Hecho ocurrido en el sector Dragones. Antonieta Rojas espera que las acciones legales se mantengan hasta el final y “que no sea solo el flash del momento, pero que con posterioridad abandone la autoridad”.

CURICÓ. Diversas reacciones han provocado las medidas anunciadas por la Delegación Presidencial Provincial y la Municipalidad de Curicó, para ordenar la situación de extranjeros en la comuna para evitar, por ejemplo, la “toma” de terrenos.

En contacto con diario La Prensa, la relacionadora pública de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, abogada Antonieta Rojas, afirmó que las personas que ocupan un terreno de uso público actúan fuera del marco legal.

“Lo ocurrido reviste carácter de delito y conforme a eso, lo que corresponde es hacer las denuncias y demandas pertinentes”, dijo.

LEY PAREJA

En relación al desalojo llevado a cabo a una treintena de familias en la orilla del río Guaiquillo, la profesional puntualizó que debe hacerse cumplir la ley más allá de que los involucrados sean compatriotas o extranjeros. 

“Si hay una norma en el país, todos los que se encuentran en suelo chileno deben cumplir con esa normativa. Frente a una conducta que reviste carácter de delito, lo que debe hacer la autoridad es actuar”, indicó.

Antonieta Rojas espera que las acciones legales se mantengan hasta el final y “que no sea solo el flash del momento, pero que con posterioridad abandone la autoridad”.

OCUPACIÓN

Recordemos que durante la jornada del martes, se desarrolló una intervención en el sector surponiente de Curicó, ya que cerca de 30 familias de nacionalidad extranjera estaban ocupando terrenos en la ribera del río Guaiquillo. Dicho terreno estaba siendo loteado, principalmente por inmigrantes, que eran coordinados por un curicano.

El departamento Jurídico de la Municipalidad de Curicó realizará una denuncia ante el Ministerio Público, ya que posee algunos testimonios y medios de prueba que existiría una persona tratando de “administrar” estos espacios públicos.

Según comentó el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, “tenemos registrado que ellos han amenazado con que se pueden tomar la Alameda también para distribuirla y ocuparla para vivienda. Ellos han manifestado que han pagado del orden de 50 mil pesos por las gestiones que se les dan. Nosotros queremos aportar estos antecedentes”.