A la Contraloría. Diputado Hugo Rey es uno de los parlamentarios que afirmó que hecho constituiría vulneración de derechos de los niños.
VALPARAÍSO. Los legisladores de Renovación Nacional que integran la Comisión de Educación, Hugo Rey y Marcia Raphael, junto a Carla Morales y Diego Schalper, solicitaron a la Contraloría General que instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) luego del retraso en el proceso de licitaciones vinculadas al Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación Párvulos (PAP), así como también del proceso de licitación de los denominados vales de colación correspondiente a la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES).
Para los diputados de RN esta situación “podría significar un complejo escenario de cobertura en el otorgamiento de las raciones alimenticias en los establecimientos educacionales, lo que constituiría una seria vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, indicó el diputado Hugo Rey.
Respecto de los programas PAE y PAP, se establecen que han existido tres licitaciones y que con la llegada de la nueva directora, Camila Rubio, en agosto, se han introducido cambios para hacer frente al alza de los alimentos y que sería uno de los problemas para proceder a la adjudicación y que ahora se intenta controlar el precio, generar más competencia e incorporar a compañías pequeñas.
ILEGAL Y ARBITRARIO
Producto de las condiciones de postulación de las empresas, se presentaron los antecedentes ante el Tribunal de Contratación Pública, basado en un supuesto actuar “ilegal y arbitrario” por parte de Junaeb al excluir deliberadamente a empresas de mayor tamaño y que habían sido parte de licitaciones anteriores. Así se estableció un plazo de postulación hasta el 19 de enero, lo que implicaría -para los parlamentarios- que sea difícil que se cumpla con los plazos para dar cumplimiento a la compra y distribución de las raciones.
Respecto de la beca BAES, que aumentó en cinco mil pesos, su licitación fue declarada desierta y no se ha vuelto a efectuar una nueva convocatoria.
Para el diputado Hugo Rey, lo que está sucediendo “es alarmante y merece profundos cuestionamientos que el Estado, contando con los recursos suficientes para llevar adelante los procesos de licitación, llegue al punto de precarizar las condiciones alimenticias de millones de niños, niñas y adolescentes -en especial de aquellos con menores recursos- que esperan que dicha prestación sea proveída por el Estado en el marco del programa educacional”.
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