Culpable. Manuel Ávila González atacó mortalmente a la joven en noviembre del 2020, sin causa ni motivo justificado.
TALCA. A la pena de presidio perpetuo simple fue condenado Manuel Andrés Ávila González como autor del femicidio de Lhysbet Ninoska Ureta Méndez, de 20 años de edad, cometido en noviembre del 2020 en un domicilio del barrio norte de esta ciudad.
En fallo unánime, el tribunal -integrado por los magistrados Wilfredo Urrutia Gaete (presidente), Jorge Gutiérrez González y Gretchen Demandes Wolf- le aplicó, además, las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del sentenciado y la de sujeción a la vigilancia de la autoridad por los cinco años siguientes al cumplimiento de la pena principal, consistente en declarar antes de ser puesto en libertad, el lugar en que se propone fijar su residencia; dar aviso con antelación a Carabineros del cambio de ésta y adoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios conocidos de subsistencia.
Asimismo, deberá cumplir la pena de cuatro años de presidio, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. Mientras que, por el delito de tenencia ilegal de municiones, deberá purgar la pena de 817 días y las accesorias de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena.
De igual forma, Ávila González deberá cumplir la pena de 7 años de presidio por el delito frustrado de homicidio en contra de Pedro Andrés Gutiérrez Jara, cometido en septiembre de 2020.
LOS HECHOS
El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que existía una relación sentimental entre el condenado y la víctima, desde a lo menos del mes de agosto de 2020, con convivencias esporádicas, habitando un domicilio de la villa Condominios de Lircay en Talca. En tal contexto, durante la madrugada del 1 de noviembre del 2020, “encontrándose ambos en el domicilio señalado, el sentenciado, sin causa ni motivo justificado, agredió de forma reiterada a la víctima en diversas partes de su cuerpo, principalmente en su cabeza, golpeándola con la empuñadura de una pistola y con un elemento cortante, hecho que la llevó a que aproximadamente a las 5:00 horas buscara refugio, encerrándose en el baño del inmueble, lugar desde el cual contactó a Carabineros pidiendo auxilio, sin lograr entregar información precisa de su ubicación.
La resolución judicial agrega que, posterior a ello, el acusado continuó agrediéndola, ocasionándole, en definitiva, casi una veintena de lesiones. La causa de la muerte de la joven fue una anemia aguda y traumatismo cráneo encefálico facial “que, con auxilio oportuno, pudo haber salvado la vida de la víctima”.
En el escrito judicial, se dejó constancia que el condenado mantenía en el domicilio municiones y una pistola.
De igual forma, el tribunal logró acreditar otro delito en el que Ávila González tuvo participación, en el que agredió violentamente a otra persona, quien resultó con un TEC grave, con severas secuelas neurológicas en evolución; lesiones que, sin mediar socorros médicos oportunos y eficaces, le hubieran ocasionado la muerte.
En lo correspondiente a la parte civil, el tribunal acogió la demanda interpuesta por Macarena Méndez Reyes y Josefina del Carmen Reyes Riquelme, debiendo el demandado Manuel Andrés Ávila González pagar la suma de cien millones de pesos, por concepto de daño moral.
REACCIONES
La directora regional del Sernameg, Ana Cecilia Retamal, señaló que “con esto, estamos cerrando un proceso de acompañamiento a la familia, con quienes hemos estado en permanente y constante comunicación… esta sentencia debiese ser ejemplarizadora para que, hechos como este de violencia extrema, nunca más vuelvan a ocurrir”.
El fiscal José Luis González, señaló que “el éxito del juicio, está no solo en obtener una condena (…) sino que el tribunal sienta también en su corazón lo terrible del delito y decida imponer una pena mayor; esa es la parte que la familia de la víctima y todas las personas que forman parte de este proceso, están muy conformes”.
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