Domingo, Noviembre 24, 2024
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Diputada Bulnes y concejala Moya piden a la Contraloría investigar a la Junaeb

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En la región. Autoridades acusan notable retraso en la ejecución del programa de servicios médicos en favor de los estudiantes.

TALCA. La diputada Mercedes Bulnes y la concejala de Talca, Melania Moya, concurrieron la mañana de ayer hasta la Contraloría Regional, para presentar una denuncia contra la Junaeb, solicitando una investigación por la demora en la ejecución del programa de servicios médicos en la región.

Hasta el mes de octubre de 2023, indicaron que el programa en cuestión apenas había ejecutado un 6,6% del total del presupuesto regional asignado, quedando considerablemente por debajo de las metas anuales establecidas por Junaeb. Esta falta de ejecución se traduce en que de un total proyectado de 10 mil 809 atenciones médicas para el 2023, hasta el mes de octubre se llevaron a cabo 132. Además, advirtieron que llama la atención que ninguna de las ocho mil 741 metas de entrega de lentes ópticos a estudiantes en la región se haya cumplido.

El programa de Servicios Médicos de Junaeb tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de los estudiantes de diferentes niveles educativos, proporcionando servicios de detección, atención y tratamiento médico especializado.

REACCIONES

La diputada Bulnes enfatizó la importancia de garantizar transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente cuando están destinados a programas de asistencia social que impactan directamente en la igualdad de oportunidades educativas. La parlamentaria expresó que “ésta es una situación grave que afecta la capacidad de aprendizaje de los niños. Los lentes, los audífonos y las prestaciones médicas son una obligación de Junaeb, que ha recibido los recursos públicos necesarios para cumplir esta misión, y sin embargo, no ha informado ni atendido adecuadamente a los niños”. Por su parte, la concejala Melania Moya, quien además es presidenta de la Comisión de Educación en el concejo municipal, se refirió a las quejas recibidas por parte de los apoderados. “Están recibiendo estos servicios con dos años de retraso, muchos niños ya están en la universidad. Nuestros niños y jóvenes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, están estudiando con graves problemas. Por lo tanto, necesitamos una pronta solución. Creemos que este es un problema nacional, y es por eso que la Contraloría debe y puede cumplir su misión de fiscalización, porque precisamente esa es su función”, dijo.

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