Argumento. José Luis Craig indicó que se está abusando de dicha medida cautelar, donde todos los actores del sistema, de alguna u otra forma, tienen un grado de responsabilidad.
TALCA. El defensor regional, José Luis Craig, señaló que uno de los errores de la Reforma Procesal Penal, a veinte años de su implementación en el Maule, ha sido el abuso de la prisión preventiva como medida cautelar.
En tal sentido, argumentó que un alto porcentaje de personas que estuvieron privadas de libertad, después fueron condenadas a una pena extra carcelaria, absueltas o no recibieron sanción.
Se han cumplido 20 años de la Reforma Procesal Penal (RPP) en la Región del Maule. ¿Era necesario hacer esa transformación en el sistema judicial?
“El cambio era muy necesario y hemos ido cumpliendo todos los objetivos que se le podían pedir a la RPP. Hubo expectativas en la gente que, tal vez, se crearon por no entender un poco el rol del sistema procesal en sí, que iban por el lado que la reforma iba a disminuir el delito y, eventualmente, hacer más segura la sociedad chilena y eso es no entender cuándo opera el sistema procesal penal.
El sistema opera cuando el delito ya se cometió; nosotros no tenemos un rol preventivo; ya que eso recae en otros organismos, esencialmente las policías y el Ministerio del Interior, pero no el Ministerio Público, que tiene que investigar los delitos ya producidos; la Defensoría, que defiende a las personas que están siendo acusadas por un delito ya producido, y los Tribunales, que tienen que juzgar a una persona que ya cometió un delito. Nunca, un sistema procesal va a servir para prevenir los delitos, lo que sí podemos hacer es que los delitos se resuelvan más rápidamente y eso, efectivamente, el nuevo sistema procesal penal lo ha cumplido, porque los tiempos promedios de demora de los juicios en el sistema antiguo iban de dos a tres años y ahora no pasan de los seis meses.
Naturalmente, hay delitos más complejos que demoran más tiempo, como casos del estallido social, donde hay personas que ya llevan dos años privadas de libertad, pero esa es la excepción y no la regla; es decir, el proceso penal en Chile, desde hace veinte años a la fecha (en el Maule), es mucho más rápido. También, es más transparente; ya no existe el secreto del sumario, las audiencias son públicas, y eso no pasaba antes, la justicia funcionaba entre cuatro paredes, los ciudadanos poco se enteraban de cómo actuaban los jueces y las policías. Ahora, todos conocen a los fiscales y a los defensores y a los jueces los ven resolviendo y eso es muy importante para la transparencia y la legitimidad del sistema”.
PRISIÓN PREVENTIVA
¿Hay cosas por corregir?
“Naturalmente como toda obra humana, es perfectible y tiene errores, entre ellos, que se somete a prisión preventiva a muchas personas que, en definitiva, no son sancionadas y no se descubre a los hechores de los delitos”.
¿Se abusa de la prisión preventiva?
“No solo lo cree así la Defensoría Penal Pública, sino también he escuchado al propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ha señalado que se están buscando los medios para evitar el abuso del uso de la prisión preventiva y en eso todos tenemos responsabilidad: los fiscales que la piden, los jueces que la conceden y, tal vez, nosotros los defensores, que no nos oponemos con la suficiente fuerza para que no la concedan.
El mismo ministro de Justicia señaló hace algunos días que, más o menos, el 40% de las prisiones preventivas que se decretan en Chile son innecesarias y eso los números lo ratifican. En nuestra última cuenta pública, vimos que aproximadamente un 40% de las personas privadas de libertad durante el año pasado en la Región del Maule fueron condenadas a penas en libertad, es decir, no necesariamente tenían que haber estado presas, o derechamente fueron absueltas o no condenadas.
Entonces, eso implica que se está haciendo un mal uso de la cautelar de prisión preventiva y estamos retrocediendo números que fuimos capaces de mejorar, en el sentido que las personas que están en las cárceles debieran ya estar con una certeza que son autores de un delito y que están condenadas por un Tribunal de la República.
Antes de la reforma, había más o menos un 40% de esas personas que estaban esperando un proceso y solo un 60% estaba condenado. Nosotros dimos vuelta esos números y llegamos a estar en un 26% de personas que estaban esperando el juicio. Ahora, lamentablemente, en estos últimos años nos estamos acercando a las cifras pre reforma procesal penal, lo que es una mala noticia, y estamos llegando a cerca del 30% de personas en las cárceles que todavía no son objeto de un juicio y eso no es correcto”.
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