Caso se arrastra desde 2009. Se originó bajo la administración del actual diputado Hugo Rey Martínez, cuando era alcalde.
CURICÓ. La suma de 92 millones 541 mil 984 pesos deberá desembolsar el municipio curicano por el despido injustificado de un extrabajador contratado por una empresa externa que instaló alarmas en casas de la villa Víctor Domingo Silva. El pago obedece a un fallo del Juzgado de Letras del Trabajo en favor del demandante José Santos Lueiza Peñaloza, quien ingresó a trabajar el 5 de octubre de 2009 y fue desvinculado de la empresa Prontec el 17 del mismo mes, es decir, estuvieron vinculados solo 13 días.
El afectado puso los antecedentes en la Inspección del Trabajo y no se llegó a acuerdo con la contraparte, por lo que recurrió a la justicia ordinaria, que dio luz verde al pago de 206 mil pesos, en resolución de fines de 2009. Sin embargo, los problemas comenzaron el 2010, pues Prontec no quiso pagar y debió responder la Municipalidad de Curicó (de manera subsidiaria), la que hizo efectiva una garantía. El detalle es que cuando se iba a hacer el pago, la deuda ya había subido a más de un millón 200 mil pesos, quedando un saldo pendiente.
PASÓ EL TIEMPO
Sobre por qué aumentó tanto el monto de la demanda, el abogado del otrora trabajador, Julio Herrera, explicó que la causa estuvo sin movimiento varios años y que al reactivarse se encontraron con la sorpresa. “Las deudas de origen laboral, por su sistema de cobranza, son bastante exorbitantes en relación a lo que se paga, ya sea por intereses o reajustes”, acotó.
En contacto con diario La Prensa, el profesional sostuvo que para que se cumpla la resolución judicial, incluso, solicitó el arresto del actual alcalde, Javier Muñoz, pero que su petición fue rechazada debido a que la causa comenzó cuando el jefe comunal era el actual diputado Hugo Rey. “Y lo voy a seguir haciendo porque procede. De hecho, ha habido otros alcaldes con orden de arresto y curiosamente ahí pagan las deudas. Si es necesario, voy a llegar a la Corte Suprema porque me parece que dejar crecer una deuda que vamos a pagar todos los chilenos es un exceso”, sostuvo.
Consultado si están dispuestos a llegar a algún acuerdo de pago con el municipio, Julio Herrera indicó que ha intentado acercamientos. “Siempre hemos estado en esa posición, pero mi representado se siente burlado porque dicen que sí y de repente que no. Entonces, se le resta seriedad”, indicó.
A HACER CAJA
Este pago se suma a los 60 millones de pesos que el municipio debe pagar a la familia de un alumno de la escuela Ernesto Castro, quien denunció falta de servicio tras ser golpeado por un compañero durante un recreo, hecho registrado en agosto de 2017 cuando los protagonistas de esta historia tenían solo seis años. Recordar que la Corte Suprema mantuvo a firme el pago de 10 millones para la madre del agredido y 50 millones para el menor.
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