Fue interpuesta por municipio curicano y afecta a CORE en ejercicio Roberto García.
POR JUAN SEBASTIÁN COFRÉ FLORES
CURICÓ. En la acción legal se acusa del, presunto, delito de fraude al Fisco a Roberto García Parra, quien se desempeñó como administrador del Cementerio de la Municipalidad de la “Ciudad de las Tortas”, desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2024, fecha en que se puso término a su contrato de trabajo con la llegada de la nueva administración, la cual recibió múltiples denuncias vinculadas al consejero regional.
En la querella, se expone que, en ejercicio de dicho cargo, “el querellado, actuando como funcionario municipal y abusando de las atribuciones inherentes a su función, intervino ilícitamente en la provisión de servicios mortuorios, actividad que es de titularidad y competencia exclusiva de la entidad pública a la cual pertenecía en calidad de director”.
El documento agrega que Roberto García habría desviado a usuarios y contribuyentes hacía una vía de atención privada e informal. “Percibió directamente pagos particulares, sin registrarlos en los sistemas oficiales. Eludió deliberadamente el ingreso de dichos montos al patrimonio fiscal. Engañó a los particulares, haciéndoles creer que el pago correspondía a tarifas institucionales, y privó a la Ilustre Municipalidad de Curicó del ingreso legítimo que, conforme a derecho, debía ser recaudado, configurándose un perjuicio patrimonial directo, ya sea en modalidad efectiva o eventual”.
“MODUS OPERANDI”
Según la acción judicial, el otrora administrador del Cementerio Municipal de Curicó se aprovechó de su cargo y habría ejecutado engaños, omisión de controles, manipulación de información y un actuar sin supervisión inmediata.
“Su modus operandi consistía en contactar personalmente a familiares que requerían servicios de inhumación, aprovechándose de situaciones de especial vulnerabilidad emocional. Los citaba directamente a su oficina, eludiendo los protocolos institucionales de información y registro y, una vez reunido con ellos, ofrecía nichos y servicios de inhumación por plazos y valores completamente ajenos a los establecidos oficialmente”.
En el documento, se afirma que Roberto García “ofrecía nichos por cinco a veinte años y reubicaciones de terrenos, recibiendo pagos en dinero en efectivo que quedaban en su poder personal sin registro contable alguno. Cuando excepcionalmente realizaba inscripciones, estas no reflejaban los plazos prometidos, siendo reducidas a periodos mínimos que en ocasiones no superaban los tres meses”.
Se argumenta, que el querellado además cobraba valores muy superiores a los aranceles oficiales e incluso ofrecía nichos perpetuos, figura improcedente o inexistente en los términos que él presentaba. “Luego de consumada la operación, y aparentando un gesto de empatía hacia las familias, simulaba entregar aportes económicos personales, cuando en realidad solo devolvía una fracción del dinero previamente cobrado, conservando el remanente para sí”.
