Escenario. Querellas puestas a disposición de la justicia, han llamado la atención pública por lo que la autoridad competente, se reunió con los querellantes para indagar más en los casos.
TALCA. Si hacemos una vuelta atrás, recordaremos los conflictos de interés en los que han estado involucradas diversas autoridades de la región, principalmente, cuatro funcionarios del Gobierno Regional, incluyendo a la gobernadora Cristina Bravo, quien aparece como imputada, aunque ella alega total inocencia.
Son alrededor de 260 millones de pesos, que le fueron otorgados a la Fundación Urbanismo Social, los que al día de hoy están retenidos judicialmente. Esto debido a los presuntos delitos de malversación de caudales público, estafa y fraude al Fisco, que por las pruebas presentadas se requirió la incautación de diversos materiales de las oficinas del Gobierno Regional, donde habrían sido requisados un computador y un celular pertenecientes a Cristina Bravo.
¿HAY DELITO?
Debido a lo expuesto anteriormente, las alarmas saltaron a nivel central y se determinó que el fiscal Eugenio Campos se trasladara al Ministerio Público del Maule, donde sostuvo diversas reuniones con el fiscal regional, Julio Contardo, y los querellantes en la causa, los diputados Jorge Guzmán y Felipe Donoso.
“Para la Fiscalía también existe la convicción de que hay un delito, y como hay un delito, lo que se está haciendo es acumular los antecedentes para saber quién cometió este delito, que calidad tienen en esta participación, por eso hay acciones dirigidas a personas específicas. Cuando se incautan un teléfono, esto no es contra cualquier persona, no es por gusto de la Fiscalía. Para incautar un teléfono se necesitan antecedentes serios y suficientes, para que el tribunal autorice esta incautación”, expresó el diputado Donoso.
Hay que precisar que la causa no ha sido formalizada, por lo que se espera una extensión de la investigación, donde se buscaría reunir más antecedentes. En ese sentido, en los próximos meses podría haber novedades en tribunales, donde el Consejo de Defensa del Estado fue notificado de la situación, por lo que también podría actuar como ente querellante.
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