Si bien ya se instaló una mesa de trabajo, donde precisamente se generó un plan de intervención, en tal instancia no participaron todas las empresas de telecomunicaciones.
En tal contexto, se espera llevar a cabo una nueva reunión, a fin de que se sumen las que anteriormente no asistieron.
POR CARLOS ARIAS MORA,
FOTOS RICARDO WEBER FUENTES
CURICÓ. Durante el desarrollo de la hora de incidentes de la más reciente sesión del concejo municipal, la edil María Pilar Contardo abordó la entrada en vigencia del reglamento de la denominada ley “Chao Cables”. “Desde el 2019 que había sido publicada y ahora se puede hacer efectiva”, dijo, recalcando que los Municipios cumplirán con un rol “que no es menor”.
“Tenemos por un lado la misión de levantar la información y por otro exigir a las empresas un plan de retiro, que no puede exceder los 12 meses (…) y el Municipio es el encargado, junto con otras entidades, de fiscalizar que ese plan se cumpla”, acotó.
En tal contexto, la concejala Contardo solicitó poder conocer “la estrategia”, la “carta de navegación” que realizará el Municipio para implementar y ejecutar dicha ley, necesaria “no solo por estética, sino que también por seguridad”.
RESPUESTA
La respuesta a la inquietud planteada por la concejala corrió por cuenta del administrador de la Municipalidad de Curicó, Marcelo Fernández. Recordó que, a fines de junio pasado, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, visitó la “Ciudad de las Tortas”, a fin de participar en una mesa de trabajo, donde precisamente se generó un plan de intervención. Allí se acordó que el retiro de cables en desuso comenzará en la zona céntrica, instancia en la que participaron representantes de algunas empresas de telecomunicaciones. Lo que ahora viene, dijo, es llevar a cabo una nueva reunión, a la que deberían asistir representantes de las otras empresas que no acudieron a la primera cita.
La idea además es coordinar con la Dirección de Seguridad Pública y Carabineros respecto, por ejemplo, a cortes de calle por la ejecución de los respectivos trabajos, los cuales deberían comenzar “dentro del mes de noviembre”.
OBLIGACIÓN LEGAL
La puesta en marcha de esta normativa implica que, por primera vez, las empresas tendrán la obligación legal de hacerse cargo de sus redes en desuso y no podrán dejarlas abandonadas en el espacio público, lo que permitirá no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir riesgos de incendios, cortes eléctricos y accidentes peatonales.
Si bien, en cuanto a los plazos de ejecución, cada plan tendrá una duración de hasta 12 meses desde su aprobación, según lo manifestado por el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, conseguir “ordenar las ciudades” y que “se mantengan” en tal condición, debería ser un trabajo que perfectamente requerirá de “dos a tres años”. “Después va a ser recurrente mantener ordenado todo”, añadió.
