Homicidio por omisión e inhumación ilegal. Aquello dependerá de los resultados que arrojen los peritajes aún pendientes.
CURICÓ. Durante la semana en curso hubo novedades desde el ámbito judicial relacionadas al caso de la señora Ketty de las Mercedes Cáceres Guerrero (91), cuyo cuerpo ya sin vida y en estado de momificación, fue encontrado la tarde del 25 de julio del año pasado, al interior de una vivienda en la población Prosperidad. Corresponde a un hecho que -recordemos- ha concitado un interés de carácter nacional, ya que dejó al descubierto un lamentable y dramático caso de abandono.
El pasado miércoles fue formalizada la hija de la citada mujer: nos referimos a Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, a quien se le acusa de haber cobrado por años la pensión de su ya fallecida madre.
ANTECEDENTES
Los antecedentes incluidos en la respectiva carpeta de investigación señalan que, valiéndose de documentos falsos, Ketty de las Mercedes Castro Cáceres “simuló” ante la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) que su madre aún permanecía con vida, generando mandatos que le permitían cobrar una pensión (un montepío que recibía su progenitora, que ascendía a 576 mil pesos brutos mensuales), acción que habría llevado a cabo entre el 2013 y el 2017. Por lo mismo, Ketty de las Mercedes Castro Cáceres fue formalizada por el delito de falsificación de documentos, tanto públicos como privados, con la intensión de obtener recursos por parte del Estado. Respecto a los montos, además del propio montepío, la ahora imputada también accedió a dineros relacionados con otros beneficios sociales, los cuales en conjunto suman cerca de 29 millones de pesos.
EN CURSO
Pero como se trata de una causa que presenta una investigación “aún en curso”, dependiendo de los resultados que arrojen los peritajes aún pendientes, la hasta ahora única imputada podría ser formalizada por otros delitos: homicidio por omisión e inhumación ilegal. Al respecto, en contacto con diario La Prensa, el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, indicó se está a la espera de las conclusiones que se infieran o deduzcan gracias al análisis que se está llevando a cabo al cuerpo de la anciana, el cual por estos días permanece en el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción. Entre los estudios por realizar, se encuentra “la técnica del Carbono 14”, que debería arrojar más luces “sobre la data y la causa” del fallecimiento, además de establecer si hay o no “intervención de terceros” en dicho deceso. “Esos antecedentes están ahora en proceso. Del análisis de ellos, serán los próximos pasos ante eventuales formalizaciones”, dijo. “Todavía queda por investigar las circunstancias que rodean el fallecimiento, si hubo o no participación de terceros”, acotó.
DETALLE
Respecto al homicidio por omisión, se tendría que establecer si es que existe o no responsabilidad relacionada a una “falta de atención”, en este caso, con la víctima. En otras palabras, se necesita poder determinar si la respectiva persona “no hizo nada” para evitar “que ocurra una situación” (por ejemplo, un desenlace fatal).
Sobre la inhumación ilegal, Gajardo señaló que por norma sanitaria existe una figura en el Código Penal que, en términos generales, indica que toda persona que fallece, debe ser sepultada. “Son normas de convivencia social sanitaria, digamos, que ordenan la vida en sociedad (…) Y, además, debe ser inscrito en el Registro Civil, porque de ahí deriva la finalización de la vida civil de una persona y otras consecuencias, como en este caso, si es que hubiese estado el certificado de defunción de esta señora, esas pensiones no se hubiesen cobrado”, recalcó.
“AYUDA”
Cabe señalar que el desarrollo de la aludida audiencia de formalización estaba fijado para el martes de la presente jornada, cita a la que Ketty de las Mercedes Castro Cáceres no se presentó. Por lo mismo, se emitió una orden de detención en su contra, acción que llevaron a cabo detectives de la PDI de Curicó aquel martes por la tarde. Ya al otro día, a su salida del cuartel ubicado en calle Rodríguez, a fin de “enfrentar a la justicia”, dicha mujer manifestó de manera escueta, a los medios de comunicación presentes, que “el alcalde” la iba a “ayudar” con los abogados.
Ante ello, el propio aludido, el jefe comunal Javier Muñoz, salió al paso de tales dichos, recalcando que, si bien, efectivamente aquella mujer se había acercado a él, oportunidad donde dio a conocer de quien se trataba, en lo particular le habría solicitado “que el municipio la pudiera defender” en el ámbito legal. “Yo le dije que como municipalidad no teníamos ese servicio”, indicó. Por lo mismo, en tal encuentro le brindó “una orientación”, recalcándole que existía un organismo, que es la Defensoría Penal Pública, “el cual defiende a aquellas personas que no cuentan con los recursos para financiar aquello”. Reconoció además que ya tenía conocimiento de ella, porque se trata de una persona “que participaba mucho en agrupaciones de mujeres” y en “diferentes organizaciones”.
ENAJENACIÓN
Otro punto que llamó la atención durante el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos fue que, a petición del propio Ministerio Público, el Tribunal de Garantía de Curicó rechazó la solicitud de suspensión de procedimiento, que había sido solicitada por la defensa de la ahora imputada, aduciendo una posible enajenación mental. Finalmente se fijó un plazo de investigación para dicha causa de tres meses.
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