“Resulta difícil comprender la decisión del Ministerio Público”, reprochó La Moneda.
El Ejecutivo insistió en que los documentos cuestionados sobre la venta de Dominga ya eran conocidos, y manifestó su “plena confianza” de que no se acreditarán delitos.
A través de una declaración pública, La Moneda rechazó la decisión del Ministerio Público de abrir de oficio una investigación penal por eventuales delitos en la compraventa del proyecto minero Dominga, vinculado al Presidente Sebastián Piñera y a su familia, alegando que los antecedentes de los “Pandora Papers” ya eran conocidos y que “nada ha cambiado” respecto a la inocencia del Mandatario.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, determinó la indagatoria a partir del informe elaborado por la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica, el que había solicitado con el fin de “verificar si los hechos ya habrían sido investigados y por lo tanto, habría recaído una decisión judicial a su respecto, que como sabemos, es la decisión de sobreseimiento definitivo” en 2017 del entonces candidato Piñera, en el marco del caso Bancard-Exalmar.
En concreto, la opinión técnica de la unidad que dirige es que “los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017, por ende, no estarían amparados por el efecto de la ‘cosa juzgada’, y por lo tanto, lo que corresponde es investigar”, sostuvo Herrera.
Una nota publicada luego por la Fiscalía precisa que “los hechos revelados en los Pandora Papers no están comprendidos entre los que fueron investigados y sobreseídos en Exalmar-Dominga, ya que apuntan a la venta en un paraíso fiscal de un proyecto minero vinculado a las empresas del Presidente, con una condición de pago vinculada a la institucionalidad ambiental”.
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Conocida la decisión, reaccionó La Moneda, a través de una declaración pública escrita, donde criticó lo resuelto por Abbott.
En ésta, reitera lo alegado esta semana por el Ejecutivo y el propio Mandatario, que “existe un pronunciamiento de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del Presidente Sebastián Piñera: nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tornada hoy por el Ministerio Público”.
Asimismo, insistió que la información publicada en los “Pandora Papers” sí fueron conocidos por la investigación que sobreseyó a Piñera el 2017.
“Los antecedentes de la venta de la participación de Minera Activa Uno en Minera Dominga, en la cual miembros de la familia del Presidente -al igual que muchos otros inversionistas- tenían una participación indirecta y no controladora, están incluidos en la carpeta de investigación, mediante correos electrónicos y del documento denominado ‘Acuerdo’, tanto en forma digital como impresa”, expone el comunicado.
En esa línea, recuerda que, en el marco de aquel proceso penal, “en la audiencia de sobreseimiento definitivo se debatió acerca de la enajenación de la participación en el proyecto Minera Dominga (…) y la resolución del Tribunal de Garantía fue apelada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual confirmó en forma unánime el sobreseimiento definitivo. Es más, dicha Corte señaló que no divisaba una expectativa razonable de que hayan ocurrido realmente delitos o que puedan ser descubiertos en el futuro”.
“Adicionalmente, el querellante dedujo un recurso de queja ante la Corte Suprema, el que fue desestimado de plano en forma unánime. Además, el tribunal condenó en costas al querellante por no haber tenido motivo plausible para litigar y por no haberse acogido ninguno de sus planteamientos”, remarca La Moneda.
“Plena confianza”
Según reveló la investigación periodística, la familia de Piñera realizó en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, la compraventa del controvertido proyecto minero Dominga a su amigo de años el empresario Carlos Alberto Délano, con una controversial cláusula para el pago de la tercera y última cuota: que el sector, en la comuna de La Higuera, donde se emplaza la iniciativa, “no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional”. La operación se selló a fines del 2010, en el primer Gobierno del actual Mandatario.
En la declaración pública, el Ejecutivo repite, “en forma clara y categórica”, tres hechos “esenciales”: primero, “como es de público conocimiento, desde el año 2009, antes de asumir su primera Presidencia, el Presidente se desligó total y absolutamente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa”.
“Además, en forma voluntaria, porque no existía ley que lo exigiera, y antes de asumir su primera presidencia, el Presidente constituyó Fideicomisos Ciegos para la administración de los activos financieros su familia. Y antes de asumir su segunda presidencia también constituyó Fideicomisos Ciegos en cumplimiento de la ley que en esa época ya estaba en vigencia”, refuerza.
“Segundo, el Presidente Piñera no tiene ni nunca ha tenido participación alguna en la gestión de la sociedad que vendió, ni en la venta de Minera Dominga. Y tercero, el Presidente Piñera no ha ejecutado acción, ni hecho gestión alguna, en su carácter de Presidente, ni en su primer ni en su segundo Gobierno, en relación a Minera Dominga”, complementa.
“Por estas razones, discrepamos con lo señalado por la Fiscalía, en orden a que la venta de Minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida por la Fiscalía, por el Juez de Garantía y por la Corte de Apelaciones, los cuales decretaron el sobreseimiento definitivo y la inocencia del Presidente Piñera”, enfatiza.
Por todo ello, “tenemos plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la Justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del Presidente Piñera”, concluye el escrito.
Previamente, desde la Fiscalía, Marta Herrera, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica, planteó este viernes que “los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho, con su correlato de soborno, y eventuales delitos tributarios; materias que, en definitiva, serán todas objeto de una investigación”.
Debido a la “complejidad y gravedad de los hechos investigados”, Abbott determinó que la indagatoria esté a cargo la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien el 21 de junio interrogó al Mandatario en el marco de las causas por violaciones a derechos humanos en medio del estallido social.
En paralelo, Piñera afrontará una acusación constitucional en el Congreso por “infringir al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la patria”, que será presentada la próxima semana por la oposición.
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