Controversia. La autoridad regional descartó haber tomado contacto con la Fundación Urbanismo Social, para pedir que se contratara a determinadas personas y acusó a los medios de comunicación de emitir supuestos malintencionados.
TALCA. La gobernadora regional, Cristina Bravo, salió al paso de las informaciones que señalan que habría recomendado a la Fundación Urbanismo Social la contratación de determinadas personas para la ejecución del programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros” y por el que suscribió un convenio y traspaso de recursos por 264 millones 950 mil pesos. “Yo no recomendé, yo derivo gente que vaya a los procesos de selección, pero yo Cristina Bravo no lo hago, eso se hace a través de los jefes de división, yo no me contacto con las fundaciones”, dijo, agregando que “está por lobby, el 5 de septiembre conversé con dos personas de Urbanismo Social, el director regional y el director urbano, hablamos de las características y objetivos del proyecto, ellos plantearon su experiencia” y que “todo lo demás son supuestos malintencionados de los medios de comunicación”. “Yo no he recomendado a nadie”, insistió. Esta situación trascendió públicamente luego que se conoció una carta enviada por Pilar Goycolea, de Fundación Urbanismo Social, a la gobernadora Cristina Bravo, donde le hace saber que de los tres nombres que le recomendó para que la fundación contrate, hay uno que no pasó cierto perfil dentro de la corporación, tratándose del concejal por Curicó, Javier Ahumada, militante de la Democracia Cristiana (DC), al igual que la autoridad regional. “En los casos de Aily Soto Salinas y Rodrigo Véliz Alvarado, creemos que cumplen con el perfil requerido para el cargo de jefa de proyecto y coordinador de proyecto, respectivamente”, señala la carta, con fecha 30 de mayo. “No existe nada que acredite que yo, Cristina Bravo, gobernadora regional, he tenido contacto con alguien de esa fundación para pedirle que contrate a alguien, y ante esa situación nosotros no participamos del proceso de selección”, dijo la autoridad. Agregó que “se investigue todo lo que se tenga que investigar, tenemos toda la información disponible, no van a encontrar en ninguna parte que yo le pedí a alguien que contratara a alguien”. La aprobación y suscripción de este convenio se enmarcó en las facultades que tienen los gobernadores regionales de asignación directa de recursos de hasta siete mil UTM, asociados a proyectos o programas.
PROYECTO NO SE EJECUTARÁ
En medio de esta polémica, la gobernadora Bravo resolvió dejar sin efecto la ejecución del programa de la Fundación Urbanismo Social. Consultada por las razones para no perseverar en su desarrollo, señaló que “el proyecto no ha tenido ejecución y porque las prioridades del Gobierno Regional con esta emergencia cambiaron”. Asimismo, indicó que a la Fundación Urbanismo Social ya se le informó de la decisión de revertir la ejecución del programa, a través del área jurídica. “Yo no me contacto con las fundaciones”, insistió.
EL OTRO CASO
Este caso que vincula a la fundación Urbanismo Social con el Gobierno Regional salió a la luz pública luego que esta misma organización apareciera involucrada en otro contrato con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, tanto en Antofagasta como acá en el Maule, por 824 millones de pesos en total. Al respecto, el Ministro del ramo, Carlos Montes, decidió abrir una investigación sumaria en contra del secretario regional ministerial de esta cartera en el Maule, Rodrigo Hernández, quien antes de asumir como tal trabajó en la mencionada fundación y que asegura haberse inhabilitado cuando ya en su periodo como seremi hubo que suscribir dichos convenios. Sobre esto mismo, la Fiscalía Regional también inició una investigación de oficio, la que quedó vinculada al proceso que se lleva en Antofagasta que fue donde primero se supo de esto. En todo caso, en dicha región todo partió cuando se tomó conocimiento del convenio entre la cartera de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, por 426 millones de pesos, investigándose la comisión de delitos como tráfico de influencias y fraude al fisco.
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