Acción judicial. Está dirigida en contra de todos quienes resulten responsables en el curso de la investigación, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de apropiación indebida, negociación incompatible y administración desleal.
TALCA. A raíz de una querella interpuesta por el concejal Juan Carlos Figueroa, por irregularidades financieras en la administración del recinto de la Macroferia, varios son los antecedentes que se dieron a conocer en contra de la Corporación de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Talca, la que es presidida por el alcalde, Juan Carlos Díaz.
En el documento, que fue declarado admisible, se especifica que la querella va en contra de todos quienes resulten responsables en el curso de la investigación, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de apropiación indebida, negociación incompatible y administración desleal, condenándolos a las penas máximas. A su vez, se destaca que hubo 16 meses, comprendidos entre el 31 de agosto de 2017 a diciembre de 2018, donde se realizaron cobros y pagos, equivalentes a 200 millones de pesos, los que no fueron declarados ni rendidos.
Durante ese periodo, se había estipulado que la administración sería 51% parte de la Corporación de Desarrollo Comunal y Productivo de Talca, donde el alcalde es el presidente y 49% por la Macroferia Agro Regional del Maule, lo que no se respetó y el recinto solo fue administrado por la Corporación de Desarrollo.
“Representamos junto a mi colega Jean Pierre Verdugo, la solicitud del concejal Juan Carlos Figueroa, porque creemos que, efectivamente, podría existir un perjuicio al patrimonio municipal, por lo que estimamos necesario que se investigue. Por lo anterior, presentamos la querella al Tribunal de Garantía de Talca y este la declaró admisible, se remitieron los antecedentes a la Fiscalía Local y estamos esperando que se materialicen las diligencias”, indicó el abogado Raimundo Marín.
INVESTIGACIÓN LENTA
A juicio del jurista, la investigación va a ser lenta “porque la manera en que se llevaron a cabo los delitos que nosotros entendemos que se ejecutaron, necesitan varios actos y llegar a determinar la verdad y la forma en que fueron realizados, requiere de un peritaje financiero contable respecto a los fondos de la Macroferia y de la Corporación de Desarrollo Comunal”, precisó.
Por su parte, el concejal Figueroa, quien además es presidente de la comisión de Finanzas del concejo municipal señaló que, “le pedí reiteradamente al señor alcalde una auditoría para aclarar este hecho, incluso formalmente en una reunión con la comisión de Finanzas el 3 de abril del 2019, donde junto a siete concejales y por escrito, ingresamos una solicitud a la oficina de partes para la auditoría y el señor alcalde aún no contesta. Es lamentable ver como las autoridades hacen mal uso de su potestad”, puntualizó el edil.
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