En el caso de la capital maulina, se ubica en el lugar 19° con 307 funcionarios.
Por su parte, la Municipalidad de Curicó aparece en el lugar 42° del país con 184.
TALCA. La Contraloría dio a conocer el listado ampliado de instituciones con funcionarios que, pese a estar con licencia médica, salieron de Chile en 2023 y 2024.
Entre estos está Mejor Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; el Banco Estado, Gendarmería, el MOP y la Municipalidad de Santiago. Más abajo quedaron la Subsecretaría de Vivienda, el SAG y el Metro a nivel nacional.
En tanto, en la Región del Maule, la Municipalidad de Talca es el tercer municipio del país, con más casos sumando en su conjunto 307 y en el lugar 19 del ranking nacional, en tanto que en el lugar 42 aparece la Municipalidad de Curicó, con un total de 184 casos.
El escándalo destapado por el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica, puso de relieve el abuso que existe por parte de algunos trabajadores del Estado en el uso de este instrumento, lo que incluso derivó en una investigación penal por parte de la fiscalía. La situación, repudiada transversalmente, también volvió a poner sobre la mesa las diferencias que en diversos ámbitos que existen entre trabajadores públicos y privados. Una de ellas tiene que ver precisamente con las licencias médicas, puntualmente por ciertas facilidades que tienen en este ámbito los funcionarios del Estado, lo que -a ojos de expertos- funcionan como un incentivo para su uso fraudulento.
MÁXIMO RIGOR
El caso de las licencias ha provocado rechazo en todo el arco político, y ya se han iniciado acciones por parte del Ministerio Público y del propio gobierno que ha ordenado sumarios y el envío de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Desde el ministerio de justicia el ministro Jaime Gajardo, el caso es de tal gravedad que incluso ameritan sanciones penales “nosotros creemos que en esto hay que ejercer todas las acciones que amerite nuestro ordenamiento jurídico, ya sea para perseguir las responsabilidades de tipo administrativa, como eventualmente los ilícitos de carácter penal que se estén cometiendo”.
En cuanto a la penalización de los trabajadores públicos que realizaron esta irregularidad, Gajardo aclaró que es necesario “iniciar las responsabilidades civiles por si los funcionarios o funcionarias que hayan hecho uso indebido de licencias médicas, además que es un derecho laboral y se está usando de forma no solo incorrecta, sino que ilícita tengan también que devolver los recursos que percibieron de mala forma”.
En esa misma línea, el ministro de Justicia se refirió a los casos ya informados: “Nosotros no hemos recibido una comunicación aun de la Contraloría General de la República que diga las cifras y las personas a las que hay que iniciar los procesos administrativos que nos mandata la ley y además también poner a disposición del órgano persecutor en el caso de que se esté cometiendo algún delito”.
Finalmente, al momento en que se detalle a los involucrados “arriesgan desde la sanción más gravosa, que es la destitución, es decir, que ellos son destituidos del servicio público a, eventualmente, alguna multa o sanción de amonestación”, concluyó.
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