Causas. Pasarían por incertidumbre político-regulatoria, alto precio de materiales, caída de demanda inmobiliaria por dificultades crediticias hipotecarias.
TALCA. Una fuerte contracción experimentaría el próximo año la inversión en construcción, la cual, y según dio a conocer la Cámara Chilena de la Construcción, retrocedería 5,3% en comparación con el 2022, el que, a su vez, anotaría una caída de 4%.
De esta forma, aunque no de manera consecutiva, la inversión en construcción sumaría ya cinco años con cifras negativas, solo considerando el período 2016-2023.
De acuerdo a dirigentes del sector construcción, la fuerte caída de este indicador que se prevé para el próximo año se explicaría por la significativa postergación de proyectos de infraestructura productiva y, por ende, del gasto en construcción que traen aparejados, el cual retrocedería 37% en doce meses, lo que no logrará ser compensado por la inversión pública.
En esta línea, Rodrigo Vargas, presidente de la CChC Talca, enfatizó que “uno de los principales desafíos de nuestro país es elevar la inversión, particularmente la privada, que aporta cerca del 80% del PIB y del empleo. Pero desde el 2014 que la inversión viene cayendo, pese a ser clave para enfrentar las recesiones y tener un desarrollo sostenible”.
COMPLEJO ESCENARIO
Las cifras de inversión confirman el complejo escenario que enfrenta la construcción. A la incertidumbre político-regulatoria se suma el alto precio de los materiales, la caída de la demanda inmobiliaria por las mayores dificultades para acceder a un crédito hipotecario y los problemas de las empresas para conseguir financiamiento.
El presidente de la CChC regional, señaló “nosotros estamos haciendo un importante trabajo con las autoridades locales entre ellos con el Seremi Minvu y la Seremi de Transportes con quienes estamos sosteniendo diversas mesas de trabajo y nudos críticos para solucionar las distintas dificultades y trabas que se encuentra sobrellevando nuestro sector”.
A lo que agregó que “no se trata sólo de un difícil momento para las empresas del rubro, licitaciones con menos oferentes o desiertas, sino que existe un impacto potente en toda la cadena de proveedores; proyectos con múltiples problemas trabas para seguir desarrollándose; y más presión sobre el déficit habitacional y de infraestructura, entre otros”.
En esta línea destacó que “detrás de los proyectos hay personas, quienes siempre serán nuestro foco, familias que están esperando cumplir el sueño de la casa propia, que en el caso del Maule asciende aproximadamente a las 27 mil familias y trabajadores de la construcción que han visto afectadas sus plazas de trabajo. Por ellos, seguiremos trabajando para que el impacto sea el menor posible”.
PROPUESTAS
Como una manera de enfrentar este complejo escenario, desde la mesa nacional de la Cámara Chilena de la Construcción CChC plantearon seis medidas que el Estado debiera implementar “con la urgencia que esta situación demanda”, según afirmaron directivos.
Estas son, asegurar pago oportuno por servicios prestados, disminuir tiempos de recepción en las Direcciones de Obras Municipales y reponer la certeza jurídica de los permisos. Además, destrabar iniciativas de inversión en curso que enfrentan dificultades para su desarrollo o entrega final por decisiones de distintos organismos públicos.
También, aprobar un reajuste extraordinario a los contratos de obras de infraestructura pública en ejecución, afectados por el fuerte aumento del precio de los materiales; crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción (no califican para Fogape) y mejorar el actual mecanismo de reorganización judicial; avanzar en la Agenda Pro Productividad comprometida por el Gobierno. “Esta es una severa debilidad que tenemos como país y como sector”, indicó Vargas.
Y, por último, cambiar el enfoque de la reforma tributaria que se tramita en el Congreso, poniendo énfasis en fomentar la inversión y aumentar la productividad.
Este planteamiento se da justo en el momento en que una de las mayores empresas constructoras del país (Claro, Vicuña, y Valenzuela) anunció su quiebra, lo que implicará la desmovilización de 30 obras en ejecución a lo largo de Chile, la desvinculación de más de dos mil 500 personas y un impacto negativo sobre productos y servicios de más de mil 500 proveedores.
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