Polémica crece. Integrantes del CORE solicitan identificar las acciones emprendidas por la gobernadora, para investigar el controvertido convenio y además piden peritajes informáticos para esclarecer la interrupción de una plataforma digital de acceso a documentación.
TALCA. Los consejeros regionales que el martes acudieron a la Contraloría para pedir que se investigue el caso Gobierno Regional (GORE)-Fundación Urbanismo Social, ayer nuevamente se presentaron en el organismo fiscalizador para entregar más antecedentes e insistir en su investigación.
El caso en cuestión dice relación con un convenio y transferencia de 264 millones 950 mil pesos desde el GORE a la fundación Urbanismo Social, para la ejecución del programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros”, y para lo cual habría existido -según carta de la fundación- una recomendación de parte del Gobierno Regional para la contratación de tres personas para el desarrollo de la iniciativa, algo que ha sido negado tajantemente por la gobernadora Cristina Bravo.
“El primer antecedente es la declaración pública del concejal Javier Ahumada, esa declaración viene a confirmar la gravedad de nuestra denuncia en torno a que efectivamente reconoce haber solicitado ayuda a la gobernadora regional y que habría sido contactado desde el Gobierno Regional para posteriormente ser vinculado con la fundación”, señaló el consejero Patricio Ojeda, en representación además de los otros nueve integrantes del CORE: César Muñoz, Giovanna Paredes, Cecilia Parham, Paola Guajardo, George Bordachar, Mirtha Segura, Juan Muñoz, Daniel Bustos y Patricio Lineros. “El modo con el que logró llegar a la fundación es claramente a través de la solicitud que hiciera al Gobierno Regional”, agregó.
PLATAFORMA CAÍDA
Del mismo modo, Ojeda entregó antecedentes de otra situación y que les preocupa de sobremanera. “Le hemos venido a explicar al contralor que hemos tomado conocimiento de que una plataforma de gestión de documentos del Gobierno Regional, que se trabaja a través de un software, estuvo suspendida desde el viernes 30 de junio, de manera muy sospechosa, porque la verdad es que esta plataforma opera en el Gobierno Regional desde hace ya cinco años y nunca había sufrido algún tipo de interrupción, sin embargo, a partir del viernes 30, los funcionarios y las distintas unidades no tuvieron acceso a la documentación que ingresa y a la que se envía”, dijo.
Señaló que se enteraron de esta situación, luego de escribirle un correo electrónico al jefe de la unidad de control, consultando por el curso de la solicitud que habían hecho el martes en cuanto a disponer de toda la información concerniente a las transferencias de dineros realizadas a distintas organizaciones privadas. La respuesta recibida fue que no se había podido acceder a los documentos debido a la interrupción del funcionamiento de la plataforma. “Hemos pedido peritajes informáticos que muestren si efectivamente concurrieron o no temas técnicos que hicieron que casualmente el viernes 30 este sistema dejara de operar o, a lo menos, estuviera inhabilitado para el acceso de los funcionarios y las distintas unidades”, señaló.
ACCIONES DE LA GOBERNADORA
Asimismo, el grupo de consejeros, mediante el ingreso de un nuevo documento, solicitó al contralor que identifique las acciones que la gobernadora habría llevado adelante, a partir del 30 de junio, en virtud de los antecedentes que conoció por escrito por parte de Urbanismo Social.
“Queremos saber si la gobernadora actuó conforme a sus atribuciones, de esclarecer los hechos inmediatamente dentro del Gobierno Regional, o se puede sospechar algún vínculo, alguna complicidad de la omisión de esos actos. Esperamos que la gobernadora haya hecho uso de sus facultades y por lo tanto esperamos que ella sí haya iniciado algún proceso que buscara conocer los antecedentes con mayor profundidad”, afirmó Ojeda.
Al respecto, agregó que “toda autoridad pública, todo funcionario público, que toma conocimiento de un hecho que pueda eventualmente constituir una irregularidad, un delito, tiene la obligación de remitir los antecedentes al Ministerio Público o al menos iniciar una investigación sumaria en la misma institución que dirige”.
RETIRO DE NOMBRE
En la misma conversación con los medios de comunicación, el consejero Ojeda informó de una comunicación recibida por parte del jefe de división del GORE en la que fija un plazo hasta el 12 de julio para que retiren su nombre de la denuncia interpuesta ante la Contraloría. “Lamentamos su accionar, él debe entender que estamos haciendo uso de nuestras potestades legales de fiscalizar los actos del Gobierno Regional, por lo tanto nos asiste la obligación de venir a aportar estos antecedentes”, expresó el consejero, agregando que “si él quiere hacer uso de sus derechos legítimos de concurrir a la justicia, que lo haga, pero no nos venga a ofrecer plazos para que podamos intimidarnos y retirar el nombre, porque el nombre no lo hemos puesto nosotros, el nombre sobre la mesa lo puso Urbanismo Social en donde a él lo identifican como uno de los funcionarios que fue a solicitar que se contratara a algunas personas en esa fundación”. Al respecto, cabe consignar que a través de su equipo de comunicaciones, se volvió a insistir para recoger la opinión y punto de vista de la gobernadora Cristina Bravo, pero sin éxito hasta el cierre de la edición.
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