Contexto. Afectadas no descartaron demandar al Estado, por procedimiento que las mantuvo bastantes meses con arresto domiciliario total.
CURICÓ. En noviembre del año 2019, en pleno “Estallido Social”, se denunció que desconocidos lanzaron objetos incendiarios en el frontis de la vivienda de la otrora autoridad de la policía uniformada, ubicada en calle Rodríguez.
El entonces prefecto, Albo Borroni, sostuvo que “llegó información de que había una barricada con neumático encendido. Cuando llega carabineros a chequear esa situación había una persona que manifestó que momentos antes iba a su trabajo y observó el neumático encendido que estaba pegado en el portón de las casas fiscales que se estaba incendiando”, apuntó.
Tras algunas diligencias, fueron detenidas una mujer y su hija, quienes fueron formalizadas por el hecho.
Dos años después, se llevó a cabo el juicio en el Tribunal de Garantía de Curicó, donde se determinó la absolución de las imputadas, quienes desde un principio negaron su participación.
CONFORMIDAD
Uno de los abogados defensores, Víctor Bahamondez, se mostró satisfecho con la resolución, pues sus defendidas debieron cumplir más de medio año con arresto domiciliario total y luego parcial, lo que les provocó un daño físico y sicológico.
El profesional precisó que nunca hubo pruebas concretas en su contra, por lo que “el Ministerio Público solicitó la absolución de los cargos. Con esto queda claro que no eran culpables del principio de incendio y queda claro que funcionarios policiales en el estallido social tomaban personas detenidas y se les imputaba un delito x para justificar los procedimientos”.
Bahamondez sostuvo que la calidad de vida de las mujeres fue muy perjudicada. “No podían desplazarse, para ir a un control médico teníamos que solicitar una autorización al tribunal. Para la rendición de la PSU de la joven también se tuvo que pedir autorización”, acotó.
ACCIONES
Por tal motivo, el profesional no descartó que se presente “una demanda contra el Estado por los perjuicios ocasionados. Hay que evaluar esa situación”, dijo.
En tanto, el otro abogado de las mujeres, Óscar Vargas, señaló que fueron víctimas de una investigación deficiente. “Que parte con una detención bastante irregular, que comienza con un control de identidad. Luego, incluso en la carpeta hay un testigo protegido, una técnica bastante dudosa y cuestionable”, aseveró.
Agregó que ellas pasaron una situación muy delicada donde, en su momento, “la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, siendo rechazada por el Tribunal de Garantía”.
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