Buscan concretar una “demolición”. Para lograr ese objetivo se apuntó que es necesaria la fuerza pública.
CURICÓ. En nombre del municipio, se refirió sobre este tema el director jurídico, abogado Juan Barrera, quien recordó que desde un primer momento se inició el desarrollo de varias acciones que fueron realizadas casi de forma paralela.
“La municipalidad, con fecha 24 de febrero del año 2022, interpuso una querella criminal por el delito de usurpación de terreno y eso dio origen a una investigación por parte del Ministerio Público”, dijo.
Sobre ese punto, indicó que la PDI estuvo a cargo de las pericias investigativas y “constató que existía el delito de usurpación no violenta. La Fiscalía no ha querido continuar con la investigación a la espera de que se le aporten mayores antecedentes para poder sustentarla”.
El profesional puntualizó que, junto a esa acción judicial, el 18 de mayo del año pasado, el municipio dictó el decreto que disponía la demolición de las viviendas por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcción.
“Es un proceso complejo porque no solo requiere de disponer de la maquinaria necesaria y del personal municipal, sino que también del resguardo de quienes van a ejecutar esa demolición”, precisó.
APOYO POLICIAL
En ese sentido, Juan Barrera resaltó que para materializar ese decreto es fundamental contar con el auxilio de la fuerza pública, en este caso de Carabineros.
“Es por ese motivo que, con fecha 25 de agosto del 2022, el alcalde (a través de un oficio) solicita al delegado presidencial de Curicó pueda gestionar apoyo de Carabineros para que puedan llevarse a efecto estas demoliciones”, dijo.
El director jurídico de la Municipalidad de Curicó contó que siguen a la espera de una respuesta positiva sobre esa petición.
“Adicionalmente a eso, también tomamos contacto con el Consejo de Defensa del Estado, al cual le remitimos los antecedentes de las acciones judiciales que habíamos iniciado, y se sostuvo reunión con la abogada Claudia Urzúa, quien quedó en que esa entidad iba a evaluar la situación, hasta el día de hoy estamos a la espera de esa respuesta”, acotó.
En ese sentido, el profesional afirmó que el Consejo de Defensa del Estado podría adherirse a las acciones legales presentadas por el municipio. “O bien podría también determinar la necesidad de entablar acciones civiles respecto a los ocupantes del terreno”, indicó.
Agregó que el sitio “tomado” es de propiedad municipal y que se tienen los títulos de dominio inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Curicó y por eso se dispuso la demolición.
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