Un recurso de protección será el que solicite presentar una nueva propuesta pública.

SANTIAGO/TALCA. La Región del Maule está entre las seis regiones del país, además de un tercio de la Región Metropolitana, que se encuentran bajo cuestionamiento y con un recurso de protección en ciernes, por la licitación de las raciones alimenticias que otorga la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La Junaeb, que atiende diariamente a más de un millón 800 mil estudiantes, cerró los contratos de una de las licitaciones más importantes que realiza el Estado para el Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos (PAE–PAP). 

La Contraloría General de la República tomó razón de los resultados el viernes 28 de enero, con lo que a partir de marzo comenzaría la distribución de alimentos para los establecimientos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Los Lagos, Los Ríos y un tercio de la Región Metropolitana. 

La licitación adjudicó más de un millón de raciones a un costo de 242 mil millones de pesos, con los que 667 mil estudiantes, es decir, un 35% de los beneficiarios de todo el país, deberían obtener este beneficio entre marzo de 2022 y diciembre de 2025. 

Sin embargo, el procedimiento concursal que realiza la institución nunca ha estado exento de cuestionamientos; y este año la controversia se basa en que el 90% de la licitación ha sido adjudicada a la firma uruguaya Delibest, que funciona en Chile a través de UTP Casinos Nutrisalud, Alimentaciones Internacionales S.A., Fedir Chile S.A. y Saludable SpA.

El consorcio de capitales uruguayos postuló mediante la cuestionada fórmula “Multirut”, la cual permite que las grandes empresas, con varios RUT a su haber, puedan postular a la misma licitación mostrando distintos nombres y concentrando grandes porcentajes de la licitación. 

Por otra parte, estas empresas han sido denunciadas por prácticas antisindicales y la entrega de alimentos en mala calidad en licitaciones anteriores y, en esta, por el incumplimiento de las bases, lo cual hizo que la Asociación Gremial Nutrechile enviara una carta al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, para dar cuenta de esta inconsistencia. 

El señalado documento manifiesta que “presentaron cada empresa un total de 10.000 combinaciones de ofertas que en su totalidad incluyen precios de productos alimenticios para Junji e Integra, sustancialmente inferiores a los precios referenciales establecidos para dicha institución”.

Frente a esto, el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá, ha manifestado: “estamos año a año buscando la forma de ir limitando eso, nos parece que lo ideal es que cada empresa o grupo participe con una sola empresa y no con más de una. Nosotros hemos planteado que en la ley de compras pudiera revisarse la manera para restringir el acceso con distintos RUT a una misma licitación”.

Del mismo modo tanto padres como apoderados, así como la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junaeb (AFAEB), “critican que la licitación se la adjudicaran al conglomerado uruguayo”, el cual está “acusado de prácticas antisindicales y entregar alimentos en mala calidad. Se presentará un recurso de protección para dejar sin efecto la licitación y así se llame a una nueva propuesta pública”.

PRECIOS VERSUS CALIDAD 

La Junaeb señala que en este período 2022 – 2025, los alumnos “comenzarán a recibir leche líquida en reemplazo de la clásica fórmula láctea”, además de batido lácteo en base a leche o yogurt con cereales como quinoa, chía y avena; frutas y verduras; miel y huevo en diferentes preparaciones, así como productos del mar y legumbres. “Las minutas serán diferenciadas según la estación del año y variará por ubicación geográfica, incluyendo preparaciones con pertinencia regional”.

Sin embargo, la experiencia de los años dice lo contrario y las autoridades señalan que este procedimiento concursal, a todas luces no cumplirá con los estándares requeridos en cuanto a la calidad y distribución de los alimentos. Según el diputado DC, Miguel Ángel Calisto, este tipo de irregularidades “afectan directamente en la calidad de la alimentación, porque la Junaeb durante todos estos años ha privilegiado el precio por sobre la calidad y por eso hemos recibido múltiples reclamos de los apoderados respecto a esto último. Pedimos que exista absoluta transparencia y esperamos que la Contraloría y todos los organismos competentes de la fiscalización, determinen cómo funcionan estos procesos. Estas licitaciones de alta concentración lo único que hacen es empañar un programa que nos enorgullece en Chile y hacia el mundo”.

QUERELLA POR FALSIFICACIÓN 

Otro hecho de gran calibre ocurrió en la Licitación del PAE de 2021. El abogado Juan Ignacio Piña -ex presidente del CDE y en representación de la empresa Fedir SpA- presentó una querella que argumentaba que tres empresas del Grupo Aliservice aumentaron artificialmente sus Estados Financieros, lo que les habría permitido adjudicarse contratos por más de $500 mil millones (medio billón de pesos). Junto a la acción penal, se interpuso un recurso de invalidación ante la misma Junaeb, se solicitó al Ministerio Público oficiar al CDE por eventual fraude al Fisco, y llamar a declarar al Director de la Junaeb, Jaime Tohá, junto a toda la Comisión Evaluadora.

Los dos peritajes -encargados por la parte querellante- concluyeron que tres empresas del grupo Aliservice presentaron documentos adulterados para ganar la multimillonaria licitación. Se les acusó de copiar y pegar firmas en estados financieros auditados por la prestigiosa auditora internacional Deloitte, lo que les habría permitido adjudicarse el concurso público. 

Desde Aliservice, sostuvieron en agosto de 2021 que las acciones judiciales de su competidor, “asociadas todas ellas a numerosas declaraciones a través de los medios de comunicación, no son otra cosa que una manera de esconder sus propias falencias y su fracaso en el proceso de licitación”.