Propuesta. Uno de los autores de la iniciativa, el diputado independiente Pablo Prieto, explicó que la iniciativa legal también sanciona con fuerza y mayor rigurosidad el uso de menores en la comisión de delitos.
VALPARAÍSO. En condiciones de pasar a su segundo trámite legislativo, luego de su aprobación por parte de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, quedó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Al respecto, uno de los autores de la iniciativa legal, el diputado independiente Pablo Prieto, argumentó que “esta es una iniciativa muy necesaria, en el sentido que busca castigar mas severamente el uso de menores de edad para cometer delitos; los avances en materia de decomiso y lo relacionado con limitar el sustento de bienes y dinero de los narcotraficantes; el autorizar el cultivo de cannabis por razones medicinales; el poner barreras para la penetración en la política; y el presentar como inhabilidad la dependencia de las drogas para las autoridades del país”.
“Me parece que estamos frente a una propuesta sólida, que además establece una inhabilidad para las principales autoridades del país que les impide ejercer su cargo si presentan dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”, argumentó el parlamentario.
DETALLE
En razón de lo anterior, quedan afectos a la norma: el Presidente de la República, los ministros de Estado y los subsecretarios; los diputados y senadores; los delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales; los gobernadores regionales y consejeros regionales; los alcaldes y concejales; los integrantes del Tribunal Constitucional; el fiscal nacional, así como los fiscales regionales y adjuntos; los consejeros o directivos superiores del Banco Central; y los jueces y miembros del escalafón primario del Poder Judicial.
Asimismo, el proyecto permite el destino provisorio de bienes muebles e inmuebles incautados de los delitos que considera la Ley de Drogas, a una institución del Estado o a una institución privada sin fines de lucro, que tenga como objetivo la prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción o el control o del tráfico ilegal de estupefacientes.
Finalmente, el diputado Pablo Prieto subrayó la importancia de despachar este proyecto al Senado a su segundo trámite, ya que según dijo “acá se busca atacar de frente el narcotráfico y su consumo, además de la comisión de delitos por parte de menores de edad, una deuda pendiente con nuestro país”.
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