Medida ordenada por el Tribunal. Se debe esperar la resolución de la Corte Suprema.
CURICÓ. El pasado 17 de mayo, la Municipalidad de Curicó informó a los ocupantes ilegales de la denominada toma de “Puerto Príncipe”, en el sector de Dragones Sur, que tenían un plazo de 30 días para abandonar el terreno de forma voluntaria y pacífica. Aunque el plazo se cumplió el 15 de junio, el Municipio deberá esperar a que la Corte Suprema resuelva un recurso de apelación presentado a favor de algunas personas. A esto se suman las malas condiciones climáticas que no permiten proceder con la sentencia judicial, según informó el director Jurídico del Municipio, Juan Barrera.
PLAZO CUMPLIDO
En este contexto, el abogado señaló que, como Municipalidad, previo al desalojo judicial y con el fin de informar a los vecinos de ese sector, se instalaron tres letreros indicando que debían devolver el terreno de manera voluntaria.
“La primera instancia fue promover un desalojo pacífico y voluntario para evitar el desalojo judicial con auxilio de la fuerza pública. Se les otorgó un plazo de treinta días a los ocupantes ilegales, plazo que se cumplió. En estricto rigor, lo que correspondería sería pasar a la segunda etapa, que es dar curso al desalojo judicial propiamente tal, lo que implica la intervención de un ministro de fe, como sería un receptor judicial asesorado y apoyado por las policías”, explicó.
Certeza jurídica
Juan Barrera agregó que el desalojo ordenado por el tribunal se encuentra postergado, ya que se interpuso un recurso de protección a favor de algunas familias ante la Corte de Apelaciones de Talca, el que fue declarado no admisible. Por esta razón, se recurrió a la Corte Suprema.
“Hemos tenido que postergar el desalojo debido al recurso de protección interpuesto a favor de algunos ocupantes y sus familias. Actualmente, el caso se encuentra en tramitación ante la Corte Suprema, motivo por el cual, con el fin de tener certeza jurídica respecto a esta materia, hemos estimado prudente dar curso al desalojo judicial una vez que haya concluido la tramitación de este recurso”, dijo.
MALAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
El director Jurídico agregó que, además de la acción judicial pendiente, las malas condiciones climáticas no permiten el desalojo, para no poner en riesgo a las familias que se encuentran ilegalmente en el terreno municipal.
“Además de la arista judicial pendiente, las intensas lluvias que han afectado a la provincia de Curicó hacen aconsejable esperar condiciones climáticas propicias para que esta medida, que implica el cumplimiento de una resolución judicial, se realice de la mejor forma posible, sin poner en riesgo a las familias que ocupan ilegalmente el terreno ni a los menores de edad que puedan estar viviendo en este sector”, comentó Barrera.
Cabe recordar que se trata de un terreno municipal que desde 2022 ha sido utilizado ilegalmente con fines habitacionales, en su mayoría por personas extranjeras y sin contar con las autorizaciones respectivas. La situación ha generado molestias a los vecinos del sector Dragones Sur, quienes desde entonces han visto afectada su calidad de vida.
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