El organismo entregará asesoría y representación jurídica -“también asistencia sicológica y social”- a los afectados por la inseguridad, afirmó el Presidente Piñera.
Busca crear, además, “una única institucionalidad, bajo el alero de una política nacional de acceso a la justicia”, sostuvo el Minju.
El Presidente Sebastian Piñera, junto a diversas autoridades del Gobierno, presentaron este domingo el proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
La iniciativa legal, busca implementar una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, principalmente en ayuda de las víctimas.
“La Defensoría de las víctimas prestará asesoría y defensa jurídica a las víctimas de delitos y también les prestará asistencia sicológica y social, con una especial preocupación de las víctimas de delitos contra la vida, la integridad física o síquica, la integridad sexual y la libertad”, anunció el Mandatario.
Al respecto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que “la presentación de este proyecto nos permite cumplir con uno de los compromisos de la Agenda Social del Gobierno, que es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, con una mejor justicia enfocada en las necesidades jurídicas ciudadanas”.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, advirtió que se busca “crear una única institucionalidad, que hoy está dispersa en distintos ministerios, servicios y programas, bajo el alero de una política nacional de acceso a la justicia”.
Valenzuela explicó que “con ello se estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral (despidos, por ejemplo), de familia (pensiones de alimentos), civil (contratos de arriendo) y penal (víctimas de delincuencia)”.
Aspectos centrales del proyecto de ley
Dentro de los aspectos principales del proyecto, está la creación de un nuevo organismo que reúna, coordine y sistematice la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía.
De este modo, se realizará una contratación a nivel nacional de abogados que puedan asesorar y representar a personas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos.
También estarán consideradas cuatro líneas de acción, la primera -y de manera general- es desarrollar la oferta programática que actualmente tienen las Corporaciones de Asistencia Judicial, en materia civil, laboral, de familia, entre otros.
En segunda instancia, se estipuló la defensoría de víctimas de delitos, por lo que se entregará asesoría, defensa y representación jurídica a todas las personas naturales que han sido víctimas de delito, otorgándoles, además, apoyo psicológico y social para enfrentar y superar las consecuencias del hecho.
Como tercer punto, en la línea de derechos humanos, se considera la asesoría y representación jurídica a personas cuyos derechos de lesa humanidad han sido vulnerados o se encuentren en amenaza, tanto en sede administrativa como judicial (ejercicio de acciones constitucionales).
Y como último punto, se mencionó la línea especializada que contempla toda la oferta programática diseñada para abordar las necesidades y problemáticas que afecta a algún determinado sector de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, el Programa Mi Abogado en niños, niñas y adolescentes, y Defensa Integral de Adulto Mayor.
Creación de la Defensoría de Víctimas de Delitos
Dentro de la institucionalidad ligada al proceso penal, hoy no existe una única institución pública que se haga cargo de la defensa de la víctima, situándola así en una condición de desigualdad judicial frente a los intereses del Ministerio Público -que no son siempre coincidentes con los de la víctima- o del mismo imputado, que goza de defensa pública si así lo requiriese.
Por lo que se busca potenciar el rol de la víctima en el proceso penal, con foco en la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de delitos, considera la representación jurídica y la atención psicológica y social, a personas naturales que carezcan de defensa en su rol de víctimas en materia penal.
Consejo Nacional de Acceso a la Justicia
Con el objeto abordar los desafíos de acceso a la justicia de mediano y largo plazo, generando políticas públicas que aborden las problemáticas de manera sistémica y coordinada, se crea un Consejo Nacional integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil.
En el que se plantea el desarrollo de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, con una duración de cinco años que permita avanzar en acciones, medidas y programas concretos, que materialicen los objetivos estratégicos propuestos por el Consejo Nacional, y que se implementen a nivel regional.
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