Se espera su aprobación. “Es un proyecto importante y necesario en un país que retrocede a pasos agigantados en competitividad económica”, advirtió la senadora Carmen Gloria Aravena.
VALPARAÍSO. El Senado votará este martes el proyecto que ratifica la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés, y más conocido como TPP-11), según consignó radio Cooperativa.
Aunque esta iniciativa -que lleva cinco años en el Congreso- ha generado división en el oficialismo, se espera que este martes estén los 26 votos necesarios para que sea aprobado y ratificado por mayoría simple en la Cámara Alta.
En la víspera de la votación, la senadora Carmen Gloria Aravena (independiente-RN) indicó que espera que el TPP-11 sea aprobado, dado que, en su opinión, es un proyecto “importante y porque, como nunca, es necesario en un país que retrocede a pasos agigantados en competitividad económica”.
“Hoy el país está muy complicado, con una crisis sin precedentes, por lo tanto esta es una herramienta más de las muchas que debieran implementarse para poder mejorar nuestros intercambios comerciales y poder ponernos a la altura de la mayoría de los países que ya lo firmaron”, puntualizó la parlamentaria.
Además, Aravena lamentó el “manto de dudas respecto del TTP-11 que ha sido muy nefasto”, realizando un emplazamiento a funcionarios del Gobierno por esta situación: “no han sido capaces de aclarar los beneficios que este tratado tiene”, cuestionó.
TRATADO
Cabe recordar que tras la aprobación de Malasia la semana pasada, Chile es el único de los firmantes que falta por confirmar su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que abarca un mercado de casi 500 millones de personas -el 13 por ciento del PIB mundial- y es uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo.
Quienes defienden el tratado resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 “líneas arancelarias” (subproductos) y que generaría ingresos anuales para el país de 1.200 millones de dólares.
Para sus detractores, el tratado “recorta el espacio de los Estados para llevar adelante sus políticas públicas” y otorga a las trasnacionales derechos a demandar a los Estados en instancias arbitrales internacionales, una especie de tribunales “ad hoc”.
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