Colaboración. La autoridad ha estado en tela de juicio luego de que el tribunal la declarara como imputada en el Caso Fundaciones.
TALCA. Días complicados están viviendo en la Gobernación Regional, luego que por parte del tribunal y el fiscal adjunto de Antofagasta, declarara a Cristina Bravo, gobernadora regional del Maule, como imputada por el delito de malversación de caudales públicos. Pero volviendo atrás, ¿Cómo comenzó todo esto?
CONTRATACIÓN DE PERSONAS
Según lo descrito y expuesto hacia el tribunal por parte de la querella interpuesta por parte del diputado Jorge Guzmán, la Fundación Urbanismo Social llegó a un convenio con la Gobernación Regional, por un monto superior a los 260 millones de pesos, siendo planteado hacia la fundación por parte del Gobierno Regional, la contratación de personal, a un concejal de la comuna de Curicó, Javier Ahumada, que según lo expresado en el documento, era imposible contratar debido a su “función pública de representación popular”.
Dos de los otros candidatos, fueron aprobados, sin embargo, tenían vínculos directos con el Gobierno Regional, al ser familiares, tanto directos como indirectos de trabajadores del GORE.
La gobernadora se refirió a este tema en un punto de prensa y recalcó que no se contrató a nadie, afirmando que los recursos están protegidos a nivel judicial: “No se contrató a nadie, no se avanzó en el proyecto y los recursos están resguardados por parte del tribunal, porque nosotros hemos hecho las gestiones para que así sea”, declaró Cristina Bravo.
LA QUERELLA
Antes que el tribunal declarara a la gobernadora como imputada, no existía claridad de quién era o eran los responsables de estos delitos, por lo que se apuntó a la cara visible del Gobierno Regional. Sin embargo, en la querella no existe una atribución directa, sino que y según lo declarado por el diputado Guzmán en conversación con diario La Prensa, es hacia quienes resulten responsables.
“Mi querella y la ampliación de esta misma es contra quien resulte responsable. Yo no presenté una querella hacia una persona determinada, sin prejuicio de aportar los antecedentes que tengo a disposición”, declaró Guzmán.
Sin embargo, es la misma gobernadora quién, y según lo expresado hacia los medios, fueron ellos, mediante su abogado, Roberto Celedón, quienes solicitaron al tribunal, la calidad que poseía en el caso, lo que fue expresado por el fiscal adjunto de Antofagasta, hacia el tribunal en la Región del Maule que: “Cristina Bravo Castro, tenga la calidad procesal de imputada en esta investigación”.
FORMALIZACIÓN
En todo este proceso, la Policía de Investigaciones allanó en dos ocasiones las dependencias del Gobierno Regional, en donde incautó un celular y un computador, y por ahora se espera el informe de la investigación, que en estos momentos no se encuentra en la causa, por lo que, hasta el cierre de esta edición, la causa no ha sido formalizada, pero eso es lo que se espera.
DISPUESTA A COLABORAR
En un punto de prensa realizado en Talca, la gobernadora refiriéndose a su calidad de imputada, recalcó que desde el primer minuto estuvo dispuesta a colaborar con la causa. Asimismo, aseguró que el Ministerio Público puede solicitar lo que estime conveniente. “Estamos disponibles a prestar todas las declaraciones y todo lo que el Ministerio Público pida. Computadores, celulares, documentación, estamos dispuestos a entregar todo lo que se nos solicite”, declaró Bravo.
EL ROL DEL DIPUTADO
Respecto a su participación al interponer la querella contra quienes resulten responsables, en específico, por el Caso Fundaciones, el diputado Jorge Guzmán aseguró que uno de los roles principales de un parlamentario es fiscalizar.
“Nosotros tenemos un rol, jugamos el rol legislativo y fiscalizador. En este último no solamente he presentado denuncias o querella por lo que pasa con la gobernadora, sino que también lo he hecho con alcaldes, servicios que funcionan de mala forma, porque es parte de mi trabajo”, cerró el parlamentario.
¿QUÉ SIGUE?
Con lo dicho anteriormente, los pasos a seguir serán los que disponga el Tribunal y la investigación que ya pasó a manos del Consejo de Defensa del Estado, que está al tanto de la situación. Junto a esto, se espera que se formalice y empiecen a tomarse las medidas que el fiscal a cargo y el tribunal estimen convenientes.
¿PLAZOS?
No existe una fecha exacta, ya que, si bien muchos se preguntan debido a que estamos en un año de elecciones, la justicia no trabaja a la misma velocidad que la política, por lo que esto podría durar desde una semana hasta años. Por lo que habrá que esperar que el tribunal se exprese a este caso.
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