Querellante. El parlamentario aprovechó la instancia para reflexionar acerca de la participación que tendría la gobernadora regional, Cristina Bravo, en el mencionado caso.
CURICÓ. En conversación con diario La Prensa, el diputado por el distrito 17, Jorge Guzmán, abordó el impacto en la fe pública del denominado “Caso Convenios” y también la situación actual de la querella que presentó contra la gobernadora Cristina Bravo y el Gobierno Regional.
PROBLEMA
De acuerdo con el diputado Guzmán, el “Caso Convenios” ha afectado la fe pública, tanto a nivel nacional como regional, todo producto del mecanismo de defraudación que se repitió en 11 de las 16 regiones del país. “Está el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule (…) el contralor es sumamente categórico respecto a la situación del Gobierno Regional del Maule, donde dice que aquí existió, además de todas las faltas administrativas, casi mil millones de pesos de transferencias que se hicieron de forma directa, sin garantías para fundaciones que no tenían el giro para el cual se les pedía esta contratación, fundaciones que no tenían patrimonio y por tanto, hoy día cuando quieren recuperar los recursos, caso particular de Urbanismo Social, no tiene con qué recuperarlo”, dijo. En la misma línea, indica que el contralor nacional Jorge Bermúdez ha confirmado el tráfico de influencias en el mencionado caso, el cual está acreditado con declaraciones, nombres y documentos. “Prueba de eso es que el contralor decide remitir esos antecedentes a la Fiscalía nacional, para que se inicie también una investigación penal por el tráfico de influencias”, señaló Guzmán.
PARTICIPACIÓN
Cabe recordar que el diputado Jorge Guzmán presentó una querella por el tráfico de influencias que existió en el proyecto ligado a la fundación Urbanismo Social, “donde buscaron a través de los recursos públicos que le transfirieron a Urbanismo Social, contratar a ciertas personas que son afines políticos, familiares o simpatizantes de la gobernadora Cristina Bravo”, afirma Guzmán. De acuerdo con el abogado, aún falta determinar el nivel de participación que tuvo la gobernadora y sus jefes de división. “Viendo cómo han avanzado las investigaciones a nivel país, creemos que las formalizaciones de las investigaciones penales por estos casos en el Maule son inminentes. Prontamente debiese haber formalización, prontamente debiese haber un resultado de la investigación penal que está existiendo”, dijo.
POSIBILIDAD
Acerca de la participación de la gobernadora regional, Cristina Bravo en el mencionado caso, para el diputado dicha autoridad “tuvo una gran posibilidad” de “separarse de estos hechos de corrupción”. Añade que “ella no tomó esa decisión y, al contrario, sigue desmintiendo y respaldando la acción de sus funcionarios o más que sus funcionarios, la acción de dos personas dentro del Gobierno Regional, que son los principales implicados en el tráfico de influencia. Por tanto, nosotros concluimos que ella al tomar esa posición, pasa a ser cómplice de un hecho muy grave y, por tanto, responsable también de lo que ha acontecido en el Maule”, cerró.