A más de diez años del bullado caso. Si bien la denominada arista penal se encuentra más que “cerrada”, hay otra que todavía se mantiene vigente, ligada a acciones desde el ámbito administrativo, en este caso, por parte del propio municipio de Curicó. En conjunto, se trata de una cifra que supera los 21 millones de pesos.
CURICÓ. A pesar de que ya ha transcurrido más de una década, el denominado caso de los “Concejales Viajeros” sigue dando que hablar. Si bien la denominada arista penal se encuentra más que “cerrada”, hay otra que todavía se mantiene vigente, la cual está ligada a acciones desde el ámbito administrativo, en este caso, por parte del propio municipio de Curicó.
ACTUALES EDILES
En la más reciente sesión ordinaria del concejo municipal, esta vez los actuales ediles tuvieron que pronunciarse respecto a resoluciones emanadas desde la Contraloría General de la República, una de las cuales dice relación a las acciones llevadas a cabo por el municipio, a través del alcalde, destinadas a conseguir la devolución de dineros que algunos exconcejales siguen adeudando, montos ligados precisamente a gastos por viajes que en su momento hicieron en comisión de servicio al extranjero.
PRONUNCIAMIENTO
El director jurídico del municipio, el abogado Juan Barrera, fue el encargado de informar que la Contraloría le había solicitado al actual concejo municipal un “pronunciamiento formal”, respecto a la “responsabilidad administrativa” que tendría el alcalde Javier Muñoz en dicho caso.
Si bien la Contraloría estima que el jefe comunal de Curicó sí tiene responsabilidad, en definitiva, el concejo manifestó lo contrario, sobre todo tomando en consideración las demandas que en su momento fueron ingresadas por el propio municipio, durante el 2021, precisamente destinadas a lograr la devolución de los dineros adeudados.
El resultado de la votación que realizó el actual concejo será informado a la Contraloría por el secretario municipal Juan Rafael González, adjuntando la correspondiente acta. Por un tema médico, en dicha sesión no estuvo presente el propio jefe comunal, Javier Muñoz.
DETALLE
Se trata de acciones legales en contra de cuatro exconcejales: Enrique Soto (el monto a retornar es de 7 millones 79 mil 77 pesos), Julieta Maureira (960 mil 691 pesos), Nelson Trejo (6 millones 840 mil 44 pesos) y Luis Rojas Zúñiga (6 millones 939 mil 854 pesos).
En conjunto, la cifra supera los 21 millones de pesos. Si bien en primera instancia, el municipio les informó por escrito respecto a los montos que debían devolver, los citados exconcejales hicieron caso omiso de tal solicitud. Por lo mismo, el municipio procedió a ingresar la demanda, en específico, en el Primer Juzgado de Letras de Curicó.
Cabe señalar que los demás exconcejales que en su momento fueron interpelados, llevaron a cabo la devolución de los montos que se les exigieron, por lo mismo, no forman parte del grupo que sí fue demandado.
ARGUMENTOS
Si bien los exconcejales alegaron la prescripción de tales deudas, en definitiva, tal argumento fue rechazado en todas las correspondientes instancias legales. Otro de los puntos que recalcan pasa por el resultado que ya se presentó en la arista penal, donde en términos coloquiales quedaron “libres de polvo y paja”.
PRÓXIMO CAPÍTULO
Por lo pronto, el siguiente “capítulo” de esta larga historia está agendado para el próximo 18 de julio, cuando el Primer Juzgado de Letras de Curicó lleve a cabo una audiencia de conciliación (que será de carácter remota), donde las partes involucradas podrían arribar a un acuerdo.